El Defensor del Pueblo exige a las administraciones una solución definitiva a los cortes de luz en la Zona Norte
Es uno de los problemas de la capital granadina que aún no está resuelto. Y causa profunda vergüenza. Con la llegada del buen tiempo y la inncesaria ayuda de las estufas eléctricas, se olvida el problema para una población que sufre apagones de luz por enganches ilegales de plantaciones de marihuna. Inconcebible A quinientos metros de la Comandancia de la Guardia Civil. Con un olor a cannabis insoportable. Solo cuando los sufridos residentes protestan parece, pero solo parece, que algo se mueve en las administraciones. Pero no está resuelto. El Defensor del Pueblo Andaluz se ha plantado y exige medidas definitivas. Lo hace en una resolución que reprocha a las administraciones implicadas su 'dejación de funciones'. Encarga a todas ellas tareas para que se coordinen con el fin de dar una respuesta eficaz y definitiva. Y, además, reclama indemnizaciones para los perjudicados por los daños causados. Y que el Ayuntamiento de la capital canalice la demanda ciudadana. Los vecinos y vecinas de todas las barriadas de la Zona Norte afectadas lo merecen. Merecen más que el respeto.
En la resolución, a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz se dirige a las Administraciones competentes “para que de forma efectiva pongan en marcha, de forma coordinada y en su respectivo ámbito de competencias, las medidas que sean necesarias para solucionar definitivamente el problema de los cortes de suministro en la zona Norte de Granada”.
Tras aportar los antecedentes de la queja que abrió el pasado 11 de marzo de 2015, el Defensor del Pueblo Andaluz se extiende en la resolución en las consideraciones que justifican su resolución y considera, en su minucioso análisis, que los vecinos y vecinas perjudicados han visto vulnerados hasta siete derechos protegidos por la Constitución, el Estatuto de Autonomía en diferentes decretos.
En su reproche, reconoce que dada la especial situación de los afectados, y al no “quedar garantizado adecuadamente el suministro de luz en sus viviendas” se genera “en la población cierta sensación de abandono por parte de los poderes públicos que deberían actuar en su defensa”.
Derechos conculcados
Según el Defensor del Pueblo Andaluz, los apagones por los vergonzosos enganches ilegales para las plantaciones de cannabis, afecta “el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA) y que el artículo 51 de la Constitución española (CE) define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas”.
Una de las movilizaciopnes de los vecinos ante Endesa. Miguel Roríguez
Por otra parte, el disfrute de suministros básicos en la vivienda como agua, luz y gas “puede considerarse inherente al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) o al derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), encuadrados en la categoría de principios rectores de la política social y económica”.
La situación actual “pudiera haberse derivado de una dejación de las funciones de conservación y mantenimiento de zonas comunes de las promociones correspondientes, pues en caso contrario no se entiende que no se haya detectado y actuado ante el uso ilegal de las viviendas”.
“Especialmente se encuentran implicados los derechos de menores de edad y de las personas mayores, cuya protección y atención integral se atribuye a los poderes públicos de Andalucía (arts. 18 y 19 EAA)”. Además, prosigue el Defensor del Pueblo Andaluz, “entre los objetivos básicos cuyo desarrollo encomienda nuestra norma estatutaria a la Comunidad Autónoma se cita ‘La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social’. A tal fin insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a adoptar las medidas adecuadas, entre otras, la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (art. 10.3.14º y 10.4 EAA)”.
Igualmente, considera, que los hechos descritos revelan “una merma a la prestación de servicios públicos de calidad, establecido en el artículo 37 de nuestro Estatuto de Autonomía como uno de los principios que han de regir la actuación de los poderes públicos de Andalucía”. A este respecto valoramos que la falta de medidas efectivas ante los cortes de suministro por parte de las distintas Administraciones públicas competentes supone una dejación de las funciones que le han sido encomendadas. “Recordemos que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia (Exposición de motivos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). Aunque progresivamente se ha reducido la intervención pública en la gestión del sistema, se mantienen obligaciones de seguridad y calidad del suministro así como de protección al consumidor por cuyo cumplimiento deben velar las Administraciones”, señala la resolución.
