El problema que ha tenido y tiene una política que garantiza la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, como es la ejecución práctica del Ingreso Mínimo Vital, representa los grandes fallos de este gobierno de coalición a lo largo de la presente legislatura.

Un gobierno progresista que más allá de su formulación coaligada, legitimada por las urnas cabe recordar, apostó claramente por una forma diferente de afrontar la crisis del COVID más allá de aquella que la derecha de Mariano Rajoy aplicó durante la crisis financiera. Cuando se negaron políticas públicas y derechos sociales aplicando recortes en todas las áreas de los PGE entre 2012 y 2015, mientras tanto en paralelo se subían los impuestos. Como consecuencia se asfixió la economía de un país. Todo por el bien de la gestión presupuestaria.

"La crisis financiera de hace quince años, y su mejorable gestión por parte de la izquierda y derecha, explica (en parte) el pecado original que ha garantizado la mala gestión de grandes políticas públicas como el IMV"

La crisis financiera de hace quince años, y su mejorable gestión por parte de la izquierda y derecha, explica (en parte) el pecado original que ha garantizado la mala gestión de grandes políticas públicas como el IMV. Aquella crisis mandó a la pobreza y discriminación laboral a miles de jóvenes y familias. En una situación normal, mi generación por ejemplo, habría sido el germen y raíz que diese estabilidad a todo un sistema económico ya que teníamos teóricamente la edad idónea para ser los más activos y productivos laboralmente; pero la falta de estabilidad laboral truncó nuestra suerte en las legítimas aspiraciones de un futuro proyecto de vida. En otras circunstancias cuánto podríamos podido aportar por el bien de la sostenibilidad de nuestro sistema de políticas públicas y sociales.

En paralelo se unía la transformación de dos indicadores fundamentales que describían un cambio sociodemográfico sin igual en la estructura social de España durante el siglo XXI: 

1. La tasa de natividad disminuía cada vez más. Ya fuere por un cambio de cultura frente al caduco concepto de "familia tradicional", o ante la imposibilidad de formar una familia estable. Este último punto tiene relación directa con unos sueldos cada vez más pequeños y unos precios cada vez más altos que garantizaban más desigualdad social y económica. El ejemplo más evidente de esta progresión ascendente del IPC es la vivienda. Recordemos que había experimentado un aumento de precios abusivo durante la burbuja inmobiliaria anterior a 2008.

2. El desempleo y la inestabilidad económica de esos años cambió el concepto de convivencia, familia y pobreza. La crisis no había afectado solo a las familias, sino a los individuos. La necesidad de aceptar trabajos "en negro" para poder sobrevivir, ya que nadie te garantizaba un contrato legal de trabajo estable; o las políticas de "emprendimiento" y exenciones fiscales, fracturaron la estructura social de tal modo que no podía medirse los estándares sociales como se habrían hecho durante el pasado y principios de este siglo.

Y de repente vino un gobierno progresista que apostaría por la llamada renta mínima. -¡Por fin!- Pensamos muchos. Y a esta medida la llamó Ingreso Mínimo Vital. Aunque pese a sus buenas intenciones, se olvidó de todo aquello que pasó durante diez años anteriores. Así se puede explicar cómo una ley tan necesaria no solo está pésimamente escrita, sino no se ajusta a la realidad sociodemográfica y socioeconómica del país:

1. El IMV no es un derecho reconocido mientras exista el caduco concepto administrativo de "unidad de convivencia". La aprobación de esta prestación tiene que basarse en el derecho individual, como pasa con la prestación por desempleo, y no en el familiar. ¿Qué pasa con aquellas personas que aún viviendo en casa de sus padres, con amigos, o con sus parejas no pueden aspirar a formarse o buscar un trabajo estable porque son pobres? Estas personas, según la ley actual no pueden disfrutar de este derecho. Se da por hecho que su entorno le ayudará... ¿Qué pasa con las personas solteras que viven solas o en pisos compartidos? Que no tienen derecho al IMV aunque no tengan ingresos mínimos. La ley no se adapta ni a las nuevas formas de convivencia, ni al concepto de individualidad de la pobreza más allá de los actuales y cambiantes núcleos familiares.

2. Los umbrales de renta exigibles o de justificación de la convivencia no tienen lógica. Si este derecho ayuda a los pobres a intentar dejar de ser pobres, ¿Por qué se les exige tener un ingreso mínimo anterior, si éstas lo solicitan porque no tienen hoy ningún ingreso para poder vivir? Si estas personas no tienen estabilidad en el empleo, ¿creen tendrán facilidad para que puedan justificar la convivencia siendo titulares de, por ejemplo, contratos de arrendamiento de vivienda? Pues la actual ley, aunque les parezca mentira, exige estos requisitos para que puedas beneficiarte de la prestación. Unos requisitos que no tienen lógica alguna.

3. La pésima gestión desde las instituciones públicas. No es posible, que desde la administración se pongan pegas para que no se gestione eficientemente estas prestaciones. Por poner un ejemplo, cuando vas a pedir la prestación de desempleo, la puedes solicitar en 24 horas e inmediatamente te la conceden o no si cumples los requisitos. El trámite para el IMV se hace telemáticamente por un procedimiento eterno que excluye a la mayoría de candidaturas de primeras. Además cuando quieres tener una cita con un funcionario del Instituto de la Seguridad Social, es imposible tenerla no porque haya lista de espera sino porque ni tan siquiera te contestan por teléfono. Falta personal y faltan ganas de solucionar en persona los problemas de tramitación y gestión.

"El IMV no da facilidades a través de la gestión para que la solicitud y gestión de la misma sea rápida y eficiente. Tanto la legislación como la administración no se han adaptado a la situación real de la población"

No se puede solicitar el IMV en persona. Otro fallo grandísimo que no pasa con otras prestaciones. Además, el último cambio en la ley pasa "la patata caliente" a los Centros de Servicios Sociales municipales al obligarles a realizar un informe que justifique que alguien es pobre... Unos servicios municipales que no tienen, en muchos aspectos, instrumentos y personal para realizar estos informes en paralelo al trabajo que ya tienen diariamente.

Por estas cuestiones, la ley no se adapta ni al entorno sociodemográfico ni socioeconómico de un hipotético sujeto beneficiario. El IMV no da facilidades a través de la gestión para que la solicitud y gestión de la misma sea rápida y eficiente. Tanto la legislación como la administración no se han adaptado a la situación real de la población. Y más en un supuesto derecho que no se ejecuta como debería ni tiene en cuenta la realidad de la población pobre.

¿Ha ayudado a la gente? Sí, pero no a la suficiente...

Recuperemos los orígenes. Los políticos de izquierdas tienen que recordar qué significa ser humilde y pobre. No solo dediquemos nuestro tiempo a publicitar lo bueno, a lanzar mensajes por redes sine die. No solo necesitamos publicistas y expertos en redes sociales, sino expertos en cómo ejecutar bien políticas públicas para que éstas lleguen a la población real de forma rápida y eficiente.