El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha pedido al gobierno municipal “la modificación del reglamento de servicios funerarios, con objeto de evitar "los abusos por el riesgo de desalojo que tienen alrededor de 7.000 nichos y unidades de enterramiento del cementerio de Granada, y garantizar la seguridad jurídica en cualquier procedimiento".

Según explica el edil de la formación de izquierdas, “esta situación administrativa de posible desalojo se produce desde hace más de un año, cuando la empresa que gestiona el cementerio, Emucesa, notificó mediante Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la extinción de los derechos funerarios de estas unidades de enterramiento por los impagos en la tasa de mantenimiento del cementerio que el Ayuntamiento de Granada impuso en el año 2006".

Muchos de estos impagos, se producen, según denuncia IU, "porque no están actualizados los datos da familiares y allegados de estos nichos y unidades de enterramiento, y los procedimientos de notificación del cementerio no han tenido todas las garantías jurídicas".

El concejal de IU señala que hace más de un año se enviaron cartas con acuse de recibo, pero el 80 por ciento de ellas fueron a domicilios incorrectos, y posteriormente se procedió a la publicación en BOP, "algo que desconocen muchos granadinos y granadinas que no leen a diario el boletín oficial de la provincia".

Esta situación, generó "tal revuelo", recuerda Puentedura, que cuando se produjo el cambio de gobierno hubo un decreto del nuevo alcalde de Granada, Francisco Cuenca, paralizando cualquier procedimiento de desalojo, pero se sigue sin resolver los problemas administrativos, con lo cual sigue todavía pendiente el desalojo de estos 7.000 nichos y unidades de enterramiento en el Ayuntamiento.

Además se produce otra situación “perversa”, según el portavoz municipal de IU, cuando un familiar o allegado de la persona enterrada quiere pagar esta tasa para evitar el riesgo de desalojo, se le obliga a hacerse titular del nicho o de la unidad de enterramiento, "cobrando una tarifa abusiva, que ronda desde los 72 euros a familiares directos hasta los más de 1.000 euros en el caso de no ser familiar y sólo ser una persona allegada". Un trámite que a juicio de Puentedura es "innecesario”, puesto que la ley contempla en el pago de tributos e impuestos, “el pago a terceros”, cuando alguien paga un recibo de IBI, impuesto de Vehículos, una tasa de basura, etc... "el Ayuntamiento no exige que el que pague sea titular o demuestre la propiedad del bien sujeto al impuesto. "Por qué entonces si lo hace con las unidades de enterramiento", se pregunta el concejal de IU. Es por eso que la organización de izquierdas exige que el cambio de reglamento permita pagar la tasa de mantenimiento, que evite el desalojo de un nicho o unidad de enterramiento, sin tener que cambiar la titularidad del mismo, lo que resolvería la situación administrativa de la inmensa mayoría de estos casos en el cementerio de Granada.

Asimismo Puentedura exige al gobierno municipal socialista y al alcalde de Granada que "no sigan mirando para otro lado y dé una solución definitiva a este problema, en el próximo consejo de administración de Emucesa que se reunirá en los próximos días".

En el mismo sentido el edil de IU pide que el coste de la tarifa por cambio de titularidad, se rebaje al coste real del servicio, que en nada justifica tarifas, en algunos casos por encima de los 1.000 euros, cuando en otras ciudades y cementerios esta tarifa es mucho menor y apenas alcanza los 20 o 30 euros.

Consecuencias de la privatización de Emucesa

Para el portavoz municipal de Izquierda Unida "esta forma abusiva de actuar y de hacer caja con algo tan sensible como los restos de familiares y allegados de miles de granadinos y granadinas, es consecuencia de la privatización del cementerio que hace varios años impuso el PP en el gobierno de la ciudad".

"Lo que se esconde es la intención de hacer caja y negocio de forma carroñera adjudicando nuevos nichos a nuevos titulares, especialemente los que están situados en primera y segunda fila, que son los que más salida comercial tienen para la empresa privada que gestiona el cementerio, desalojando para ello estas unidades de enterramiento", asegura Puentedura. Para evitar esto, IU exige también que los procedimientos de notificación tengan "todas las garantías y seguridad jurídica", realizando varias notificaciones por correo certificado y en direcciones actualizadas, poniendo avisos en las propias tumbas y nunca produciendo el desalojo con un mero anuncio en el BOP que no leen la inmensa mayoría de los granadinos y granadinas.