A los asentamientos ilegales en el Cerro de San Miguel --donde en 2014 se hizo un desalojo de varias cuevas cuyos moradores regresaron poco después-- se suman nuevos focos en la zona de la Fuente del Avellano, el barranco de Los Naranjos y el cerro de la Alhambra, donde, según afirman los vecinos, se han producido "grandes transformaciones del terreno original".

"La gente que ha ido ocupando la zona ha tomado posesión de los caminos y los ha cerrado; transforman las veredas y las cuevas, es una modificación del entorno que ha sido ignorado desde el Ayuntamiento en los últimos años y que persiste", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Sacromonte, Francisco Ballesteros.

 

La situación concreta del Cerro de San Miguel se abordó hace un mes en una reunión de Junta de Distrito en la que, según lamentan desde la Asociación de vecinos Bajo Albayzín, no se produjo ningún avance significativo.

 

Acudieron vecinos y también algunas de las personas que ocupan las cuevas en este cerro declarado zona verde en el PGOU, algunas de las cuales se encuentran en estado ruinoso. Los residentes quieren recuperar el espacio de esparcimiento que era antes y que, una vez regulado su uso, se devuelva a su estado original.

 

La presidenta de la asociación, Lola Boloix, reclama que se cree una comisión de trabajo con técnicos de servicios sociales, de urbanismo, medio ambiente y cualquier otra competencia implicada, de modo que se llegue a una solución.

 

"La mayoría de las cuevas están de pena; no son habitables ni tienen luz y agua. Si hay en ellas gente sin recursos, que se les ofrezca una alternativa", agrega, reclamando un plan integral que afronte el problema de "otra forma que no sea entrar con un dumper" como hizo el anterior gobierno local (PP).

 

Desde la asociación vecinal del Sacromonte relatan que los asentimientos ilegales ya se han extendido al barranco de Los Naranjos y la zona de la Fuente del Avellano, donde hay incluso tiendas de campañas, algo que según advierten sería imposible en cualquier zona verde o parque periurbano de otra ciudad.

 

"Hay que legislar, ver dónde se puede vivir y dónde no y afrontar con valentía un problema que tiene la ciudad", agrega Ballesteros, que defiende una intervención de la mano de los servicios sociales para dar soluciones a las personas sin recursos que puedan estar ocupando las cuevas, si bien opina que la mayoría son personas que las usan de forma temporal, incluso extranjeros que vienen a pasar temporadas a Granada.