Fomento admite ahora que desconoce el coste real de las obras del AVE y encarga un informe pericial para saberlo
Las obras del AVE a Granada, entre otros muchos despropósitos, también sufrieron el mal que aqueja a las adjudicaciones de los proyectos de la Alta Velocidad en toda España: las reclamaciones de las empresas que resultaron adjudicatarias en su día con ofertas temerariamente a la baja.
El desencuentro mantuvo paralizadas, entre otras obras, las de la Alta Velocidad en Granada. Aunque esa situación se desbloqueó, ha tenido consecuencias. Ahora el Gobierno tiene que hacer frente a las reclamaciones, tanto en la vía administrativa como en la judicial, de las constructoras, por los sobrecostes de los proyectos, entre ellos el de Granada, una situación de consecuencias imprevisibles. Y lo que es peor, evidencia que el Gobierno, a estas alturas, desconoce el coste real de las obras del AVE.
Fomento gastará 2,1 millones en la contratación de los informes para evaluar las reclamaciones presentadas por las empresas. El objetivo del contrato anunciado por ADIF es el "análisis y valoración de los costes realmente sufridos por el contratista en la ejecución de las obras contratadas por ADIF Alta Velocidad". También de las reclamaciones presentadas por las adjudicatarias y los informes periciales que han aportado para justificar los sobrecostes originados durante las obras que ahora reclaman a Fomento.
En total 16 líneas, entre ellas la Antequera-Granada. El coste individual que supone elaborar cada una de esas periciales superará los 38.000 euros. Desglosada esa cantidad, según la información que ha hecho pública ADIF Alta Velocidad, serán 20.000 euros para la elaboración de un informe pericial sobre la reclamación presentada por la empresa contratista, incluida la ratificación y defensa en vía judicial; de estos tiene previstos redactar 40. Otros 17.250 euros costará cada informe contrapericial; se contratan 50 de estas características. Y 1.500 euros para la contestación a las alegaciones formuladas por el contratista; de estos se redactarán 80.
El pasado verano, mientras arreciaban las críticas por el inexplicable aislamiento ferroviario y el retraso en las obras del AVE, el Gobierno se vio obligado a reconocer que los trabajos estaban parados por la reclamación de la adjudicataria de las obras en Loja. La UTE formada por Dragados y TECSA llegó a pedir la rescisión del contrato. Las reclamaciones de las empresas, según alegaba en su momento el Ministerio, excedían del 10 por ciento de incremento ajustado a la ley. Aunque en un principio el Gobierno llegó a dar por hecha la rescisión en Granada y también la opción de volver a sacar a licitación ese tramo, finalmente anunció un acuerdo con la empresa para desbloquear las obras, sobre el que nunca llegó a dar detalles.
