El Partido Popular considera que la sentencia del Caso Alhambra "no aclara la responsabilidad política" de la Junta de Andalucía, pese a que la fiscalización, el control y la vigilancia en los accesos al monumento "han sido y son su competencia". 

La parlamentaria Marifrán Carazo ha destacado que, "después de trece años de destaparse las irregularidades, nadie en la Administración autonómica ha dado la cara y los responsables políticos han optado por derivar sus responsabilidades a los trabajadores del Patronato".

Carazo ha anunciado que pedirá en el Parlamento de Andalucía una valoración política de la sentencia ahora emitida y que se debata y se evalúe en profundidad "los efectos negativos y el daño que en todo este periodo ha sufrido no ya sólo la Alhambra, sino la ciudad de Granada en general". 

Además, ha incidido en que durante el juicio "han quedado acreditadas numerosas irregularidades: turistas que accedieron al monumento sin entrada o con la entrada ya recortada, casos de dos o más personas entrando con sólo una…Ha quedado acreditado que hubo una alteración en el flujo de visitantes y que esas irregularidades se produjeron “sin que hubiera ningún tipo de control, con una total permisividad". 

"El problema -ha añadido la parlamentaria- persiste trece años después". 

Este viernes en el que se ha conocido la sentencia, Marifrán Carazo y la portavoz del grupo municipal en Granada, Rocío Díaz, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Guías Turísticos, la de Agencias de Viajes, la Federación Provincial de Hostelería y la Plataforma Alhambra para Todos en la que "se ha hablado en profundidad" de lo que Díaz considera "un debate real y totalmente abierto, que es la persistencia de problemas en el reparto y distribución de entradas y en el acceso de visitantes al monumento". 

Carazo y Díaz han coincidido en que "el problema de fondo no se ha ido, ni mucho menos" y han culpado de ello al Gobierno autonómico “por no tener un verdadero interés por solucionarlo, pese a que ha sido objeto de una investigación judicial que ha desembocado en esta sentencia". 

"Urgimos al Gobierno de Andalucía a resolver de una manera definitiva ese reparto y distribución de entradas con transparencia, rigor y consenso, y con el criterio esencial de contar y beneficiar al empresariado y a la economía local", ha afirmado Marifrán Carazo, mientras que Rocío Díaz ha puesto el acento en el "descontento generalizado" del sector, pese a que la Junta "quiera vender que hay acuerdo entre todas las partes implicadas". "Confunden el mantener reuniones con llegar a acuerdos. No se puede traducir un encuentro en el que se produce un tira y afloja para acortar plazos en las entradas nominativas con un acuerdo total, como intentan hacer", ha subrayado. 

Díaz ha traído a colación la Carta Internacional sobre Turismo del colectivo Icomos, que en su XII Asamblea General, celebrada en octubre de 1999, dejó claro lo siguiente: "La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería proporcionar beneficios equitativos de carácter económico, social y cultural a los hombres y mujeres de la comunidad anfitriona, a todos los niveles, a través de la educación, la formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo". 

"Eso es lo que debe hacerse, el criterio que debe seguirse", ha apuntado la portavoz en Granada, que ha instado al alcalde de la ciudad y vicepresidente del Patronato de la Alhambra, Francisco Cuenca, a que "de una vez por todas se reúna con el sector, que se atiendan las reivindicaciones y propuestas que sus representantes han hecho llegar y que se alcance un consenso real y efectivo". Asimismo, y "para que no haya lugar a posibles engaños”, ha propuesto que el portal de transparencia del Patronato “recoja las actas de las reuniones con el sector turístico".