Y cita el artículo 79.10 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para señalar que “todo consumidor tiene el derecho a recibir el suministro en las condiciones mínimas de calidad que se establecen en el propio Reglamento”.
Una acción eficaz para ofrecer una respuesta definitiva a los cortes de suministro
El Defensor del Pueblo Andaluz reconoce que “esta compleja situación requiere una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes: estatal, en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y al orden público; autonómica, en cuanto que es la que tiene las competencias exclusivas en materia del derecho a la vivienda; y local, con competencias en materia social, dadas las situaciones de vulnerabilidad y de verdadera exclusión social que se aprecian en los barrios afectados”.
Jesús de Maextu señala que se ya se ha dirigido a las Administraciones competentes y solicitar “su intervención eficaz”, así como a Endesa “para facilitar las tareas necesarias en orden a la normalización del suministro eléctrico en la zona”.
Además, también ha trasladado la situación a la Fiscalía Superior de Andalucía con el fin de “someter a su consideración la posibilidad de iniciar una investigación sobre los delitos que se estarían cometiendo y, fundamentalmente, para facilitar la identificación de las personas responsables y su debida imputación”.
Una de las calles de la Zona Norte. P.V.M.
“Por lo que hace a la utilización de viviendas de promoción pública para el cultivo de plantaciones de marihuana, entendemos necesario el control de oficio por la Administración de la ocupación y uso de las viviendas protegidas”.
En el caso de viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, “corresponde a este organismo proceder a la investigación y comprobación de los hechos -denunciados tanto por los ciudadanos como por el propio Ayuntamiento- para con posterioridad llevar a cabo las actuaciones legales que procedan encaminadas a que las viviendas en cuestión cumplan con el fin público que justificó su construcción”.
"El Ayuntamiento de Granada podría erigirse en cauce adecuado para canalizar la demanda ciudadana en relación con los perjuicios ocasionados por los cortes”
Por otra parte, aprecia que la situación actual “pudiera haberse derivado de una dejación de las funciones de conservación y mantenimiento de zonas comunes de las promociones correspondientes, pues en caso contrario no se entiende que no se haya detectado y actuado ante el uso ilegal de las viviendas”.
Del mismo modo, para las promociones de vivienda en régimen de compraventa, “su naturaleza jurídica exigiría que, de oficio, se realizara un plan de inspección para comprobar que se destinan a domicilio habitual y permanente de sus legítimos adjudicatarios a fin de que estas viviendas sirvan a los fines para los que fueron promovidas”. En caso contrario, resulta procedente “instar la recuperación de las viviendas que estén ocupadas sin título suficiente y los procedimientos sancionadores oportunos”, señala la resolución.
Advierte el Defensor del Pueblo que “muchos de los enganches ilegales también podrían deberse a situaciones de ‘pobreza energética’, de modo que familias sin recursos optan por la defraudación del fluido para atender sus necesidades básicas. Ante estas situaciones puntuales entendemos que el Ayuntamiento de Granada, a través de los Servicios Sociales, podría jugar un papel decisivo en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro junto con la atención global de las necesidades familiares.
Finalmente, entiende que debe corresponder a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, “la garantía de la adecuada calidad de suministro, supervisando la correcta valoración de los niveles de calidad individual y, en su caso, de los descuentos que reconozca la distribuidora por su incumplimiento”.
A este respecto creemos oportuno reiterar la oportunidad de arbitrar alguna medida compensatoria en favor de los usuarios con contrato perjudicados por los cortes de suministro, independientemente de que hayan formulado reclamación o no.
Al efecto señala que "el Ayuntamiento de Granada podría erigirse en cauce adecuado para canalizar la demanda ciudadana en relación con los perjuicios ocasionados por los cortes”.
