El Gobierno internará en pabellones militares a los inmigrantes que lleguen a Motril
Los ocupantes de una patera rescatada en febrero pasado mientras aguardaban a ser atendidos por la Cruz Roja. alba feixas
El Gobierno ya ha adjudicado y prevé comenzar de forma "inminente" las obras para adaptar las antiguas instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) de Motril a la atención temporal de inmigrantes cuando las circunstancias lo requieran ante posibles oleadas de pateras que sobrepasen la capacidad de la zona habilitada en el puerto.
El Independiente de Granada informó en agosto del pasado año de los planes de Interior. En concreto, visitó las instalaciones del Polvorín de Sierra Elvira, en Atarfe, y la Estación de Vigilancia Aérea de Motril, EVA-9, para estudiar las posiblidades de convertirla en Centro para Inmigrantes. Hasta ahora el Gobierno se había resistido a confirmarlo. Finamente serán los pabellones de Motril los que se destinen a tal fin.
Los trabajos supondrán una reforma integral de casi todo el área del EVA-9 con una inversión prevista de más de dos millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, según han detallado a Europa Press fuentes del Gobierno central.
El inicio de los trabajos es "inminente", una vez que a finales de enero se firmó la cesión de las instalaciones por parte del Ministerio de Defensa a la Secretaría de Estado de Seguridad y de que los trabajos hayan sido adjudicados. Está previsto que se reformen casi todos los pabellones, acondicionándolos con camas, cocinas, aseos y demás servicios que permitan una asistencia "digna" a los inmigrantes que llegan en patera a las costas granadinas.
A ello se sumarán las renovaciones en las instalaciones de luz y agua, entre otros trabajos para adaptar estos pabellones en desuso a su nueva función.
Las mismas fuentes inciden en que no se tratará de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sino de un "albergue temporal de inmigrantes" para poder acoger a estas personas cuando se superen las aproximadamente 85 plazas que hay en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Puerto de Motril. El objetivo es garantizar que en estos casos no se queden en la calle, durante las 72 horas que da la ley para realizar toda la tramitación.
El propósito es "acabar con la improvisación" en este punto y garantizar la asistencia en caso de emergencia, agregan las fuentes, que apuntan a que las instalaciones que van a ser adaptadas tendrán capacidad para acoger a unas 500 personas.
Según una reciente respuesta del Gobierno a la diputada socialista Elvira Ramón, la capacidad del Centro de Atención Temporal del Puerto de Motril es de 88 plazas, "si bien ésta ha de entenderse en función de las necesidades de su empleo, como es la necesaria separación entre hombres y mujeres, la separación de inmigrantes por su origen geográfico, o incluso por las necesidades de aislamiento por razones de índole médica o sanitaria", apuntaba el Ejecutivo en esa respuesta. Entre julio y diciembre de 2017, pasaron por dicho Centro de Primera Asistencia y Detención un total de 2.415 inmigrantes, según el Gobierno, que admite que llegaron a dar cobertura, "en algún momento puntual", a 120 personas. Esta situación "fue solo por escasas horas", asegura Interior en su respuesta a la diputada socialista.
En su respuesta -de finales de febrero- el Gobierno asegura que esas instalaciones han recibido numerosas inspecciones de instituciones como el Defensor del Pueblo o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y presume de que "ninguna de ellas observó disfunción en su funcionamiento".
No obstante, también en febrero de este año el Defensor del Pueblo reclamó el cierre de las instalaciones por considerarlas "insalubres e inadecuadas".
El Gobierno admitió el pasado año que no tenía capacidad para atender a las personas que son trasladadas al Puerto de Motril tras ser rescatadas en pateras. Ha tenido que echar mano de varias organizaciones humanitarias, como Cruz Roja, para atender a estas personas cuando la capacidad del centro para albergar inmigrantes no es suficiente. El pasado año la decisión de abandonar en la estación de autobuses de la capital a un grupo de 50 personas originó un duro enfrentamiento con el gobierno local socialista, que denunció este proceder del Ejecutivo.
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