La Fundación García Lorca ha presentado una denuncia contra su secretario, Juan Tomás Martín, por el agujero económico de la entidad, que tiene pendientes de justificar cantidades millonarias ante la Junta y el Gobierno central por el dinero público recibido para la construcción del centro que albergará los fondos dedicados al poeta en Granada. 

Según publica el diario El País, que eleva la cantidad pendiente de justificar a 12 millones, la denuncia se ha presentado en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, donde tiene su sede la Fundación, por presunta falsedad documental y apropiación indebida. 

Como adelantó El Independiente de Granada, la Fundación que preside la sobrina del poeta se enfrenta a la devolución de las ayudas millonarias recibidas. En el caso del Ministerio de Educación, este ya le reclama la devolución del dinero público. En el de la Junta, el expediente sigue abierto y aún puede presentar alegaciones para tratar de justificar los gastos. Las administraciones han rechazado los intentos de justificación, puesto que junto a los gastos por las obras del centro se han incluido también otros de viajes, exposiciones y producciones teatrales e intereses bancarios ajenos a esos trabajos para los que se recibió el dinero. 

Mañana está convocada una reunión de la Fundación García Lorca. Todos los indicios apuntan a una supuesta malversación de caudales públicos, aunque las investigaciones contables abiertas en el seno de la Fundación y también en la del propio Centro Lorca serán claves para aclarar la situación, como informó este diario. La propia Laura García Lorca ha confirmado a El País que no quiere aventurarse hasta que esté concluida ese estudio de las cuentas. 

El gran perjudicado por esta situación es el Centro Lorca, cuya inauguración ha quedado en el aire. Con los gastos sin justificar, las administraciones que aportan el dinero no pueden seguir inyectando ayudas públicas y no han podido saldar la deuda de algo más de 3 millones pendiente aún con la constructora Ferrovial por la construcción del edificio. La propia constructora sorprendió a las administraciones negándose a entregar las obras, como estaba previsto, para inaugurar la nueva instalación el pasado 5 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta. En las últimas semanas se han intensificado los contactos con el Consorcio que gestiona el Centro Lorca, a través de su gerente actual, una labor encomendada al concejal de Cultura del Ayuntamiento, Juan García Montero. Este ha declarado que confía en que Ferrovial entregue definitivamente el edificio, tras recibir el compromiso firme de que cobrará la deuda. 

Tanto el Ayuntamiento como el propio Ministerio han intentado desde que comenzaron a publicarse estas informaciones desvincular la situación económica de la Fundación de la futura apertura del Centro Lorca. De hecho, el propio García Montero ha llegado a asegurar que confiaba en su inauguración antes de final de año. Desde la Junta han sido más cautos al respecto, incidiendo en que la situación abocaba a la disolución del Consorcio, como única solución para desbloquear los pagos pendientes y poder de este modo abrir el Centro. 

Además del quebranto económico, la situación ha supuesto un duro golpe para la imagen de la Fundación. Las instituciones han perdido la confianza en la entidad y esto se ha reflejado en los estatutos que establecen el funcionamiento y la dirección del Centro Lorca, como ya publicó El Independiente de Granada. 

Laura García Lorca ha sido relegada y su papel se ha despojado de toda responsabilidad en la dirección o en la gestión económica. Los estatutos fueron aprobados en una reunión del Consorcio celebrada en febrero con el voto en contra de Laura García Lorca, molesta con el papel secundario que le otorgan, muy distinto al que tuvo al arrancar el proyecto.

La Fundación queda fuera del Consejo Rector, que es el máximo órgano de gobierno, y también de la Comisión Ejecutiva. La presidencia de ambos se alternará, con carácter rotatorio, entre la persona que dirija la Consejería de Cultura y la Alcaldía de Granada, por periodos de dos años. 

Las vocalías serán ocupadas por los representantes de las administraciones implicadas en el proyecto, que son las que toman el mando económico y administrativo del Centro. Dos vocales le corresponden al Ministerio de Cultura; dos a la Junta de Andalucía; otros dos al Ayuntamiento de Granada; y uno a la Diputación Provincial.

Los estatutos otorgan a la presidencia del Consejo Rector la potestad de "invitar" a las reuniones a personas físicas o jurídicas que colaboren con el Consorcio, y también a expertos. En estos casos, con voz y sin voto. De la misma manera que participará el coordinador del Instituto de Estudios Lorquianos nombrado a propuesta de la Fundación. Asistirá "con voz pero sin voto" a las reuniones del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva, como especifican los estatutos en su capítulo primero, dedicado a la organización del Centro Lorca. Los artículos 17 y 21, lo detallan.