El SIPLG recurrirá el decreto de Alcaldía que obliga a prestar servicios extraordinarios y advierte que "aumenta el gran malestar" en la plantilla

El Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) ha manifestado su "total y absoluto rechazo" a la decisión tomada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, que ha obligado por decreto a prestar servicios extraordinarios, como ha informado El Independiente de Granada. La decisión de no prestar estos servicios se enmarca en las acciones de protesta de la plantilla por incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
En una nota de prensa, el sindicato mayoritario recuerda, como el decreto de la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), nombra para ese servicio extraordinario a "44 agentes que se encontraban en su turno de descanso, obligándoles en su tiempo libre a acudir a trabajar para prestar servicio de cobertura a un evento deportivo previsto para el próximo día 6".
El SIPLG hace hincapié en que la falta de agentes voluntarios para trabajar "ni más ni menos se debe al gran descontento que tiene la plantilla del Cuerpo de la Policía Local de Granada", debido al "continuo incumplimiento de promesas del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, con un Convenio Colectivo de trabajadores denunciado hace tres años". En este sentido añade que llevan "casi un año sin ningún tipo de reunión para avanzar en las negociaciones". Se refiere también al "incumplimiento del acuerdo de productividad, que fue firmado para el segundo semestre de 2024 y ha sido renovado de forma unilateral por el gobierno del Partido Popular sin ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores".
"Hemos trasladado nuestra preocupación ante esta situación en varias ocasiones incluso a la propia alcaldesa, solicitándole una reunión para buscar soluciones, reunión que nunca se ha producido", lamentan.
Con la firma de este decreto, con el nombramiento de servicio obligatorio a agentes que se encontraban en su día de descanso, "no hace más que aumentar el gran malestar de una plantilla que reivindica sus derechos laborales; un Decreto que será recurrido en las instancias pertinentes por no ajustarse a derecho, tal y como recoge la jurisprudencia, declarándolos nulos de pleno derecho".