Hacienda amenaza ahora con la intervención por el incumplido plan de ajuste del PP
El Plan de Ajuste que aprobó, en 2012, el PP para el Ayuntamiento de Granada se incumplió sistemáticamente desde ese momento, como quedó reflejado en sucesivos informes del interventor. La situación actual es conocida. La corporación, ahora gobernada por los socialistas, acaba de aprobar nuevas medidas que tratan de contener la deriva económica. En concreto, reducir en los próximos cinco años los 90 millones en números rojos que acumula el Ayuntamiento.
Y es precisamente ahora cuando llega una nueva advertencia del Ministerio de Hacienda, que ya se dirigió el pasado año al Consistorio para apremiarle a reducir el periodo de pago a proveedores. En esta ocasión la carta de Hacienda, que van a recibir en total 660 alcaldes, según informa El País, recuerda que se han incumplido las medidas a las que se comprometió la capital para recibir liquidez de Hacienda.
Baldomero Oliver, este viernes, en rueda de prensa. P.V.M.
Ese dinero que prestó el Ministerio de Montoro se debe devolver con intereses a partir de este año, tras las prórrogas que fue recibiendo el anterior gobierno del PP. Esto ha complicado aún más la situación del Ayuntamiento granadino que, a finales de 2017, aprobó un nuevo plan, como se ha indicado. Medidas estas últimas que ya se han incumplido tras tumbar la oposición las ordenanzas fiscales y posteriormente los cambios en el IBI que pretendían enmendar ese revés.
Que el Ministerio advierta cinco años después de esos incuplimientos es "preocupante", a juicio del concejal de Economía
Que el Ministerio advierta cinco años después de esos incumplimientos es "preocupante", a juicio del responsable de Economía y portavoz del gobierno socialista, Baldomero Oliver, que recuerda que el propio interventor, que está obligado a informar trimestralmente sobre la evolución de los planes, fue trasladando que no se iban ejecutando las medidas. Si en ese momento Hacienda hubiera reaccionado, agrega Oliver en una conversación con El Independiente de Granada, "hoy la situación estaría saneada o, al menos, no sería tan grave".
Oliver recuerda que las medidas que aprobó el PP eran prácticamente "inejecutables", porque estaban "mal cuantificadas". Respecto al incumplimiento de las mismas, explica que el gobierno popular se comprometió a reducir el Capítulo I, el que corresponde a gasto de personal, y, sin embargo, este "se disparó"; no generó ahorro con la disolución de organismos autónomos por los costes de la integración de ese personal en el Ayuntamiento; y en lo referido al transporte público, "el desastre de la LAC hizo que un gasto que debería haber estado en 8 o 9 millones se elevara, en 2015, a 16 millones".
Además, agrega, "nunca se atrevieron a aplicar una ponencia de valores catastrales". Si se hubiera acometido, Granada no habría entrado en la lista de municipios con coeficientes de actualización, es decir, lo que ahora deriva en un incremento de un 4 por ciento en el IBI.
El concejal de Economía recuerda también que el PP fue recibiendo, mientras gobernaba, "balones de oxígeno" desde el Ministerio, prorrogando el periodo de carencia de la devolución del préstamo.
¿Por qué no saltaron entonces las alarmas y ahora sí? Pues porque hay ayuntamientos que, a diferencia de lo que ocurrió en Granada, sí cumplieron y están saneados. "Unos hicieron los deberes y otros, no".
Oliver es muy crítico al recordar que "el mismo partido que dirige el Ministerio que nos envía la carta es el que ha propiciado el primer incumplimiento del plan de ajuste con el que tratamos de arreglar la situación, al mes de haberlo aprobado con su abstención". Se refiere al PP, que en el Ayuntamiento de Granada permitió sacar adelante el nuevo Plan de Ajuste a finales de 2017 pero rechazó las ordenanzas fiscales y con ello la previsión de ingresos comprometida. "No quiero pensar que ya lo sabía el PP y por eso provoca lo que provoca".
Si Hacienda cumple su advertencia, "el alcalde sería el interventor"
Respecto a las consecuencias de estos incumplimientos referidos ahora por Hacienda, que están recogidos en la Ley de Estabilidad y que en los casos de extrema gravedad llegan incluso a la disolución de la corporación, el concejal de Economía cita la intervención, que planea desde hace meses. En este sentido advierte de que en ese caso Hacienda decidiría si se recorta en Capítulo I, que es el de personal, -"iría gente a la calle", ha llegado a decir este viernes en rueda de prensa-, o en el II, que son los gastos corrientes -para la prestación de servicios públicos-; o retiene el dinero que llega a través de la Participación en los Ingresos del Estado.
"Prácticamente el alcalde sería el interventor", ha dicho para hacer una idea de cómo cambiaría la situación.
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