La alcaldesa de Granada en funciones y concejal de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia en el Ayuntamiento de la capital, Ana Muñoz (PSOE), ha considerado "lamentable" la nueva investigación judicial abierta al exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado y a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, entre otros, por posible prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la adjudicación de la Casa Ágreda, del siglo XVI, a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En declaraciones a los periodistas, Muñoz, que ha pedido explicaciones al PP, ha recordado que este asunto fue denunciado por el PSOE cuando estaba en la oposición -además de por Vamos Granada e IU-, por lo que los socialistas ya estaban "alerta" por un procedimiento que "ya pintaba mal" y que, en su opinión, no se hizo "de forma transparencia" ni con "visos de legalidad", como ha confirmado la denuncia interpuesta por Fiscalía por este asunto, que ya está en manos del Juzgado de Instrucción 9 de Granada.

Para Muñoz, al PSOE le llamaba la atención y le "escamaba" el "corto espacio de tiempo" en el que se tramitó la operación, en cuatro meses después de que Torres Hurtado se reuniera con responsables de AIDE, y la "coincidencia" de la oferta propuesta por la ONG y la valoración que se hizo por parte del Ayuntamiento, lo que pone en "entredicho" la actuación del anterior gobierno municipal.

La alcaldesa en funciones, que se ha mostrado "respetuosa" con las decisiones de la Fiscalía y los jueces que se deriven de este asunto, ha considerado que, en el terreno político, no sólo deberían dar explicaciones Torres Hurtado y Nieto -que dimitieron tras ser detenidos en el marco de la 'Operación Nazarí' por posible corrupción urbanística el pasado mes de abril- sino también todos los miembros de las Juntas de Gobierno Local presuntamente implicados, entre ellos el actual coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, pero también ediles como María Francés, Fernando Egea, Francisco Ledesma, Telesfora Ruiz y Juan García Montero.

Para Muñoz, no se sabe ahora "qué sorpresas" va a conllevar la investigación, pero, en su opinión, lo que sí está claro es que "la forma de gestionar el urbanismo y la cesión de espacios patrimoniales" no se han hecho con transparencia durante el anterior mandato. "Está clarísimo que la auditoría en Urbanismo es más que necesaria".

Una de las primeras medidas que adoptó el alcalde socialista Francisco Cuenca cuando llegó al gobierno del Ayuntamiento fue la resolución del contrato por el que se adjudicó el uso de la Casa Ágreda a la AIDE, al considerar que esta operación suponía "malvender" este bien patrimonial.

La iniciativa fue anunciada por el propio alcalde, que explicó que la resolución se producía debido además al "incumplimiento" que esta ONG ha hecho de una de las cláusulas del contrato, concretamente la presentación del proyecto de rehabilitación que debía acometer en este inmueble catalogado en un plazo de seis meses.