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Visitantes en la Alhambra. archivo

La Federación Provincial de Hostelería y Turismo ha vuelto a poner de manifiesto sus discrepancias con el modelo actual de comercialización de las entradas a la Alhambra, que puso en marcha el Patronato con Rocío Díaz al frente del monumento, al considerar que perjudica gravemente a las empresas locales, en concreto a las agencias de viajes. 

"La reducción del número de agencias de viajes granadinas desde el año 2020 está íntimamente relacionada con el sistema de venta de entradas que perjudica principalmente a las empresas y al empleo local. Les instamos a que consulten el número de agencias de viajes con domicilio fiscal en Granada en 2020 y en 2023, la disminución es evidente...", expone en las alegaciones que la Federación ha presentado a la Orden que ultima el Gobierno andaluz para dar cobertura a las visitas y comercialización de entradas. 

En 2020, "el motivo del cambio de la normativa de visita del 2016, fue además del relevo en la gestión del monumento, el Informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA)", un informe que la Federación de Hostelería y Turismo considera que, al no ser vinculante, no debe marcar la nueva normativa

En 2020, con Rocío Díaz, ahora consejera de Fomento, como directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, se afrontó un cambio en el sistema, siempre controvertido. La propia patronal hostelera y de turismo lo explica así: "el motivo del cambio de la normativa de visita del 2016, fue además del relevo en la gestión del monumento, el Informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA)".

Lo que hizo en 2020 el Patronato fue eliminar la reserva de entrada para agentes autorizados y establecer un sistema de venta directa. El informe de Defensa de la Competencia al que alude la patronal hostelera fue el principal argumento para afrontar el cambio, y también se alegó la necesidad de acabar con reventas y fraude.

Las empresas de Hostelería y Turismo discrepan sobre la importancia de ese informe de Competencia, que consideran que no es vinculante y, por tanto, no puede entenderse su contenido y apreciaciones como exigencia, según recogen en el escrito de alegaciones que han presentado. 

La patronal no cree que la nueva Orden en la que trabaja la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte resuelva esta situación. Como informó El Independiente de Granada, el TSJA anuló la resolución de 2020 ya aludida en la que se fijaron las nuevas condiciones para dejar atrás el modelo anterior. De este modo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, de febrero, ha obligado a la Junta a no dormirse en los laureles y a acelerar al máximo la tramitación de la nueva normativa, en forma de Orden. 

La Orden que está tramitando la Junta, con los "pequeños" cambios introducidos respecto a 2020, "no solventan la problemática del actual sistema de reservas para el funcionamiento de las agencias locales"

"Con este proyecto de normativa, que está en tramitación, el turismo que se favorece es el de largo plazo y no el de corto, penalizando claramente a las empresas del sector local. Y esto, en base a que el cliente de largo plazo, por una cuestión de adquisición de billetes aéreos, juega con la ventaja de tener mayor tiempo de antelación", señala la Federación, que entiende que "la futura normativa debe corregir esta situación" y es por lo que plantea nueve alegaciones. Considera la patronal que los "pequeños" cambios introducidos en la Orden respecto a la resolución anulada por el TSJA -"adaptar los porcentajes de puesta a disposición de entradas y ampliar el número de entradas por localizador", algo que recuerdan que solicitaron hace dos años- son "insuficientes" y "no solventan la problemática del actual sistema de reservas para el funcionamiento de las agencias locales".

Estas empresas, sostiene la Federación, "están sufriendo las consecuencias de una reglamentación que no ha tenido en cuenta el hecho de ser estas agencias locales, las últimas en recibir a los clientes, por lo que se ha generado un daño que hay que evitar con esta nueva normativa".

A ello suman el "beneficio fiscal que se ha perdido al no proteger a las empresas locales frente al resto de empresas del resto del mundo que no tributan nada al el fisco local, autonómico y casi nada al nacional".

Y otros efectos negativos en el ámbito laboral. "Evidentemente, el cierre de agencias que han dejado de poder funcionar con el cliente de muy corto plazo como es el que nos atañe, ha provocado el despido consecuente del personal que realizaba su trabajo en este sector de empresas locales", agregan para indicar también que "al daño fiscal a nivel nacional (Impuesto de Sociedades) y al coste de empleos que ha provocado a nivel local, hay que sumar la disminución de la recaudación municipal debida al Impuesto de Actividades Económicas".

"Se da la paradójica situación de que la propia administración está siendo perjudicada por la propia reglamentación. Nos referimos a la cuestión fiscal. Si un servicio es organizado por una empresa local, la tributación repercutirá en las arcas nacionales mientras que todo aquel servicio que sea vendido fuera, va a aportar mucho menos a la economía del país", agregan los empresarios de Hostelería y Turismo para reclamar a la Junta que acepte sus propuestas y "facilite que el sector empresarial local y por ende la ciudad de Granada, participe de un beneficio más directo del principal recurso turístico patrimonial que es el Complejo Monumental de la Alhambra y el Generalife". 

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Área de entrada al monumento. archivo

Además de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, durante el plazo abierto para recibir alegaciones, establecido del 24 de marzo al 10 de abril únicamente, al haber optado por una tramitación exprés obligada por la sentencia de febrero, el colectivo de Agencias de Viajes Asociadas de Andalucía (AEDAV) ha presentado también peticiones.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte sigue adelante con la tramitación de la nueva Orden y ya ha rechazado las alegaciones formuladas por los dos colectivos, al considerar que esos cambios que reclaman supondrían volver al "acaparamiento de entradas" y supondrían "riesgo de fraude". 

El Gobierno andaluz no comparte los argumentos de la Federación de Hostelería y Turismo granadina, a la que recuerda que volver al sistema de "acceso restringido de ventas de entrada", retornaría el riesgo de "acaparamiento y distorsión del mercado"

El Gobierno andaluz no comparte los argumentos de la Federación de Hostelería y Turismo granadina, a la que recuerda que volver al sistema de "acceso restringido de ventas de entrada", retornaría el riesgo de "acaparamiento y distorsión del mercado". Y si a eso se le une la nominación de las entradas hasta el día antes de la visita, "iría en sentido contrario" a lo recomendado por Defensa de la Competencia, y supondría "volver a un sistema ineficiente y distorsionador". 

Eso en cuanto a lo sustancial de las alegaciones de la patronal hostelera, la Junta le recuerda que algunos de los aspectos que reclama ya están incluidos en la orden, como más porcentaje destinado al tramo de ventas de entradas a corto plazo. 

A las Agencias de Viaje, sobre la petición de poder modificar el día y la hora de las entradas compradas por causas como las cancelaciones de vuelo, le responde que no se puede hacer "sin alterar" el aforo del monumento, restringido, y sin generarse riesgo de "fraudes o reventas". 

Por otra parte, se han incorporado informes preceptivos, como el del Gabinete Jurídico. Sus observaciones  instan a modificar una serie de puntos, la mayoría cuestiones muy técnicas, como señalar que carece de sentido una disposición adicional para hablar de derogación de normativa cuando precisamente se tiene que elaborar esta orden porque anteriormente había una resolución, que no tenía ese rango.

Entre esas observaciones destaca la petición de que se concrete mejor un punto referido al horario de visitas.  En la nueva orden se indica que la dirección del Patronato "podrá establecer modificaciones puntuales del horario de apertura del Conjunto Monumental". El Gabinete Jurídico pregunta si serán "puntuales" o "con vocación de durabilidad". Y pregunta igualmente "cuál será el órgano competente para acordar dichas modificaciones".