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Reciente protesta del personal de Servicios Sociales en la Plaza del Carmen. indegranada

En el Centro Municipal de Servicios Sociales Beiro, el equipo de Infancia y Familia está integrado por tres profesionales y, a fecha de enero de este año, atendía a 126 familias con menores en situación de riesgo. Es solo uno de los datos que el sindicato CGT ha ido haciendo públicos en los últimos meses para denunciar la falta de personal en el área de Servicios Sociales de Granada y las carencias que padecn, entre ellas listas de esperas, tardanza en la llegada de las ayudas municipales a las personas que recurren a este servicio municipal o dejar sin cubrir las bajas del personal que lo atiende.

Un área municipal con una tarea cada vez mayor para una plantilla que no crece

Un área municipal con una tarea cada vez mayor para una plantilla que no crece. Y no es un área cualquiera. Es la que dio la cara, en las peores circunstancias, para atender las necesidades derivadas de la pandemia; o la que años antes se enfrentó a la quiebra social provocada por la grave crisis económica; la que ahora sabe bien que la pobreza tiene otra cara, la de personas trabajadoras a las que el sueldo da lo justo para vivir o ni siquiera llega y tienen que elegir entre pagar la vivienda -hipoteca o alquiler- o el recibo de los suministros básicos. En definitiva, la que atiende las necesidades básicas de la población de la capital.

Ese déficit lo denuncian sus trabajadores y trabajadoras cada semana, desde noviembre del pasado año. Se retomaron las movilizaciones ese mes, justo al cumplirse un año de que se aprobara una declaración institucional, por todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Granada, en la que, entre otros compromisos, se asumió el incremento de la plantilla, fijándolo en "alrededor de 92 plazas". 

Porque en noviembre de 2022, en el anterior mandato, con el PSOE en el gobierno municipal, el pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos políticos, que entonces eran PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox y No adscritos, en el que el Ayuntamiento de Granada se comprometía a dar respuesta a las necesidades de ese servicio público "fundamental". 

El refuerzo del área, un compromiso de toda la corporación que ahora no cumple el PP

Como se recogía en aquella iniciativa, convertida en un compromiso de toda la corporación municipal, este área "no ha sido suficientemente dimensionada" a pesar del "aumento significativo" de las necesidades sociales desde la crisis de 2008 y todas las consecuencias derivadas de la pandemia.  "Lo que nos han demostrado la reciente pandemia y la situación actual es que el Área de Derechos Sociales debe ser una prioridad para el Ayuntamiento de Granada y que necesita dotarse de medios y personal suficientes para afrontar la situación de crisis social y económica que se está produciendo", resaltaba la declaración, que asumió los siguientes compromisos: 

• Ampliación del personal público estable adscrito al Área de Derechos Sociales, con la creación del máximo de plazas posibles de estructura con dotación económica incluida en la oferta de empleo público del año 2023, que palien la pérdida de profesionales debida a la finalización de los programas temporales y por la amortización de plazas.
• Iniciación de la cobertura de todas las bajas que se produzcan, de un periodo medio y de larga duración, en un plazo máximo de 15 días.
• Reestructuración, en la medida de lo posible, de las aplicaciones presupuestarias, en el marco del capítulo 1, con el objetivo de evitar o paliar la amortización de plazas de Derechos Sociales y otros servicios esenciales por jubilación y se posibilite así financiar la reconversión y creación de plazas y cobertura de estas plazas sin incumplir el Plan de ajuste municipal.
• Creación del mayor número de plazas posibles con el objetivo de cubrir el déficit que sufre el Área de Derechos Sociales, estimado en alrededor de 92 plazas de estructura, y otros servicios esenciales a través de las Ofertas de empleo que se aprueben en los sucesivos años. Mediante un Plan de Recursos Humanos pactado con los sindicatos y que plantee sus objetivos en un periodo de máximo cinco años.
• Dotación de presupuesto suficiente para el área de derechos sociales. Para poder abordar en su totalidad las competencias propias, especialmente en casos de emergencia o urgencia social, para en su caso suplir la falta de financiación de las competencias delegadas por parte de otras administraciones, reclamándoselas cuando proceda y para poder abordar otras competencias asumidas por la corporación mediante los acuerdos de los distintos órganos municipales.
• Mejora organizativa del Área de Derechos Sociales, en las vías de comunicación, de coordinación interna y externa (con otras Áreas y otras administraciones) Estas mejoras deberán establecerse para el trabajo presencial y el no presencial, dotando de recursos suficientes materiales y de espacio, en su caso, para hacerlo posible.
• Elaboración de un Plan de emergencias sociales, con el fin de no volver a enfrentarnos sin herramientas de ningún tipo de situaciones que ya se pueden prever.
• Consideración real de servicio público esencial, por lo tanto se dotarán de las medidas de prevención y protección adecuadas a las funciones y se proporcionarán medios para el trabajo profesional digno y de calidad.

