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Apertura del año judicial en el TSJA. vía twitter del.gobierno

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este jueves acerca de la "constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial", lo que "ha contaminado la justicia por intereses" partidistas y ha favorecido un "constante etiquetado" de los jueces.

"Hay ejemplos elocuentes de cómo se ha contaminado la justicia por intereses políticos" y "las importantes dilaciones de los procedimientos agravan este problema", ha explicado Lorenzo del Río en su alocución en el acto institucional de apertura del año judicial en Andalucía, celebrado en la sede del Alto Tribunal, en Granada, donde ha advertido acerca de "la imparable judicialización de la vida social".

"A menudo se recurre a los tribunales cuando la solución de ciertos conflictos y la corrección de determinadas conductas debiera encontrar acomodo en la responsabilidad política", ha reseñado el presidente del TSJA para quien "resulta necesario evitar este tipo de situaciones" y "una serena reflexión sobre estos excesos" pues ello "no sólo comportaría una menor judicialización de la vida política, sino también un aumento de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

A esta problemática se une un "constante etiquetado" que sugiere que "hay jueces que actúan en función de preferencias políticas o ideológicas cuando intervienen en procesos que tienen por objeto asuntos de cierta trascendencia para el debate político", ha lamentado Del Río en un acto que ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera; y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, entre otras autoridades.

Se ha creado, en opinión de Del Río, "una justicia paralela en temas de cierta entidad" que se desarrolla "en los medios de comunicación con el propósito de establecer la verdad del caso" lo que es "una frivolidad" y supone "una grave erosión de principios constitucionales como la presunción de inocencia".

Del Río proclama "la independencia" con la que los jueces desempeñan su labor

"Frente a todo ello, es nuestro deber proclamar la independencia con que desempeñamos nuestro trabajo y nuestro exclusivo compromiso con la ley", ha indicado Del Río en el discurso correspondiente al primer año judicial de su segundo mandato al frente del Alto Tribunal andaluz.

Durante su intervención, el presidente del TSJA ha incidido también en "la larga espera de una profunda reforma de la justicia".

"Nuestra organización judicial se encuentra claramente desfasada", de ahí "la importancia de la concentración y formas colegiadas de trabajo, que rompan con tantos compartimentos estancos", ha indicado Del Río respecto a un modelo que favorecería la "especialización" y así la "seguridad jurídica".

Entre las medidas pendientes, el máximo responsable del Alto Tribunal también ha reseñado la creación de nuevas plazas judiciales, o los "déficits existentes en materia de infraestructuras"; para la "plena modernización tecnológica", 2017 será "clave una vez puestas las bases en 2016 que han permitido iniciar el proceso de implantación de la presentación telemática de escritos y su integración en el sistema de gestión procesal".

"Pido actuar sobre un poder judicial deprimido, pendiente de reformas estructurales desde hace quince años", ha concluido Del Río antes de hacer hincapié en "la confianza que merece nuestro sistema judicial" con una "justicia mejorable con unos buenos jueces".

En este sentido, hay un "incremento" de la productividad de los jueces que en Andalucía resolvieron más de 1,8 millones de asuntos durante 2015, consiguiendo reducir la pendencia en un 5 por ciento respecto a la anualidad anterior. La media de cada juez andaluz ha sido de 289 sentencias durante el año pasado.

La corrupción 'nos debilita', alerta el fiscal superior

En el acto de apertura del año judicial también ha intervenido el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien ha subrayado que "la víctima fundamental de la corrupción es nuestra convivencia y una continua incertidumbre que nos debilita y enfrenta".

En su opinión, los valores que resultan "gravemente afectados" por la corrupción "son numerosos y se vinculan con la escasez presupuestaria, la desconfianza en las instituciones, la financiación insuficiente de los servicios públicos básicos" y, entre otros, "el descrédito de la clase política".

En este contexto, en el ámbito judicial "nos encontramos con medios insuficientes, edificios inacabados, con instrumentos jurídicos anacrónicos y seguimos sin contar con un elemento tan indispensable y básico para nuestra labor como el de una verdadera Policía Judicial dependiente del Ministerio Fiscal y de los órganos jurisdiccionales, que lleve a cabo una respuesta lógica y proporcionada a la corrupción".

Preocupación por 'el tráfico de seres humanos' en el Estrecho

"La investigación criminal sigue acumulando, en casos de una cierta complejidad, retrasos injustificados y mantiene fórmulas completamente arcaicas y un lenguaje oscuro que sigue sin ser comprendido por la ciudadanía", ha explicado García Calderón quien ha hecho referencia a fenómenos como el "tráfico de seres humanos en el Estrecho de Gibraltar que, lejos de decrecer, mantiene niveles extraordinariamente elevados" o las consecuencias del desempleo.

En concreto, las cifras de "desempleo juvenil en Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son sencillamente estremecedoras y, en su comparación, rompen cualquier consideración lógica con otras regiones de la Unión Europea que no debieran estar tan alejadas de nosotros", ha indicado el fiscal superior.

Así, estas personas pueden llegar a "situaciones de abuso en sus condiciones laborales que podrían entrañar algunas formas de responsabilidad porque quienes apuran beneficios abusivos aprovechando este panorama laboral y la fragilidad de inmigrantes o desempleados de larga duración", ha indicado el fiscal superior.

García Calderón ha llamado la atención, a su vez, sobre los efectos de la crisis económica en las clases medias para llamar la atención sobre aquellos que "han pasado a convertirse en víctimas y a convertir a sus familias -padres, hijos menores o mayores, cónyuges- en víctimas indirectas" de "fraudes inmobiliarios que hipotecan su futuro o situaciones de explotación inaceptables o humillantes que determinan una merma continua de sus derechos".

"Los fiscales con destino en Andalucía, casi quinientos, seguirán cumpliendo con su deber" siendo "imparciales para demostrar que servimos a una sociedad avanzada que no acepta recortes en su libertad", ha concluido.