El sindicato CCOO ha reclamado la libre absolución de los trabajadores procesados en el llamado caso Alhambra, al entender que durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado diciembre, "no se ha demostrado ninguna irregularidad", mientras que el proceso ha causado un "daño desmedido" en el colectivo al prolongarse durante casi doce años.

Desde el sindicato afirman que el fondo del juicio por el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento, que sentó durante tres meses a medio centenar de personas en el banquillo de los acusados, la mayoría trabajadores, "responde más a un problema organizativo, conocido por la dirección y puesto de relieve por el propio comité de empresa, que a un verdadero litigio penal".

Así, el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, ha sostenido este martes que no ha quedado demostrada la existencia de ningún tipo de irregularidad, y aún menos delictiva, en el Patronato de la Alhambra por parte de sus trabajadores.

De hecho, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Agustín de la Cruz, cree "no se tenía que haber celebrado ni juicio" y ha reclamado que "se depuren responsabilidades con las personas responsables de la gestión de la Alhambra, es decir, la dirección del Patronato".

Para el sindicato, el anterior equipo de dirección del monumento fue el "artífice de esta macrocausa" y ha recordado que está siendo actualmente inmerso en un proceso judicial, el llamado caso de las audioguías por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos.

CCOO ha censurado las "incongruencias, dilaciones y resoluciones difícilmente justificables" que a su juicio han existido en esta macrocausa en la que "después de doce años todavía no existe sentencia", mientras que "el daño ocasionado al personal imputado ha sido desmedido", argumenta.

Así, la organización sindical ve "incomprensible" que, si los actos ilícitos que se reclaman fuesen ciertos, no haya ningún responsable del monumento entre las personas implicadas, "por acción o por omisión".

Los 48 acusados por esta causa, entre los que se encuentran trabajadores del Patronato, guías turísticos y responsables de agencias de viajes, se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

No obstante, cuatro de ellos ya ratificaron al inicio del juicio un acuerdo de conformidad que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.