Por sus "especiales circunstancias sociales, económicas y la presencia de una menor en la vivienda
El Ayuntamiento insta oficialmente a la Junta a que pida al juez suspender el desahucio de Nati y su hija
El Ayuntamiento de Granada ha instado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que solicite ante el juez la suspensión del desalojo pendiente de ejecutar por el Juzgado de Instrucción 3 granadino a Natividad Ibáñez y a su hija de doce años de la vivienda del parque público de la Junta en la que residen en la zona Norte de la capital.
IndeGranada
Nati, junto a activistas de Stop Desahucios 15M en su casa.
En la solicitud, firmada por la concejala de Derechos Sociales de Granada, la socialista Jemi Sánchez, se alude a sus "especiales circunstancias sociales, económicas y la presencia de una menor en la vivienda".
"Los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Granada son transitorios y no garantizan que pueda permanecer en ellos hasta la correspondiente adjudicación de vivienda protegida que, conforme a los accesos establecidos para situaciones urgentes de riesgo y exclusión social acreditadas por los Servicios Sociales, corresponda", explica el escrito del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la situación de esta usuaria de dichos servicios en la zona Norte.
La solicitud oficial del Ayuntamiento de Granada se suma a la declaración institucional emitida este lunes por el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín García, en la que ha solicitado al Gobierno andaluz en una declaración pública que "paralice" el desalojo de esta mujer y su hija de doce años, y que les ofrezca "una alternativa habitacional real, digna, efectiva y con garantías".
El pasado 16 de febrero, la Concejalía de Derechos Sociales remitió oficio dirigido a AVRA, dependiente de la Junta de Andalucía, como propietaria y gestora del inmueble donde vive esta familia, en el que solicitaba la remisión de informe al juzgado valorando "la suspensión temporal de la ejecución de la condena, evitando el desalojo, hasta la disposición de recursos adecuados".
Desde entonces, se han mantenido reuniones con los responsables de AVRA y la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta con "objeto de mediar entre las partes y dar seguimiento de las alternativas de alojamiento que pudieran corresponder en el caso", agrega el escrito, que especifica que el 9 de junio el Decanato de los Juzgados comunicó que el día 21 del mismo mes se había previsto el desalojo de la afectada y su hija de doce años, el cual finalmente no tuvo lugar al facilitarse "un plazo voluntario de tres días para que la interesada entregue las llaves de la vivienda de forma voluntaria".
Dado que la vivienda es titularidad de AVRA y "constando en el expediente la renuncia de la vivienda por el entonces adjudicatario de la vivienda en régimen de alquiler" y al encontrarse empadronada en la vivienda una menor de edad, se solicita desde el Ayuntamiento a la Junta que remita informe al juez "para una nueva suspensión temporal de la ejecución de la condena, evitando el desalojo, hasta la disposición de una nueva vivienda protegida".
"Tras pedirle a los juzgados que paralicen el desalojo, nos han comunicado que la única administración que puede solicitar la suspensión del mismo es la propietaria", esto es, AVRA, ha explicado la edil Jemi Sánchez, quien ha subrayado la situación "especialmente vulnerable" de esta familia.
La Junta ha defendido en este tiempo que el lanzamiento ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada en el marco de un proceso que se inició en 2016 y, según alega la Administración autonómica, fue instado por la denuncia que inició el exmarido de esta mujer, que era el adjudicatario legal de la vivienda. Este extremo lo niega la afectada, a la que el Gobierno andaluz acusa de ocupar ilegalmente esta vivienda.
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