El Partido Popular ha manifestado que hay "evidencias claras" de que existen responsabilidades políticas en el supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía, que también se investiga en la provincia de Granada. Así lo ha trasladado la parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo, quien ha sostenido que estas responsabilidades políticas afectan “de cúpula a cúpula” al PSOE andaluz y granadino.

"Desde la cúpula de la Consejería de Empleo con su prolongación hacia la Delegación Provincial en Granada, afectando a políticos y funcionarios, hasta la cúpula del Gobierno andaluz e implicando a su presidenta, Susana Díaz, quien era conocedora de la situación y tomó la decisión de paralizar la oferta de los cursos para desempleados en toda Andalucía y la provincia de Granada, salpicados por los errores y el fraude", ha criticado Carazo.

En la provincia de Granada, destaca "el papel que pudo jugar en la trama Marina Martín, exdelegada de Empleo de la Junta", y a quien el PSOE "parece proteger a toda costa, manteniéndola incluso en puestos de responsabilidad pública, como el Legado Andalusí, a pesar de que sea una de las investigadas" por el fraude de los cursos de formación y encontrarse en 'la picota'.  

Ésta ha sido la conclusión que el grupo parlamentario del PP ha realizado, derivada de la comisión de investigación en los cursos de formación que se impulsó en el Parlamento de Andalucía a petición de los populares.

El resultado de la paralización de los cursos, según ha recordado la parlamentaria andaluza, ha sido que desde el año 2012 "ninguna persona desempleada de la provincia de Granada ha podido optar a un curso de formación de la Junta de Andalucía". "Además del vergonzoso hecho de que Susana Díaz haya tenido que devolver 800 millones de euros, correspondientes a Fondos Europeos destinados a la realización de estos cursos", ha apostillado Marifrán Carazo.

No obstante, el PP ha afirmado que respeta el trabajo judicial y los resultados de la investigación de la presunta trama de los cursos de formación en Andalucía que afecta a más de 40 investigados en la provincia de Granada, pendientes muchos de ellos de declarar ante el juez.

“Ese mismo respeto es el que debería mostrar el PSOE de Granada o, como mínimo, mostrar un poco de vergüenza política por lo sucedido. El silencio de la secretaria general del PSOE granadino, Teresa Jiménez, no hace más que afianzar la complicidad que los socialistas granadinos pudieron tener en el presunto fraude, mirando hacia otro lado y quedándose de brazos cruzados, mientras la provincia de Granada era azotada por el desempleo”, ha recriminado Marifrán Carazo.