"(...) Algunos de ellos firmados y rubricados por los funcionarios autores o superiores jerárquicos de éstos que, con independencia de que algunos de ellos sean los funcionarios públicos aquí investigados y presentantes de tales documentos, contienen y han sido por ello tratados sin autorización de sus titulares, datos y expedientes municipales de personas físicas o jurídicas dignos de protección, vulnerándose así su derecho a la intimidad y al secreto del contenido de los archivos informáticos públicos, es decir, el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución", expone la representación legal del empresario, que ejerce la acusación en el caso que investiga las irregularidades en la venta de la Casa Ágreda. 

Para que esos documentos constituyen "prueba plena de cargo o de descargo", su tratamiento debe ser "autorizado judicialmente", argumenta en el escrito de reforma que ha presentado contra la incorporación de esos documentos. Sin esa autorización, no es posible ni su tratamiento ni divulgación a terceros. Además, recuerda que no puede entenderse que esa autorización queda "subsanada por suadmisión", pues "se estaría permitiendo la posibilidad de comisión no sólo de infracciones administrativas sino también de ilícitos penales de revelación de secretos, sin perjuicio del deber de secreto profesional que compete y obliga a los profesionales intervinientes en este proceso". 

"No puede pues quedar duda alguna de que los 20 documentos tratados y extraídos de los registros públicos de archivos informáticos municipales e impresos para su incorporación a este proceso infringen el derecho del secreto de las comunicaciones y a la intimidad y protección de sus datos de todos los intervinientes y citados en los mismos, sean personas físicas o jurídicas los titulares de tales datos", agrega citando resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, entre otras instancias. 

En su recurso de reforma pide "la devolución inmediata" de los 20 documentos, "ordenando al resto de partes la destrucción de los mismos al ser incorporados ilegalmente a sus ficheros y, en su caso, la apertura de la correspondiente investigación por las vulneraciones e ilegalidades denunciadas al aportarse a esta causa con remisión a los organismos o instituciones correspondientes y, en su caso, con la deducción de testimonio por la posible existencia de ilícitos penales de carácter grave o muy grave".