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Pide la demolición de las edificaciones ilegales en el Serrallo y fija la responsabilidad civil en 306.000 euros

Fiscalía: Los acusados del caso Serrallo actuaron con "absoluto desprecio" a las leyes

Política - M.Andrade - Sábado, 28 de Abril de 2018
El exalcalde José Torres Hurtado y la que fuera su concejala de Urbanismo Isabel Nieto se enfrentan a una petición de un total de ocho años de cárcel por el caso Serrallo. Así lo pide la Fiscalía en un demoledor escrito de acusación en el que detalla cómo supuestamente beneficiaron, con ayuda de seis destacados funcionarios municipales, al promotor de la operación. El Ministerio Público no acusa a los concejales del PP que votaron a favor de la operación en Junta de Gobierno porque, aunque su conducta fue "poco diligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales", pudieron "no ser conscientes de la vulneración de la legalidad" al habérseles ocultado información. El Independiente de Granada ha tenido acceso al escrito de acusación, que analizamos.

José Torres Hurtado e Isabel Nieto el día que presentaron su dimisión. m.rodríguez

El duro escrito de acusación formulado por la Fiscalía Provincial en el caso Serrallo detalla, a lo largo de 56 páginas, la manera en la que supuestamente el exalcalde José Torres Hurtado e Isabel Nieto al frente de Urbanismo, de común acuerdo con cinco destacados funcionarios del área y también con la participación del interventor, dispensaron un trato de favor al empresario Roberto García Arrabal con la concesión del parque infantil en el que se acabó levantando una discoteca y otros negocios que beneficiaron al promotor "con un grave perjuicio a los intereses del municipio y de los ciudadanos". 

Un perjuicio económico que se cifra en 306.932,87 euros. Esa es la cantidad que la Fiscalía plantea para que los acusados paguen, en concepto de indemnización, al Ayuntamiento de Granada. Se corresponde con lo que el promotor debió abonar por los aprovechamientos urbanísticos y por las obras de urbanización que no ejecutó. Para garantizar que se hace frente a la responsabilidad civil, solicita las medidas cautelares necesarias, pidiendo que se informe sobre la situación económica de los acusados y sus bienes. 

La Fiscalía solicita además que se restituya la legalidad urbanística, con la demolición de todas las edificaciones que se levantaron ilegalmente. 

Los hechos que pormenoriza en su escrito de acusación son constitutivos de: delito continuado contra la ordenación del territorio; delito continuado de prevaricación urbanística; delito continuado de prevaricación común; delito de fraude en la contratación; delito de tráfico de influencias; delito de encubrimiento.

Vista del centro comercial Serrallo Plaza y las edificaciones anejas. p.v.m.

"Los acusados (...) puestos en común acuerdo, guiados de ánimo de beneficiar económicamente, al también acusado, Roberto García Arrabal y a sus empresas, con absoluto desprecio al ordenamiento jurídico, tanto sustantivo como procesal, fueron sorteando la legalidad, para el logro del fin propuesto".
"De forma consciente y voluntaria, vulneraron tanto la normativa urbanística, como la que establece el régimen jurídico de los Bienes de Dominio Público y la legislación de contratos de las Administraciones Públicas así como el procedimiento legalmente establecido para la tramitación y aprobación de los pertinentes expedientes municipales, encomendando los mismos a servicios sin competencia para ello y excluyéndolos de su cauce jurídico normal, de tal modo que puede afirmarse que no hay sumisión a la ley de los funcionarios municipales sino lo contrario, la búsqueda torticera de preceptos, no aplicables a la actuación administrativa, para la obtención del fin propuesto. Todo ello con el olvido del deber legal que incumbe a los funcionarios públicos y autoridades de velar por los intereses públicos que gestionan, siendo así que, en esta actuación urbanística, los actos de los acusados pertenecientes al Área de Urbanismo del Consistorio están sistemáticamente encaminados a beneficiar a García Arrabal y a las demás empresas que concurrieron a la explotación de los negocios ilegalmente implantados". 

Así se expresa literalmente la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, dejando claro que las modificaciones para beneficiar al empresario se hicieron "con el conocimiento y consentimiento del entonces alcalde, José Torres Hurtado".

De los supuestos delitos que se han investigado en este caso y que deberán llegar ahora a juicio, la fiscal Sara Muñoz Cobo ve responsables al exalcalde, la exedil de Urbanismo, los funcionarios Manuel Lorente, Agustín Belda, Gaspar Navarro, María Paz Spínola, Emilio Martín Herrera y también al interventor Francisco de Paula Aguilera.