La representación sindical de la plantilla dio "un tiempo prudencial" al nuevo gobierno del PP, "para que aterrizaran", recuerda CGT a El Independiente de Granada. La respuesta recibida del gobierno de mayoría absoluta del PP que preside Marifrán Carazo fue que "no había dinero" y que "no podían comprometerse", apuntando que "lo estudiarían". Las movilizaciones se reiniciaron en noviembre tras constatar que "no había voluntad de seguir creando nuevas plazas".

De las 92 plazas que se plasmaron en la declaración institucional, solo se crearon 20. Quedan por tanto 72 por cubrir. Un número que, a medida que pasa el tiempo, es insuficiente, porque, como apunta CGT, "la demanda sigue creciendo". El nuevo gobierno municipal esgrime ahora que fue 'otro PP' el que adquirió ese compromiso.

El primer presupuesto aprobado por el PP no da respuesta a esos compromisos. El PP alega -ya se ha señalado anteriormente- que no hay dinero para afrontarlo. Pero, como desde la sección sindical de UGT trasladan a este diario, "hay una necesidad" y, por tanto, es necesario "buscar soluciones". 

"No pedimos más dinero, pedimos más personal para hacer frente a las necesidades de la población"

"No pedimos más dinero, pedimos más personal para hacer frente a las necesidades de la población", enfatiza UGT. Hacen falta trabajadores sociales -uno o dos más, como mínimo, en cada uno de los ochos distritos- y también educadores sociales, psicólogos y administrativos. Falta también espacio. En muchos casos, Servicios Sociales comparte equipamiento con el área de Participación Ciudadana y ni siquiera cuentan con dependencias adecuadas para atender a la población que requiere su atención. "Si queremos hacerlo bien, necesitamos por lo menos personal y equipamiento", destacan desde la sección sindical de UGT. 

Los dos sindicatos coinciden en resaltar la nueva dimensión de la pobreza. Los sueldos son cada vez más precarios y cualquier imprevisto, como una avería, puede convertirse en un problema para la economía de una familia trabajadora. En ese contexto se desarrolla el trabajo de un área que, en Granada capital sigue esperando una dotación de recursos humanos suficiente. 

Trabajo que queda en manos de entidades del Tercer Sector

Pero el gobierno local no asume ahora las cifras recogidas en la declaración institucional y se aferra a la dotación de personal a través de programas que se impulsan con fondos europeos o a través de otras administraciones. Programas que solo son "parches", resalta CGT para incidir en que en ningún caso ese personal pasa a formar parte de la plantilla. Cuando finaliza el programa, se va. Y durante la vigencia de esos programas, tienen unos fines muy concretos.

Pero su incorporación es contabilizada por el equipo de gobierno como si el área sumara medio centenar más de trabajadores en los próximos cinco años. Ni siquiera es ese número, asegura UGT. 

En este punto, desde el sindicato CGT se advierte además de la tendencia a recurrir al sistema de convenios con entidades del Tercer Sector para derivar tareas. Lo más parecido a una 'privatización' en un área, la de Derechos Sociales, de la que depende otro servicio fundamental, el de Ayuda a Domicilio, que se presta vía concesión administrativa. 

La negociación con el equipo de gobierno está abierta

En estos momentos la Concejalía de Recursos Humanos que dirige Vito Epíscopo ha pedido a las secciones sindicales un informe con las necesidades del área. El que dice manejar el gobierno local no comparte las cifras que ponen sobre la mesa los trabajadores y trabajadoras del área, que ven cómo se solucionan las reivindicaciones, muchas veces salariales, de otros colectivos municipales mientras en su caso siguen peleando por unos Servicios Sociales "públicos, dignos y de calidad", como se puede leer en la pancarta que despliegan en sus movilizaciones.