"La decisión del Ayuntamiento de Granada de aplazar hasta el 1 de octubre la aplicación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones es un paso en la dirección correcta", ha asegurado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate (PSOE), en unas declaraciones remitidas a los medios. 

Tras celebrar que la alcaldesa de Granada "haya atendido nuestras demandas", ha abogado por que este plazo de seis meses sirva para "alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta la realidad metropolitana y para corregir los puntos débiles de la ordenanza de movilidad que afectan a los municipios del entorno".

"Es esperanzador que el Ayuntamiento de Granada haya entendido que no se puede imponer una normativa de este calado con toda el área metropolitana en contra y sin garantizar antes medidas eficaces de transporte público y aparcamientos disuasorios viables", ha añadido.

La alcaldesa de Armilla ha subrayado que su municipio mantiene "una posición clara: cualquier aplicación de la ZBE que discrimine a las personas por el origen de su vehículo en lugar de por su nivel de emisiones es injusta y, además, podría ser inconstitucional. Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros vecinos y vecinas y trabajando para que esta medida no afecte de manera discriminatoria a quienes vivimos en Armilla y en el resto del área metropolitana".

Ha aprovechado para "tender la mano a la alcaldesa de Granada en la búsqueda de este objetivo común: mejorar la calidad del aire nuestras ciudades y del entorno metropolitano".