El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su "seria preocupación" por la falta de respuesta consensuada ante el problema que sufren los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar, en La Herradura, en término municipal de Almuñécar.

En una carta de la que ha informado la comunidad de propietarios de Cármenes del Mar, la Oficina del Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por los vecinos y ha afirmado que "se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes".

Jesús Maeztu "se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al Ayuntamiento de Almuñécar exponiendo su seria preocupación por el hecho de las gestiones desarrolladas hasta ahora no hayan hecho posible alcanzar una respuesta consensuada ante sus demandas".

En ese sentido, la Oficina del Defensor se ha puesto a disposición de las tres administraciones al objeto de intentar facilitar un acuerdo entre las partes que permita dar una solución a las más de 400 familias de la urbanización, pidiendo que se haga "un esfuerzo" por parte de "todos para estabilizar los terrenos y evitar nuevos deslizamientos".

La comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz llega semanas después de que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, confirmase en el Parlamento de Andalucía que "no va a dar cumplimiento al mandato de la propia Cámara, que aprobó en febrero una Proposición no de Ley para declarar la emergencia en la urbanización Cármenes del Mar, donde hay 42 viviendas desalojadas y otro centenar en riesgo", ha resaltado la comunidad de propietarios en una nota de prensa en la que ha agradecido a Maeztu "por hacer suya nuestra reivindicación".

El juzgado falló en noviembre de 2014 a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las suburbanizaciones interiores según su intervención en las mismas.

De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

En estos momentos, las más de 400 familias perjudicadas en la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura-Almuñecar están pendientes de la decisión de la Fiscalía de Granada de proseguir o no las actuaciones frente a la familia Rodríguez-Acosta, administradores de la promotora Cerro Gordo.

De su decisión dependerá que estas familias puedan utilizar para reparar los daños de las urbanizaciones las indemnizaciones que les corresponderían tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de noviembre de 2014 que dio la razón a los vecinos.