El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han acordado este lunes mantener los juzgados especializados en cláusulas suelo en 2018 para evitar que los de primera instancia se colapsen por el aumento de carga de trabajo en relación a los litigios en esta materia.

 

Según han informado fuentes del órgano de gobierno a Europa Press, esto no significa que en la reunión se haya decidido prorrogar el plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio, sino que se seguirá debatiendo los próximos días para analizar si es necesario o no hacer ajustes al plan ya establecido y, en su caso, rediseñarlo.

 

En este primer encuentro han participado el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, vocales de esta institución, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas.

 

La vigencia de dichas medidas concluye el próximo 31 de diciembre, por lo que de haber un nuevo plan debe quedar fijado antes de finalizar el año y aprobado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, apuntan las mismas fuentes.

 

La reunión de este lunes ha tenido como objeto el estudio de si procede la prórroga de dicho plan o no. Ya el pasado 13 de noviembre, el CGPJ, Justicia y las comunidades autónomas se reunieron para analizar la situación de los juzgados especializados en cada provincia.

 

En ese encuentro Carlos Lesmes comunicó el planteamiento de un "cambio cualitativo importante" en el que se prevé la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en los juzgados donde ya se han puesto en práctica.

 

 

Tras estudiar las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil, se ha estimado que el año que viene se deben precisar de más de 100 jueces para hacer frente a las demandas presentadas desde el pasado 1 de junio.

 

En dicha reunión, Catalá aseguró que estudiaría la información facilitada por el CGPJ para pronunciarse sobre la prórroga de este plan de urgencia mientras que las comunidades autónomas mostraron su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan, aunque reclamaron una "hoja de ruta" en la que se fije de manera clara y estable esas necesidades.