Ejercer la acusación en el caso que investiga las irregularidades en la cesión de la Casa Ágreda por parte del gobierno del PP a una ONG internacional no está siendo fácil. El juez José Luis Ruiz Martínez, que se vio obligado a reabrir el caso al que había dado carpetazo por orden de la Audiencia, acaba de rechazar en un mismo auto seis recursos presentados en varios meses, inadmitido un séptimo y negado la práctica de diligencias solicitadas, como comisiones rogatorias a Marruecos y Francia, al considerar que 'alargarían artificialmente la instrucción'.

El empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación, como lo hace también el grupo de Vamos Granada, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia solicitando la nulidad de este último auto y de otras resoluciones que se citan en el mismo reiterando que el juez está vulnerando sus derechos. En concreto, el derecho constitucional de tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías. 

Una vez más la acusación pone en duda la actuación del juez. Expone en su recurso que ni siquiera se han resuelto algunos de los recursos de forma expresa; en otros casos las interpelaciones planteadas no se han tramitado. 

En el recurso se vuelve a censurar que algunos investigados hayan aportado para su defensa escritos de terceros al Ayuntamiento, señalando que se trata de una vulneración de la protección de datos.

Entre otras peticiones, plantea a la Audiencia que declare nulidad de actuaciones y declaraciones prestadas por testigos, como el que fuera concejal de Patrimonio con el PP Eduardo Caracuel; la devolución de los escritos municipales aportados por los investigados; y la práctica de las diligencias denegadas por el juez.