Tras ocho meses de huelga, Alhambra bus lleva a pleno con el apoyo de toda la oposición una moción para "recuperar la legalidad laboral de los trabajadores del transporte público" exigiendo al Ayuntamiento de Granada que vele también por "los derechos laborales de los trabajadores subcontratados". 

"Los trabajadores de Alhambra Bus llevamos 8 meses de huelga reivindicando el respeto de los acuerdos originales con la empresa Rober que sirvieron de base a nuestras contrataciones y la legalidad laboral de todos los trabajadores del transporte urbano. Un servicio que ha sido subcontratado con el único fin de abaratar los costes para la empresa concesionaria, y un coste que han pagado todos los trabajadores y la ciudadanía. En todo este tiempo y con la justicia de nuestra parte no hemos recibido más que presiones por parte de la empresa y buenas palabras por parte de un ayuntamiento que al fin y al cabo es el responsable último del servicio de transporte y de la forma en la que se gestiona. Llegando a aprobarse mociones que sabíamos de antemano que no nos conducían a ningún sitio, como se demostró en el último pleno donde todos los grupos se abstuvieron ante la propuesta del PSOE", exponen en una nota de prensa, difundida por el grupo municipal de Vamos Granada y en la que se informa de la nueva iniciativa que llegará a pleno.

"Estamos hablando de transporte publico de viajeros esta es la actividad que determina su carácter principal y la razón por la cual no puede ser subcontratado. Un servicio esencial para la ciudad que debe ser prestado en equidad a todos los ciudadanos. No puede ser considerado accesorio un servicio por ser prestado en el Albaycín, Sacromonte o Realejo, todas las líneas prestan el mismo servicio a la ciudad, son líneas regulares", agrega la nota.

Una subcontrata "con el único fin de abaratar costes está fuera de toda legalidad y es definido por la propia Inspección de Trabajo como tráfico de trabajadores", apuntan para denunciar que "esto es lo que ha ocurrido con la absoluta connivencia del Ayuntamiento que lo permitió en su momento, una reducción de los costes para la empresa, que no para el Ayuntamiento, y a costa de la pérdida alarmante de los derechos laborales, no solo salariales, sino todas aquellas condiciones relativas a la estabilidad, a la seguridad, atentando incluso a los derechos sindicales y reivindicativos, a derechos como la limitación de la jornada laboral, el respecto al descanso entre turno y turno o la conciliación familiar".

En la moción se solicita que el Ayuntamiento "ponga todas la medidas a su alcance para acabar en el plazo de este mandato con la situación de ilegalidad y con las consecuencias de la merma de las condiciones laborales de los trabajadores, tanto consecuencia de las subcontrataciones, como por cesión ilegal de trabajadores, como por el principio de unidad de empresas. Igual trabajo, igual salario".

También se pide que cualquier modificación de los acuerdos con Rober o con cualquier empresa concesionaria del Servicio sea adoptado en el marco del pleno de la Corporación y que cualquier medida de despido colectivo deberá responder a las necesidades del servicio dentro del marco de la legalidad.

"La situación actual está llevando en realidad al derroche de los recursos públicos que son los recursos de todos. El Ayuntamiento debe velar por las condiciones laborales de todos los trabajadores, incluidos aquellos de los servicios externalizados".