La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes por un presunto delito continuado de prevaricación en el juicio por supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de esta ciudad, TG7.

El fiscal acusa a Fuentes de provocar un perjuicio económico de 864.121 euros a las arcas municipales al firmar en 2015 un contrato con una productora para la prestación de servicios extraordinarios pese a no tener competencias para ello y con la supuesta "finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal" y "beneficiar a la empresa"

En la última sesión del juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia de Granada, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que acusa a Fuentes de provocar un perjuicio económico de 864.121 euros a las arcas municipales al firmar en 2015 un contrato con una productora para la prestación de servicios extraordinarios pese a no tener competencias para ello y con la supuesta "finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal" y "beneficiar a la empresa".

El resto de acusaciones --ejercidas por el Ayuntamiento de Granada, el PSOE e IU-- también han mantenido sus peticiones de inhabilitación especial para el exconcejal, que van entre los 10 y los 15 años, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Fuentes ha hecho uso de su derecho a la última palabra para defender su inocencia y afirmar que siempre ha actuado pensando en el "bien de Granada", por lo que rechaza que se le pueda recordar como un político que prevaricó debido a esta causa, que ahora queda pendiente de que se dicte sentencia.

En la primera sesión del juicio, Juan Antonio Fuentes expuso que él no conocía las condiciones ni intervino en la elaboración del contrato que firmó en 2015 para "reducir la deuda" contraída con la productora, pues el documento fue preparado por personal del consistorio. Así, ha incidido en que cuando esta clase de documentos llegaban a la mesa de su despacho "para la firma" ya "venían revisados por los servicios técnicos", de modo que desconocía los pormenores.

En todo caso, mantuvo que este convenio de esponsorización "no era un contrato público sino privado", que "no tenía efectos administrativos" y con él se "consiguió algo bueno como fue rebajar en 300.000 euros la deuda" que se tenía con la productora.

Matizó que él no decidía los servicios extraordinarios que se prestaban sino que existía una directora de contenidos y había además una comisión de control con representación de todos los grupos municipales donde se aprobaba periódicamente la programación. Junto a ello recordó que este asunto fue objeto de una comisión de investigación donde se le absolvió en vía administrativa, sin que nadie lo recurriera; mientras que posteriores auditorías externas habrían avalado la prestación de los servicios.