La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) en la que denuncia una supuesta "privación del derecho a la tutela judicial efectiva" en la tramitación de las obras relacionadas con el trasvase de este enclave natural hacia Baza. 

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, en relación con esta denuncia ante el TEDH por la posible existencia de "indefensión jurídica" que habría conllevado la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, para convalidar "teóricamente" las obras y actuaciones relacionadas con el trasvase realizadas a través del Real Decreto de Sequía 1419/2005, que "fue declarado nulo de pleno Derecho por el Tribunal Supremo".

Lo hacen porque entienden, según han indicado en una nota de prensa, que, "de facto, dicha Disposición Adicional ha servido para saltarse la sentencia firme del Supremo y está condicionando todas las decisiones judiciales al respecto, violando el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, y dejando al descubierto que en España la justicia no es igual para todos, pues no se debe ni se puede utilizar el poder legislativo y ejecutivo para saltarse el poder judicial".

Según los responsables de la plataforma, dichas decisiones afectan directamente al futuro del río Castril, si bien han resaltado la "buena disposición" verbal y la "voluntad política" que han encontrado en reuniones recientes tanto en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente como en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "para resolver el conflicto del trasvase" buscando "soluciones alternativas que no dañen uno de los ecosistemas mejor conservados del sur de España".

Igualmente, en la actualidad, en las comarcas de Baza y Huéscar se está desarrollando un movimiento conjunto de diferentes colectivos afectados en defensa del agua y del territorio, teniendo como elemento principal "el valor patrimonial de los recursos hídricos cuyo mayor exponente es el río Castril y un uso sostenible dentro de una nueva política de agua, que sirva a su vez para hacer frente al cambio climático".

Desde la plataforma, han hecho hincapié en que no están "en contra del uso racional del agua y que, a pesar de la buena voluntad que existe de resolver el problema por parte de la Administración actual", no pueden "dejar pasar los plazos judiciales" que marcaban el siete de septiembre como fecha límite para la presentación de una demanda que ha de hacerse por correo certificado.