Vamos Granada, formación incluida en Más País Andalucía, ha acusado este jueves al PSOE de "boicotear la recuperación" desde el equipo de gobierno local granadino de un millón de euros del Ayuntamiento en el conocido como caso TG7 por el que la justicia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex edil del PP Juan Antonio Fuentes por supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en 2015 en la televisión municipal.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha destacado que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso contra el archivo del proceso por supuesta malversación porque el gobierno local "considera que esos 900.000 euros pagados sin control legal no supusieron ningún perjuicio al patrimonio municipal".

La exedil Marta Gutiérrez, integrante de Vamos Granada-Más País Andalucía, personada en el caso TG7 por este partido ha declarado en este sentido que "se ha producido un grave punto de inflexión en el caso de las facturas irregulares de la televisión pública municipal de la ciudad".

Así, abierto el juicio oral por supuesta prevaricación, "el posible delito de malversación ha sido borrado del mapa al desestimar la Audiencia Provincial de Granada el recurso formulado por la Fiscalía General del Estado y el partido".

Gutiérrez ha declarado que "las posibilidades de que ese dinero vuelva a las arcas públicas se acaban de reducir drásticamente hasta prácticamente desaparecer, al confirmarse el archivo del delito de malversación, por el que también estaba siendo investigado el empresario que cobró durante más de dos años un 60 por ciento más del contrato original, fuera de presupuesto, fuera de concurso, y a escondidas de cualquier control público".

Ha añadido que "se juzgará solamente por prevaricación y únicamente al concejal del PP que firmó las facturas irregulares, dejando fuera al empresario que se benefició del cobro de las mismas".

En esta causa, la acusación popular ejercida por Vamos Granada ha solicitado la pena de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exconcejal del PP por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía le solicita la misma pena por el mismo delito en el marco de esta causa que previsiblemente se juzgará en la Audiencia de Granada en fecha aún por determinar.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, Vamos Granada expone que el 1 de julio de 2015, Juan Antonio Fuentes, supuestamente "conociendo que estaba prescindiendo del procedimiento administrativo legalmente establecido y que carecía de competencias para ello", suscribió en nombre del Ayuntamiento un convenio de servicios complementarios al contrato de servicios de grabación de todos los eventos informativos, programas o especiales designados por TG7 con la entidad CBM.

Este documento modificó, a juicio de la acusación popular, las condiciones anteriormente establecidas y "creó un sistema de contratación publicitaria de forma paralela al Ayuntamiento, eludiendo cualquier control del órgano municipal".

Por su parte, Unidas Podemos e Independientes ha declarado en una nota de prensa su satisfacción ante la decisión del Juzgado de Instrucción 6, que dicta el auto de apertura de juicio oral contra Juan Antonio Fuentes por un presunto delito continuado de prevaricación en relación con el conocido como caso TG7, y ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Granada por su posición ante el supuesto ilícito de malversación.

Desde el Grupo Municipal, personado en el proceso como acusación popular, han alegado que "es una buena noticia que se estén dando pasos para conocer, después de tanto tiempo, qué pasó durante años en la televisión pública de Granada". El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, ha sostenido que "pronto podremos saber si TG7 fue usada a capricho, además de servir durante aquel tiempo como instrumento de propaganda exclusivo del PP".

El portavoz, por otro lado, ha sostenido que la decisión de la Audiencia Provincial desestimando la imputación del delito de malversación de fondos públicos contra el concejal Fuentes y el resto de los inicialmente investigados, "a los que tampoco se les imputa el delito de prevaricación, supone un golpe contra los intereses de los granadinos".

Cambril ha sostenido que "es vergonzoso" que, "además, esta decisión quede avalada por el Ayuntamiento de Granada que declara no sentirse damnificada por los hechos supuestamente cometidos por el exconcejal Fuentes". "Supone una dejación de funciones y el abandono de la defensa de los intereses de la ciudadanía", ha agregado el edil.

Ha añadido que, "desde este Grupo, no entendemos cómo desde un escrito del propio Ayuntamiento con fecha del 21 de julio de 2021, con Francisco Cuenca como alcalde, se rechaza seguir investigando la acusación de malversación de fondos".