El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) ha negado este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada que existan "irregularidades" en el expediente por el que se adjudicó la Casa Ágreda a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), el cual "está perfectamente hecho", según ha defendido.

Tras declarar durante dos horas ante el juez en calidad de investigado por este caso, Torres Hurtado ha señalado a los periodistas que sale "muy tranquilo" y ha defendido la legalidad de las actuaciones para la venta del derecho de superficie con opción a compra de este inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín y declarado Bien de Interés Cultural.

El exregidor, que ha atendido a los periodistas a las puertas del edificio judicial de La Caleta, ha sostenido que ha sido un "largo interrogatorio" en el que "ha podido contestar todo lo que conocía" de este caso, en el que hasta el momento se han personado la formación Vamos Granada y un empresario, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, ha remarcado que este expediente "está perfectamente hecho y no hay ninguna irregularidad" que él haya podido detectar y ha confiado en que los siguientes declarantes como investigados en la causa, entre ellos funcionarios y la que fuera concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, "aclaren al juez todo lo que necesite".

Torres Hurtado ha tachado además de "lamentable" que él esté declarando por este asunto cuando, según ha dicho, la Junta de Andalucía llevó a cabo en las mismas fechas la venta de un palacete en el paseo del Salón a un precio más bajo pese a que está en mejores condiciones que la Casa Ágreda.

Según ha precisado, la venta del derecho de superficie con opción a compra de la Casa Ágreda se hizo por un valor de unos 2.000 euros el metro cuadrado cuando la Junta vendió el citado palacete, donde ha estado la Delegación de Cultura, "por 1.600 euros el metro cuadrado".

Ello a pesar, ha defendido, de que estaba "totalmente nuevo, en mucho mejor sitio" y "sin las dificultades urbanísticas" de la Casa Ágreda.

"No conozco que Díaz -por la presidenta de la Junta- esté aquí sentada declarando como investigada por esa venta, ni conozco a ningún otro político de la Junta ni técnicos, es lamentable", ha clamado.

Nieto, en octubre

Torres Hurtado ha abierto este jueves una ronda de declaraciones que incluye a la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, cuya citación se ha trasladado por cuestiones técnicas al 17 de octubre.

Luego, el próximo 5 de octubre, lo hará el director técnico de obras municipales en el momento en el que se fraguó la operación, Manuel Lorente, y al día siguiente otro funcionario.

El representante de la ONG a la que se adjudicó la Casa Ágresa hará lo propio el 10 de octubre, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Esta nueva investigación se suma a la de la 'Operación Nazarí', que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por PSOE, Vamos Granada e IU

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca -hoy alcalde-, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia -a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto-, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, en tanto que a su juicio el alcalde intervino para ejercer "presión" para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE "con todos los gastos pagados", justo después de la 'luz verde' a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015 en las que se impulsó el expediente, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las "arcas municipales".

Por ello, formuló denuncia contra siete personas -el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones- y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.