La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) han defendido la inocencia de las empresas de formación y han destacado los "numerosos archivos" que se están registrando en la Operación Edu, los dos últimos en la provincia de Granada.

Fuentes de Cecap-A han valorado a Europa Press los dos últimos autos de archivo emitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que había investigado a varios empresarios que habían recibido subvenciones y que eran investigados, dentro de la Operación Edu, por presuntos delitos de fraude de subvenciones o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación, pero sobre los que finalmente el juez no ve indicios de actuación penal ni de que exista delito.

Tras estos dos nuevos autos, Cecap Andalucía valora estas dos nuevas resoluciones de archivo que "vienen a sumarse a las muchas que han dictado los juzgados andaluces de archivo por las detenciones masivas e indiscriminadas que se realizaron en el marco de la operación Edu por parte de agentes de la Udef".

Esta patronal ha asegurado que decidirá oportunamente cuando se archiven las actuaciones contra los empresarios "las actuaciones a seguir por haber dañado tan profundamente al sector de la formación en Andalucía", de manera que estudiará emprender actuaciones judiciales como organización patronal, que podría ser una querella, "contra quien corresponda en defensa de los intereses de nuestros asociados".

Asimismo ha explicado que posee "todo el repositorio de resoluciones judiciales que hasta ahora han sido a favor de los empresarios en Andalucía para hacérselas llegar a los letrados de nuestros asociados".

Han recordado que nunca han compartido "el escarnio público que se le dio a las actuaciones policiales por algo que conocíamos, esto es, que se archivaría con el paso del tiempo por la inexistencia de ilícito penal por parte de los empresarios de formación, así como por los órganos de gestión de la Junta de Andalucía, como se demuestra incluso por el Tribunal de Cuentas, donde categóricamente afirma que no existió menoscabo de fondos y que además la administración actuó con la debida diligencia".

Cecap-A defiende que "no existió nunca fraude por parte de los empresarios de formación" y lamenta que "desgraciadamente debe pasar tanto tiempo para acreditar la inocencia de unos empresarios que indebidamente fueron detenidos con el grave perjuicio personal y profesional que han sufrido".