La familia de Isabel y Manuel va a ser desahuciada este jueves 22 de octubre en Granada y la familia de Caterina e Iván será desahuciada el 28 de octubre en Santa Fe "si no logramos impedirlo", denuncia Stop Desahucios..

“Rogamos a los granadinos que se queden en casa”, dijo el Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre, el pasado viernes 16 de octubre, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer las medidas impuestas durante 15 días a 32 municipios granadinos, debido al elevado número de contagios por COVID19. Dos familias que pertenecen a Stop Desahucios Granada 15M "no podrán hacerlo porque les van a echar de su casa; esa es la cruda realidad que estamos afrontando en Stop Desahucios Granada 15M", lamenta el colectivo.

Según explica Stop Desahucios, la familia de Isabel y Manuel, con una hija de 17 años y un hijo de 8 tiene, programado su desahucio para la mañana del jueves 22 de octubre, de la vivienda que habitan en la calle Diego de Arana, 32, desde hace dos años, propiedad del Banco Santander y gestionada "por el fondo buitre Global Pantelaria —vinculado a Cerverus—, a quien la entidad bancaria vendió 35.000 viviendas por más de 1.500 millones de euros".

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Familia de Isabel y Manuel. s.d.

"A lo largo de estos años, la familia, junto a nuestro colectivo ha tratado por todos los medios de regularizar su situación tratando de pagar un alquiler social sin éxito. Hace menos de un año conseguimos parar el desahucio el mismo día que estaba programado, pero esta vez parece irremediable, porque Global Pantelaria ha cortado todas las comunicaciones con la familia y nuestro colectivo. Además, nos hemos reunido con los Servicios Sociales Comunitarios de Zona Norte, tratando de conseguir una alternativa habitacional por si la familia fuera desahuciada, pero la respuesta se limitó a ofrecer un piso compartido para Isabel y los menores, mientras que Manuel tendría que ser realojado por algún familiar. No podemos entender que en la situación actual, cuando las condiciones de hacinamiento se están mostrando un vector de transmisión de contagio, se obligue a una familia que habita una vivienda que estaba vacía y en desuso procedente de un gigante inmobiliario, a vivir compartiendo una vivienda, con todos los riesgos para la salud que conlleva, en lugar de aceptar el pago del alquiler social y no ser desahuciada", explica Stop Desahucios.

Vivienda en desuso en Santa Fe

Por su parte, la familia de Caterina e Iván, con dos hijos de 2 y 14 años y una hija de 7 años, lleva cuatro años habitando una vivienda también vacía y en desuso, en la calle José Pérez Garzón, 3, de Santa Fe, cuya propiedad era de BBVA hasta que pasó a manos de Divarian (negocio inmobiliario del fondo buitre Cerverus al 80% y BBVA al 20% con un parque de 2.000 viviendas).

Durante estos años la familia junto al colectivo Stop Desahucios ha tratado de regularizar su situación presentando múltiples propuestas para pagar un alquiler social, "pero el fondo buitre ha solicitado la ejecución del desahucio en varias ocasiones, que hasta ahora conseguimos impedir por las intermediaciones de nuestro colectivo y con el apoyo del alcalde de Santa Fe, Manuel Gil y de la Delegación de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Granada. Aunque en las últimas semanas hemos tratado de paralizar negociando con BBVA, el jueves pasado el director de la sucursal de Gran Vía no solo se negó a recibirnos sino que una empleada nos denunció a la policía, por lo que los agentes nos pidieron salir tras poner una reclamación sin alcanzar tan siquiera a explicarles los motivos por los que este desahucio es una grave negligencia, ya que la familia no cuenta con una red de apoyo que pueda realojarla, no tiene alternativa habitacional y va a quedarse en la calle", relata Stop Desahucios.

"Este verano algunos medios de comunicación se hicieron eco de la ocupación como un problema social que afecta a los propietarios de viviendas, pero estos son los problemas reales de la ocupación: dos familias que ocupan desde hace años inmuebles que estaban deshabitados y abandonados de gigantes inmobiliarios y que si no lo impedimos, se quedarán en la calle en la segunda ola de la pandemia", afirma el colectivo social.

"Nuestro colectivo está intentando por todos los medios que ambos desahucios se paralicen y puedan quedarse en su casa, tal y como ruega el consejero de salud. Para ello apelamos a la responsabilidad social de las entidades bancarias y las instituciones públicas, así como a la solidaridad de la sociedad granadina para que estas dos familias con menores no sean desahuciadas", finaliza Stop Desahucios.