El Defensor del Ciudadano de Granada capital, Manuel Martín, ha pedido que se "estudien otras soluciones que no impliquen dejar sin hogar" a la familia de Las Gabias acampada desde el pasado domingo en la Plaza del Carmen, frente al Consistorio granadino, ante la proximidad de la fecha para ser desahuciados de su vivienda el próximo viernes.

Manuel Martín ha conocido de primera mano "las graves dificultades a las que se están enfrentando María José, Fernando y sus hijos" y, posteriormente, ha dirigido un escrito a la  Caja Rural de Granada, entidad financiera que les concedió la hipoteca.

"Como Defensor de la Ciudadanía no puedo mantenerme al margen de lo que está ocurriendo, motivo por el que me dirijo a usted con la finalidad de que se realice un último esfuerzo por parte de su entidad financiera, se paralice el desahucio y se siente a dialogar, ofreciéndome como mediador ante esta situación", expone en su escrito en el que destaca que "cuando un problema pasa a ser una lacra social se deben tomar medidas urgentes con soluciones eficaces".

Para el Defensor, este desahucio "no es un hecho puntual y aislado"; "procede de un declive económico de un desgaste humano y familiar e implica la pérdida de derechos básicos". La familia concibe, agrega el Defensor de la Ciuadanía, que está "tocando fondo", se siente "excluida de la sociedad" y el "desgaste psicológico y social que ello comporta les dificulta para volver a encontrar trabajo, alimentar a sus hijos, poder pagar una nueva vivienda y en definitiva tener una vida digna".

Advierte Manuel Martín de que las circunstancias que rodean los desahucios han sido causa directa de "numerosos suicidios" en España, sin tener en cuenta aquellos que no han trascendido a los medios de comunicación.

En el escrito remitido a la Caja Rural, el Defensor abunda en las consecuencias de las ejecuciones hipotecarias para incidir en que afectan negativamente a toda la sociedad, y dada la magnitud que ha adquirido el problema, "es necesaria la intervención", pues evitar los desahucios supone además "un acto de coherencia con los principios de igualdad social". 

Recuerda además que el derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en la Constitución, es un derecho humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, ratificado por España y forma parte del Ordenamiento Interno Español. 

Por todo ello reitera su petición a la entidad para que reconsidere su posición, estudie otras soluciones que no impliquen dejar si vivienda a la familia e insiste en su ofrecimiento de mediación.