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La jueza que investiga las ilegalidades urbanísticas en el Serrallo abre juicio oral

La gestión del PP acaba en el banquillo y compromete a la mayoría de sus ediles

Política - M.A. - Miércoles, 23 de Mayo de 2018
Los partidos piden al PP que asuma responsabilidades políticas y cese a los concejales aún en activo, pero los populares no van a pedir su dimisión y han optado por censurar la actuación de la jueza.
Las ilegalidades urbanísticas en el Serrallo sentarán en el banquillo a Torres Hurtado y nueve de sus ediles.
P.V.M.
Las ilegalidades urbanísticas en el Serrallo sentarán en el banquillo a Torres Hurtado y nueve de sus ediles.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y nueve de los concejales que le acompañaron en sus gobiernos se sentarán en el banquillo de los acusados, junto al promotor Roberto García Arrabal y destacados funcionarios del área de Urbanismo, para responder por las ilegalidades urbanísticas en el Serrallo. Ese juicio deberá determinar si se cometieron presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, cohecho y falsedad documental.   

En total son diecisiete las personas que irán a juicio, según el auto dictado este lunes 21 de mayo por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María de los Ángeles Jiménez, la misma encargada de la investigación de la presunta trama urbanística destapada por la operación Nazarí. 

La gravedad de los delitos que serán juzgados pone en entredicho los 13 años de gestión del PP y compromete, a un año de las Elecciones Municipales, a la mayoría de su grupo municipal, al estar seis de sus integrantes encausados. El PP seguía aferrándose este martes a que la Fiscalía -como hizo el Ayuntamiento- no los acusó

Pese a la comprometida situación, y a que el propio presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ya dijo que si se llegaba a juicio el partido los expulsaría, la dirección provincial no pedirá su dimisión. Lo anunció su secretario general, Pablo García, en una nota en la que una vez más el PP granadino obvió a Torres Hurtado y a la que fuera responsable de Urbanismo Isabel Nieto, mientras apelaba a la inocencia de los ediles en activo.

La dirección del partido que gobernó durante más de una década en Granada trata de esta manera de distanciarse de la que, quiera o no, fue su gestión, y con Sebastián Pérez, presidente provincial y ya candidato a la Alcaldía de la capital, como teniente de alcalde. No ha habido hasta el momento autocrítica respecto a los graves delitos investigados.





En la imagen de arriba, José Torres Hurtado seguido por Telesfora Ruiz y Francisco Ledesma el día que presentó su dimisión. En la de abajo, Sebastián Pérez flanqueado por Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma, cuando todavía era corporativo del Ayuntamiento de Granada. Fotos: M.Rodríguez

En su estrategia, que no parece ir en la línea de lo manifestado por Moreno, el PP de Granada optó este martes por poner en entredicho la actuación de la jueza, cuestionando que hubiera abierto juicio oral contra sus ediles a pesar de que la Fiscalía no los acusa y de que quedarían por resolver -según los populares- recursos de estos concejales. En palabras de García, la decisión tomada por la magistrada puede ser "lesiva" para la presunción de inocencia de sus concejales, que insiste en proclamar. 

El auto fue recibido de manera muy distinta por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada y por el PSOE. Socialistas, Izquierda Unida y Vamos Granada reclamaron la dimisión inmediata de los seis ediles que forman parte del grupo municipal -Juan Antonio Fuentes, Fernando Egea, Juan García Montero, Francisco Ledesma, María Francés y Telesfora Ruiz- y exigieron responsabilidades políticas a Sebastián Pérez. Ciudadanos repartió culpas, recordando que el alcalde socialista está investigado por su etapa en la Junta, alusión que tampoco dejó pasar Vamos Granada, equiparando esa investigación al encausamiento de los ediles del PP. 

Los frentes judiciales se le han multiplicado al PP, y no solo en el terreno urbanístico

El caso Serrallo, en el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Torres Hurtado y Nieto, es el primero en llegar a juicio, pero los frentes judiciales se le han multiplicado al PP. No solo en el terreno urbanístico. Por un lado, la investigación de la mayor trama de presunta corrupción sigue adelante. Se trata del caso Nazarí, donde se ahonda en el supuesto trato de favor que el PP dispensó a constructores. Algunos de los encausados en el Serrallo figuran también en el Nazarí, que amplía la nómina de investigados con otros empresarios y altos funcionarios. Por otro, están en marcha el caso Emucesa, por los contratos fantasma a personas afines al PP en esa empresa, que cobraron pero no fueron a trabajar a las dependencias de la misma, y el de las facturas de TG7

Los cargos públicos, funcionarios y empresario que se sentarán en el banquillo:

  • José Torres Hurtado, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
  • Isabel Nieto, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y prevaricación urbanística.
  • Roberto García Arrabal, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
  • Manuel Lorente, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y cohecho.
  • Agustín Belda, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.
  • Emilio Martín Herrera, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
  • Gaspar Navarro, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
  • María Paz Spínola, por presuntos delitos de: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y encubrimiento en relación con el delito de fraude en la contratación. 
  • Telesfora Ruiz, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística. 
  • Juan Antonio Fuentes, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • María Francés, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Juan Antonio Mérida, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Juan García Montero, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Francisco Ledesma, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Fernando Egea, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Vicente Aguilera, por presuntos delitos de: fraude en la contratación, prevaricación común y prevaricación urbanística.
  • Francisco de Paula Aguilera, por presuntos delitos de: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, prevaricación común y encubrimiento en relación con el delito de fraude en la contratación.

Todos ellos, como indica la jueza en el auto de apertura de juicio oral consultado por El Independiente de Granada y contra el que no cabe recurso, deberán hacer frente de manera solidaria a una fianza de 2 millones de euros para asegurar las responsabilidades que se puedan derivar. De no prestarla se les embargarían sus bienes. 

Más información sobre el caso Serrallo:

Las reacciones tras el auto de apertura de juicio oral: