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Protesta, en octubre pasado, ante la Consejería de Fomento y Vivienda. eduardo briones/EP archivo

El Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a intervenir de oficio por la deficiente gestión que está llevando a cabo la Junta del Bono del Alquiler. Es la segunda actuación del Defensor en relación con la convocatoria y resolución de estas ayudas, sufragadas por el Gobierno de España pero que tramita la Junta de Andalucía. En esta ocasión reclama a la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio información "lo más detallada posible" sobre el procedimiento, en el que aprecia falta de transparencia, y le urge a que dé "una pronta" resolución a la convocatoria. 

El caos en la tramitación por parte de la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio ha sido tal que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en dos ocasiones, ha tenido que reconocer en el Parlamento el fracaso. Lo hizo hace unos días en el debate sobre el estado de la comunidad y, un mes antes, también en la Cámara, afirmó que había pedido responsabilidades a quien se había equivocado. 

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Rocío Díaz junto a Juan Manuel Moreno, Antonio Repullo y Toni Martín. joaquín corchero/Ep archivo

La primera intervención del Defensor se hizo el pasado año, con Marifrán Carazo como consejera. Entonces fue por el retraso en sacar la convocatoria de las ayudas. Unos días después de la queja de oficio, como detalla la propia institución, la Consejería de Fomento publicó la convocatoria. Durante la tramitación de esa primera queja se detectaron "una serie de hechos que parecían estar limitando la esfera de los derechos de los jóvenes andaluces". Entre ellos, el carácter obligatorio del uso de medios electrónicos para solicitarla. 

Al retraso de la convocatoria se sumó el colapso de la web a través de la que se tramitaban las solicitudes

A todo esto se unieron los fallos en la web, que se colapsó, cerrándose a los tres días de la apertura. Como entonces recordó la Oficina que dirige Jesús Maeztu, era previsible ese colapso teniendo en cuenta la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE recogía que en 2021 había alrededor de 770.00 personas ocupadas en Andalucía menores de 35 años, junto con "los altos precios de alquiler" y que según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía el salario medio andaluz es de 15.943 euros y en caso de los menores de 30 años se reduce a 8.807 euros, y que las personas interesadas iban a tratar de solicitar las ayudas en los primeras horas de conexión para tratar de conseguir las 14.000 ayudas convocadas. 

En ese momento, el Defensor envío unas sugerencias a la Consejería para "mejorar la tramitación". Fueron aceptadas, aunque las justificaciones que hizo la Junta a esas sugerencias causaron "perplejidad" a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. La que más, una que vuelve a reproducir en el escrito de apertura de su nueva intervención: "La situación económica de los jóvenes independientemente de la de sus familiares, como por otra parte se pretende, es muy similar, por lo que de inicio no parece oportuno situar a los propios jóvenes a competir con otros jóvenes, razón por la que se ha considerado la concurrencia no competitiva la fórmula mas adecuada". 

La brecha digital ha sido motivo de preocupación para el Defensor, que constató problemas de personas que carecían de medios o que directamente son 'analfabetas digitales' para poder tramitar sus solicitudes de manera digital

En su resolución, la institución había expresado sus dudas sobre el régimen de concurrencia no competitiva, lo que a su juicio añadía "inequidad" al procedimiento. Una "desigualdad" tanto por la "aletoriedad" para acceder al sistema como por la "brecha digital". Recogió entonces el siguiente ejemplo: "Una trabajadora social del Ayuntamiento de Granada nos decía que había solicitado cita en la Delegación Territorial correspondiente para que prestaran apoyo a personas 'analfabetas digitales' en la solicitud del Bono Alquiler Joven y sólo les habían apoyado en la tramitación del certificado digital, indicando que 'si carecen de medios telemáticos busquen una gestoría privada', contraviniendo el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece el derecho de la ciudadanía a ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Ante esta situación, el día 14 ella misma había intentado ayudar a sus usuarios a realizar el trámite, sin éxito debido al colapso del sistema. En la misma línea se ha dirigido a esta institución la asociación Granada Acoge".

En ese momento la Junta también aseguró que iba a facilitar la gestión de las solicitudes y que iba a requerir documentación para subsanar la documentación. 

Pero un año después, "se han seguido recibiendo quejas", que recogen testimonios "que pudieran afectar a la normal tramitación de estas solicitudes".