Una conducta "poco diligente", pero sin ser conscientes de "la vulneración de la legalidad"

La Fiscalía no acusa a los concejales del PP que votaron a favor de la operación urbanística investigada en Junta de Gobierno. Se trata de los ediles Juan Antonio Fuentes, María Francés, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea y Francisco Ledesma, todos en el actual grupo municipal popular; el exconcejal Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera -ahora en el Ayuntamiento de Ogíjares.

Para la fiscal, aunque su conducta fue "poco diligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales", estos "pudieron no ser conscientes de la vulneración de la legalidad". Lo justifica en que les fue ocultada "deliberadamente" una parte del informe que llegó a Junta de Gobierno -en concreto la posibilidad de instalar una discoteca- y también en los "términos confusos del acuerdo".

El Ayuntamiento tampoco formuló acusación contra estos ediles, a los que la jueza investigó y decidió procesar recordándoles que su deber era conocer lo que votaban y rechazando, como manifestaron en sus declaraciones, que desconocían los pormenores de lo que votaban y que, en todo caso, confiaban en lo que presentaba Urbanismo con sus informes técnicos.

Fuentes y Ledesma a la salida de una de sus declaraciones por el caso Serrallo. indegranada

"Con el conocimiento y consentimiento del entonces alcalde"

El concurso público para la construcción y explotación del parque infantil se adjudicó en 2006. A partir de la ejecución de la concesión, que no se hizo hasta estar construido el centro comercial Serrallo Plaza, esta "se fue modificando sucesivamente, incorporando varias edificaciones sin licencia". En concreto para la instalación de una sala de fiestas y otros negocios. 

Para ello, a lo largo de la tramitación, se elaboraron informes favorables a pesar de que sus autores eran conocedores de que lo planteado no podía autorizarse legalmente. En su manera de proceder, también se ha detectado que alguno de ellos, cita por ejemplo a Manuel Lorente, elabora y firma un informe favorable "apropiándose" de un expediente que correspondía a otro departamento al suyo. 

Explica por ejemplo que Isabel Nieto "dio vía libre a la sala de fiestas iniciando la licencia de instalación y apertura con pleno conocimiento de la ilicitud del uso a implantar y de la ilegalidad de la solicitud de la empresa que no era la concesionaria ni había contratado con el Consistorio, ajena por completo al contrato de gestión de servicio público -Upper Club SL-".

En el relato de cómo se concertaron supuestamente para favorecer al empresario, la fiscal señala además de que se atribuyeran competencias a servicios que no lo eran para hacer determinados informes, buscando siempre la decisión favorable, el hecho de que se asumieran compentencias de la Junta de Andalucía en cuanto a la interpretación del PGOU. 

Actuaciones supuestamente ilegales que se realizaron, como indica en otro punto del escrito de acusación referido a los cambios de uso en estos terrenos, "con el conocimiento y consentimiento del entonces alcalde, José Torres Hurtado, que era plenamente conocedor, por su condición de presidente de la Mesa de Contratación y haber intervenido en la celebración del contrato de concesión administrativa, que el contrato de gestión de servicio público impedía el cambio de de usos así como el cambio de horarios que se pretendía y por supuesto la implantación de negocios de sala de fiestas y de restauración".

"El acusado Torres Hurtado tenía plenamente conocimiento de la desnaturalización del contrato de concesión y de los usos ilegales implantados en los espacios libres, a pesar de lo cual, no solo omitió cualquier actuación que impidiera las construcciones ilegales sino que, de hecho, actuó  para que se consolidara la actuación por cuanto que existía un común acuerdo entre todos los acusados".
En todo este proceso, en el que "las relaciones personales e intereses de los referidos acusados con Roberto García Arrabal y sus empresas fueron determinantes para el trato de favor dispensado", citando por ejemplo "la fuerte vinculación" de Lorente con el entramado empresarial de Arrabal, un informe alertando de las irregularidades firmado por el funcionario Jacobo de la Rosa -clave en las investigaciones que han puesto al descubierto la presunta trama urbanística en Granada- trastoca los planes que se estaban llevando a cabo. 

En ese momento, "los acusados Torres Hurtado e Isabel Nieto, a fin de evitar que se pudieran frustrar los planes lucrativos de García Arrabal y sus empresas, acordaron encargar contrainformes" al de De la Rosa. Para obtenerlos, "acusados como Lorente se valieron de las influencias derivadas de sus cargos". 

"En definitiva, los acusados, expertos en Urbanismo, utilizaron deliberadamente sus conocimientos para conseguir un resultado prohibido por la ley y al servicio del incremento del aprovechamiento lucrativo por parte de Arrabal y sus empresas, buscando siempre las interpretaciones más favorables a dicho fin  con olvido total de los intereses de los ciudadanos, que quedan permanentemente relegados y sometidos a la voluntad particular y al enriquecimiento privado".

Consulta en el siguiente enlace los delitos que se atribuyen a cada acusado y las penas que la Fiscalía pide para cada uno de ellos: