La comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación del Parlamento andaluz ha aprobado este lunes, tras más de ocho horas de reunión, el dictamen final que será elevado al último Pleno del mes, en el que exime de responsabilidad política a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fijando la misma en los expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

 

El dictamen ha salido adelante gracias al apoyo del grupo parlamentario del PSOE-A y de Ciudadanos, toda vez que el resto de partidos han votado en contra al no compartir que Susana Díaz y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, no sean considerados responsables de la paralización en la formación.

 

No obstante, los socialistas plantearon una votación separada para eliminar toda responsabilidad política, pero los cuatro grupos de la oposición votaron en bloque en contra de esa propuesta.

 

Así lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión de investigación, el diputado de Cs Julio Díaz, y representantes de todos los partidos políticos, de manera que el texto resultante se remitirá al Pleno del próximo día 29, donde se llevará a cabo un debate y la votación final del mismo.

 

El dictamen finalmente ha sido sensiblemente modificado al incorporar un total de diez enmiendas de las más de 700 que habían presentado los grupos parlamentarios. Concretamente, se han aceptado dos del PSOE-A, dos del PP-A, una de Podemos y cinco de IULV-CA.

 

De esta manera, el dictamen aprobado este lunes, al igual que recogía el planteado por Julio Díaz, señala a los expresidentes como responsables políticos de este presunto fraude y elude de toda responsabilidad a la actual jefa del Ejecutivo andaluz. Entiende que Chaves y Griñán han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, "y como tales son responsables".

 

Junto a Chaves y Griñán también figuran como responsables políticos en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012. El primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre de 2013.

 

De igual modo, se considera responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del SAE; a las personas titulares de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las Delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

 

Así, y a pesar de que tanto el PP-A como Podemos e IU han presentado alegaciones para elevar la responsabilidad política a Susana Díaz por haber mantenido paralizada la formación en Andalucía, éstas no han salido adelante por los votos en contra del PSOE-A y Cs.

 

Tampoco se ha aprobado una enmienda 'in voce' defendida por los mismos grupos en la que insistían en la responsabilidad de la presidenta y del consejero de Empleo "por acción negligente y pasividad, por falta de colaboración y lealtad institucional con la comisión impidiendo que llegue información fundamental, y por la pérdida de más de 800 millones destinados a la formación".

 

Otro de los puntos controvertidos de la reunión ha sido, como han explicado los distintos representantes de los partidos presentes en la misma, cuando el PSOE-A ha solicitado votar por separado un total de 48 párrafos del dictamen síntesis que había planteado Julio Díaz. Si bien su intención era eliminar del texto aquellos párrafos que hablaban sobre las responsabilidades políticas o de fraude e irregularidades en la formación, al entender que no existen, finalmente esto ha sido rechazado por el PP-A, Podemos, Cs e IU.

 

Entre las votaciones que han celebrado este lunes, también se ha rechazado trasladar a la Mesa dos escritos de falsos testimonio, a propuesta del PSOE-A y del PP-A.

 

 

Asimismo, todos los partidos han manifestado su intención de mantener vivas en el Pleno que debatirá el dictamen de la comisión todas las enmiendas que habían presentado al mismo, a la par que han indicado que tienen de plazo hasta el próximo 20 de marzo para registrar sus propuestas de votos particulares.

 

Con todo, el presidente de la comisión de investigación ha señalado, en rueda de prensa, que tras "casi un año y medio de arduo trabajo se ha podido cumplir por este presidente con la palabra dada", esto es, como ha agregado, "saber qué ha ocurrido y poner remedio para que no vuelva a suceder". Ha destacado que se ha aprobado un texto "con relato, conclusiones, recomendaciones y responsabilidades políticas".

 

"Elegí no ser importante sino útil y hoy se cumple ese objetivo", ha celebrado Julio Díaz, quien se ha declarado "razonablemente satisfecho" con el texto aprobado en la comisión. Además, ha pedido a los grupos parlamentarios "que secunden en el Pleno lo aprobado hoy".

 

 

La representante del PP-A en la comisión Teresa Ruiz-Sillero ha asegurado que Cs da con su voto un "salvoconducto" a Susana Díaz para que se pueda presentar a la Secretaría General del PSOE y la exime de cualquier responsabilidad en este fraude. "Cs es rehén del PSOE-A, siendo ésta la parte oculta del pacto de investidura", ha apuntado la dirigente 'popular', quien ha considerado que el dictamen ha quedado "mutilado" en la narración de los hechos, las consecuencias y los responsables.

 

"Es un dictamen insuficiente", ha añadido Ruiz-Sillero, quien ha criticado que el PSOE-A haya intentado en su "juego diabólico" quitar 48 párrafos del dictamen donde se reflejaba la responsabilidad políticas de los expresidentes de la Junta. Junto a ello, ha defendido que la responsabilidad de Susana Díaz en los cursos de formación "no se la va a quitar un voto de Cs que llega en el momento más propicio para los intereses de la socialista".

 

El representante socialista Rodrigo Sánchez de Haro ha explicado que han pedido votación separada de las responsabilidades políticas porque con los testimonios en la comisión "ha quedado probado que no hay tales responsabilidades". "Todo se hizo acorde a la legalidad y así lo están demostrado los tribunales", ha señalado el socialista, quien ha calificado de "bluf" la causa por la formación.

 

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha dicho que se ha vuelto a trasladar al Parlamento "la política de hacer chapuzas" del PSOE-A y Cs, y ha lamentado que "después de casi nueve horas de votación, tenemos el mismo texto que entró". En su opinión, no hay explicación al hecho de que se apruebe un dictamen que sitúa las responsabilidades en responsables que ya no están y no en los actuales.

 

La diputada de Cs Marta Bosquet se ha mostrado "satisfecha" tras la aprobación del dictamen y ha defendido el trabajo "riguroso" por parte de su formación, "mientras que el PP-A solo quería ver el nombre de Díaz en el dictamen; Podemos se fue a la Feria y aún no ha vuelto; e IULV-CA pide responsabilidades de una época en la que fue miembro del Gobierno andaluz y se olvida de ello".

 

Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha criticado que las responsabilidades políticas queden como aparecían en la propuesta formulada por el presidente y que no se incluya a Susana Díaz y José Sánchez Maldonado. Se ha congratulado de que finalmente se hayan eliminado del texto los artículos utilizados por el presidente de la comisión sin citar, entre ellos un documento de la fundación vinculada a Cs.