La Cámara de Cuentas de Andalucía ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía una serie de datos relacionados con un informe de fiscalización que está elaborando sobre la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa), al detectar indicios de posibles responsabilidades penales durante la etapa de gobierno del PP en la Diputación Provincial, que entonces presidía Sebastián Pérez.

 

Según han indicado a Europa Press fuentes del ente fiscalizador, el Pleno de la Cámara de Cuentas acordó por unanimidad en la última sesión celebrada el envío a la Fiscalía de documentación relacionada con un informe que se está elaborando al detectar indicios de posibles responsabilidades penales. Han recordado que con esa remisión al Ministerio Público, que ha avanzado la 'Cadena Ser', se cumple lo que establece el manual de procedimientos de la Cámara.

 

Las fuentes han precisado que será la Fiscalía la que deberá valorar si existe algún tipo de responsabilidad. En este caso se trata de un informe de fiscalización de Visogsa, que no tiene carácter definitivo.

 

Las supuestas irregularidades detectadas en Visogsa ya están judicializadas pues el pasado mes de marzo la propia Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación contra dos exgerentes de la empresa durante la etapa del PP en la Diputación de Granada por posibles contrataciones irregulares, lo que podría enmarcarse en un delito continuado de prevaricación.

 

La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.

 

La formación, que tiene como representante en la Diputación a Luis de Haro-Rossi, sostenía que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad -presidente de Diputación-", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".

 

Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, "no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo" sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y "como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles", en el segundo.

 

Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, "cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación". El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos "se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial", sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.

 

El grupo de Vamos Granada en la Diputación entiende que los hechos relatados son constitutivos de un supuesto delito de prevaricación y solicitaba por ello a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera una investigación, interesando que se tomase declaración al expresidente de Diputación y del Consejo de Administración de Visogsa y actual presidente del PP de Granada y senador, Sebastián Pérez, y a José Antonio Robles; así como a José Ramón Jiménez Domínguez, anterior gerente de Visogsa.

 

Con posterioridad, la Fiscalía Superior remitió la denuncia al juez decano de Granada para que "se incoasen las diligencias previas que correspondiesen por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa" y remitía su decreto a la Fiscalía General del Estado por si la investigación pudiera afectar a Sebastián Pérez, actual presidente del PP granadino y senador, por lo que tiene la condición de aforado.

 

El PP de Granada ha acusado al PSOE de usar "de manera partidista e indisimulada" la Cámara de Cuentas para levantar una "cortina de humo" en torno al pleno de elección de nuevo alcalde de Granada.

 

"No puede entenderse sino como un intento de generar confusión en Granada", ha dicho el secretario general del PP de Granada, Santiago Pérez, en un comunicado remitido por los populares. Además, ha calificado de "clara estrategia política de persecución" el hecho de que se haya dado a conocer este miércoles el informe, con el que según el dirigente 'popular' el PSOE intentaría "que no se hable del escándalo que mañana supondrá que un pacto de cuatro partidos arrebate la Alcaldía de Granada al partido que ganó las elecciones".

 

Pérez ha advertido de que el caso ya estuvo de manera anónima en manos de la Fiscalía que la rechazó. El secretario general del PP granadino ha añadido que la denuncia llegó posteriormente a la Cámara de Cuentas al presentarla personalmente el que fuera gerente de Visogsa en el gobierno socialista anterior, José Luis Hernández.

 

Y es en ese punto, ha apuntado que José Luis Hernández fue alcalde de Guadix en la época en la que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, fue teniente de alcalde.

 

"Es evidente que el presidente de la Cámara debería haberse abstenido por su amistad conocida y manifiesta con el denunciante", ha señalado Santiago Pérez para quien "lejos de abstenerse, parece claro que fue esa conexión amistosa la que llevó el asunto adelante". Por este motivo, el PP está planteando reclamar la recusación de López por esta actuación.

 

Los 'populares' también han desvelado la relación que José Luis Hernández tiene con el origen del caso "ya que la persona supuestamente contratada de manera irregular había sido despedida por Hernández en lo que todo el mundo en Visogsa describió como una 'persecución personal'".

 

A juicio de Santiago Pérez, está claro que el proceso abierto en la Cámara de Cuentas "tenía ya en su origen un claro tinte político y de venganza personal de Hernández contra el PP".

 

El secretario general del PP de Granada ha restado trascendencia al fondo del asunto, ya que "se trata de un mera cuestión administrativa sin mayor relevancia". En todo caso, Pérez ha destacado que el objetivo del PSOE granadino, "con Teresa Jiménez a la cabeza", y andaluz "no es esclarecer unos hechos", sino "generar artificialmente un titular" de cara al pleno de mañana.

 

"Ese es el PSOE de Andalucía: capaz de quemar y dilapidar el prestigio de cualquier institución andaluza para lograr sus intereses", ha sentenciado Pérez.

 

El secretario general del PP ha señalado que, a pesar de este "burdo y apresurado intento", los socialistas no van a lograr que Andalucía no tenga conocimiento "del atropello a la voluntad popular que se va a producir mañana en Granada con un acuerdo absolutamente contrario a los intereses de Granada que unirá a PSOE y Ciudadanos con Podemos e IU".