Algunos solicitantes se han quejado de que se haya publicado una resolución definitiva favorable cuando hay solicitantes que siguen sin tener noticias respecto a su situación, al no aparecer en los listados

"Personas que nos narran que sus expedientes han dejado de estar disponibles para consulta en la web de la Consejería, sin haber recibido ningún requerimiento de subsanación que pudiera sustentar carencia de documentos o listados que se han publicado de expedientes en 'situación de Propuesta de Resolución Definitiva Favorable'; y que han provocado un agravio comparativo con respecto al número de solicitantes que siguen sin tener noticias respecto a su situación al no aparecer en el citado listado. Situaciones de inseguridad propiciadas por la falta de información sobre el orden establecido de esta relación de personas, o sobre los criterios que han sido utilizado para su elaboración", expone en la nueva actuación de oficio el Defensor del Pueblo Andaluz.

En este momento "se desconoce las personas que han sido privadas de acceso a la convocatoria tras el cierre de la web, tampoco se dispone de datos fiables sobre cómo se está desarrollando la tramitación del Bono Joven Andalucía en cada una de las delegaciones territoriales, en qué fase del procedimiento administrativo se pudieran encontrar la mayoría de las personas que presentaron su solicitud, qué factores están condicionado la parálisis que parece afectar a esta cuestión, y cuáles son las provincias que pudieran presentar dilaciones mas acusadas".

Teniendo en cuenta que la orden de la convocatoria fijó el silencio administrativo, transcurridos seis meses, como desestimatorio, el Defensor considera que "se hace necesario conocer y valorar las previsiones administrativas sobre este tema, con el único objeto de garantizar los derechos de los jóvenes que presentaron su solicitud y siguen sin tener noticias de la Administración habiendo pasado sobradamente el tiempo señalado por la norma".

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Rocío Díaz en una comparecencia en el Parlamento. junta de andalucía archivo

Así, abre una nueva actuación de oficio, esta vez con otra consejera, Rocío Díaz, al frente de Fomento. 

A su Consejería le reclama la siguiente información: 

• Número de solicitudes total presentadas por provincia, atendiendo al orden cronológico del registro, informando de los días en que estuvo habilitada la web.
• Número de resoluciones debidamente notificadas; relacionando las que se han resuelto en sentido favorable, las inadmitidas, las que han sido desestimadas y cuántas están pendiente de resolución; todas ellas desglosadas por provincia y referidas a la fecha de entrada de esta petición de informe.
• Fecha en la que tienen previsto en cada una de las delegaciones territoriales dar respuesta a la totalidad de los expedientes que se tramitan.
• Referido a los medios técnicos y humanos para dar respuesta a los expedientes de cada provincia, indicar si las Delegaciones Territoriales están dotadas para dar respuesta a estas convocatorias en el plazo indicado, las medidas implementadas para aliviar la situación que ha presentado esta convocatoria, bien sea a través de una reordenación de los puestos de trabajo, o un Plan de Choque.
• Teniendo en cuenta la distribución por anualidad y provincia del crédito presupuestario de la Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se convocan ayudas al Alquiler a los Jóvenes: Bono Alquiler Joven en Andalucía, (Disposición sexta: financiación), se solicita la ejecución del mismo a la fecha de este informe y con los mismos parámetros recogidos.

El Defensor también solicita, dado que las quejas recibidas inciden en "la falta de transparencia de los listados" que se alojan en la web de la Consejería, que esta detalle "si se ha estudiado la idoneidad de introducir en ellos, otros parámetros, tales como; fecha de presentación de la solicitud y la provincia a la que pertenecen; garantizando así el derecho al acceso a la información pública y a la transparencia de la actuación de esa Administración que asiste a la juventud andaluza".

Ante la "inquietud existente", pide "una pronta resolución" a la convocatoria y que se proporcione información, "en la forma más detallada posible", para "poder contar con un conocimiento actualizado y objetivo de la situación".

El Defensor del Pueblo Andaluz insiste en que sigue registrando "un número importante de peticiones de personas inmersas en dilaciones muy acusadas en sus solicitudes"

Más información:

• El PSOE instará a la Junta desde el Parlamento a pagar con intereses de demora el Bono Alquiler Joven