La sociedad mercantil Complejo Residencial Salud y Natura S.A, responsable de la construcción del Gran Hotel Cortijo de Andalucía, ha defendido que ha sido "cumplidora a rajatabla" con la ley y ha actuado de buena fe desde que se le concediera licencia en 2005 para estas obras paralizadas dos años después.

Así lo ha indicado en una nota de prensa remitida a Europa Press tras conocerse el dictamen en que el Consejo Consultivo de Andalucía analizaba la petición de revisión de oficio propuesta por el Consistorio de Almuñécar sobre la construcción hotelera.

Según este dictamen, el pleno del Ayuntamiento de Almuñécar aprobó, el pasado mes de junio, por mayoría (PP, Más Almuñécar e IU), y con la abstención de PA y PSOE, la declaración de nulidad de la licencia de obras otorgada el 28 de junio de 2005, a la promotora para la construcción del hotel situado en el Cercado de la Cruz.

La sociedad del empresario Trinitario Betoret ha presentado posteriormente las alegaciones oportunas y está a la espera de su resolución, incidiendo en que el dictamen del Consultivo es "obligatorio en su emisión, pero no vinculante" en tanto en cuanto "la decisión que ha de adoptar el pleno del Ayuntamiento de Almuñécar" ha de tomarla el propio Consistorio "teniendo en cuenta todo el contenido del expediente".

Por tanto, el Consejo Consultivo "ni tumba ni decide ya que es el Ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de decidir, y, en todo caso, la jurisdicción contencioso administrativa", que es "la que tiene la última palabra", ha agregado.

Complejo Residencial Salud y Natura S.A ha recordado que el Ayuntamiento de Almuñécar en sesión plenaria del pasado 23 de febrero "ratificó la licencia anteriormente concedida en correcta aplicación del artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo", así como que "han transcurrido trece años desde la concesión de la licencia y que lo relativo a la equidad, buena fe y derecho de los particulares no ofrece duda".

"Esta sociedad ha sido cumplidora a rajatabla con los dictados de la ley y resoluciones administrativas y judiciales en virtud de lo cual la construcción está paralizada desde julio 2007", ha añadido.

En este sentido, "no puede afirmarse gratuitamente que hemos construido ilegalmente". Además, la licencia otorgada "nunca ha sido anulada" por lo que los "derechos adquiridos" con la concesión de la misma "se mantienen inalterables" y la empresa está "en posesión de todos los requisitos para ejecutar todo lo que se hizo" hasta el año 2007.

"Otra cosa es cuando por parte de la Junta de Andalucía se impugna y recibimos la orden de paralización que nosotros acatamos, muy sorprendidos, pero respetuosos con las leyes", mantienen los responsables de la sociedad para quienes todo lo sucedido a partir de 2007 "es ajeno a nosotros, en realidad es una pugna entre administraciones, limitándonos a recurrir hasta conseguir que se cumplieran las sentencias y fuera revisada de oficio nuestra licencia".

"Cuando el Ayuntamiento, atendiendo nuestras alegaciones, aplicando el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo --en base a sus propios informes jurídicos--" opta por ratificar la licencia, "el Consejo Consultivo informa desfavorablemente, lo que podría suponer bloquear de nuevo la terminación del complejo hotelero".

Según las estimaciones de la empresa, Almuñécar-La Herradura ha perdido en esta década más de 30 millones de euros entre sueldos, proveedores, suministros y gastos de clientes en los comercios, siendo "muy desolador y no exento de impotencia, la aceptación de esta situación como normal".

En opinión de Betoret, que ha indicado que el hotel crearía más de 60 puestos de trabajo, y que los vecinos apoyan su terminación, el dictamen del Consultivo "no puede impedir que los concejales de Almuñécar voten en conciencia, considerando precisamente, que el bien jurídico a defender ha de ser siempre el desarrollo y progreso de nuestra sociedad, obviamente dentro de la legalidad".

La mercantil acatará las resoluciones que se adopten por los organismos competentes para resolver y, en definitiva, defenderá sus derechos ante la jurisdicción competente, para que al igual que ha ocurrido en supuestos similares, mediante la no revisión de la licencia, se ratifique la concedida en su día, evitando así "la millonaria reclamación patrimonial en el supuesto de que finalmente se declarase nula".