El gerente de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, ha explicado a Europa Press que los comerciantes granadinos llevan pidiendo desde hace tiempo la aplicación de la normativa en zonas patrimoniales como la calle Calderería o la Alcaicería, donde las mercancías de los establecimientos se exponen en la calle e incluso colgadas en las fachadas de los edificios.

 

"No era de recibo que en otras zonas de la ciudad no se pueda poner ni un tenderete para vender postales y allí se permita todo", ha indicado Moreno, quien ha señalado que la Federación está por tanto abierta al diálogo para debatir una posible modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública. "Siempre que sea con el consenso de todos y no se perjudique a los empresarios, nosotros queremos escuchar las propuestas del Ayuntamiento", ha indicado el gerente de la Federación.

 

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, ha dicho a Europa Press que, al final de las vacaciones, a partir se septiembre el Ayuntamiento llame al sector para hablar sobre cómo reordenar las terrazas en el centro, aunque ha recordado que ya existe una ordenanza de terrazas aprobada que fue propuesta por la propia federación.

 

Así se ha pronunciado el sector después de que el Gobierno municipal socialista de la capital anunciara que emprenderá una campaña contra la ocupación desmesurada de la vía pública por parte de comercios, con la exposición de mercancías, en lugares que forman parte del patrimonio histórico, y bares y restaurantes, con las terrazas, tras el movimiento social de queja en las redes sociales.

 

La concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, detalló este lunes las medidas municipales para atajar la ocupación de la vía pública, que ya adelantó  El Independiente de Granada, en su información El Ayuntamiento se planta ante la excesiva ocupación de los espacios públicos , tras publicar un reportaje titulado La calle no es todos en Granada, en el que difundía la iniciativa ciudadana liderada por el fotógrafo Juan Ferreras en las redes sociales para denunciarlo, seguido por otros.

Ruz reiteró en rueda de prensa el “especial interés del gobierno local” por  ordenar los espacios públicos de Granada “sometidos al total descontrol” por parte del anterior gobierno del PP. Y se refirió a espacios singulares, en pleno casco histórico y en entornos protegidos, como las calles Alcaicería, Calderería, en cuanto a comercios, o las plazas como Plaza Nueva, Pescadería, Romanilla, entre otras, en la que la terrazas visiblemente ocupan más del tercio del espacio total del espacio que le permite la ordenanza.

La concejala detalló que además de la mala imagen que ofrecen, la campaña trata de no crear agravios comparativos con los establecimientos que cumplen la normativa o los que se lucran por incumplirla. También porque la ocupación puede reportar un problema de seguridad, en caso de evacuación que puede impedir el paso de emergencias y porque impide el tránsito de personas con movilidad reducida.

 

Entre las medidas que propuso la concejal citó el control a través de la Policía Local, pero sobre todo, la de abrir una mesa de diálogo con comerciantes y hosteleros para alcanzar un acuerdo que permite la reordenación consensuada de los espacios públicos, con el fin de que sean recuperados para la ciudadanía y hace compatible el disfrute de los vecinos con los negocios.

 

La ordenanza sobre comercios no permite en ningún caso la exposición de mercancías en el exterior de los establecimientos, lo que se incumple claramente en la calle Elvira, Calderería o Alcaicería.

 

Respecto a la ordenanza sobre terrazas, la vigente aprobada por el gobierno municipal del PP permitía eludir las restricciones por motivos de razones económicas, una  excepción que dejó abierta la puerta al descontrol.

 

Ruz admitió que aunque la reordenación de la vía pública era una aspiración del nuevo gobierno, el fuerte movimiento social de queja ha acelerado la puesta en marcha de medidas, que no serán visibles hasta septiembre, cuando los técnicos preparen un borrador para presentarlo a la oposición con el fin de mejorarlo y a las asociaciones empresariales.

 

Actualmente, las sanciones oscilan entre los 600 y los 3.000 euros por incumplimiento de la normativa, aunque también prevé el cierre de los negocios en caso de reiteración.

 

Pero la concejal no quiso poner el énfasis en las medidas de control, sino al diálogo para tratar de llegar a un acuerdo que permita reordenar los espacios. Y si bien admitió que las terrazas forman parte de un atractivo turístico de la capital, no así la desmesurada invasión.

 

La intención del gobierno socialista es emprender la reordenación de las plazas singulares y calles en el entorno del patrimonio histórico.

 

Sin embargo, señaló que no antes de la próxima Semana Santa estaría concluido el nuevo mapa de ocupación de la vía pública.

 

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