Continuación de las 21 primeras medidas para los primeros cien días de Gobierno de la derecha, anunciado el pasado viernes, el nuevo acuerdo incluye “que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo”.

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Este compromiso alcanza de lleno a la elección y nombramiento de los directores de la Alhambra y Cetursa, la empresa mercantil pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, centro de críticas del PP, y en menor medida por Ciudadanos, que en ambos casos ha reclamado la ‘granadización’ de las instituciones al frente de las cuales se encuentran Reynaldo Fernández Manzano y María José López.

También a la gestión del PTS, Parque Tecnológico de la Salud, dirigido por Jesús Quero.

Otra de las medidas que alcanza a Granada es la supresión del Consejo Consultivo cuya función será asumida por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, “con el objetivo de aunar las necesidades de racionalización y los principios de igualdad y solidaridad de la administración”.

Con respecto a Canal Sur, se limita el acuerdo a lo fijado en las primeras 21 medidas para los primeros 15 consejos de gobierno: “Constituiremos un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político”.

Las 23 medidas de ‘regeneración democrática e institucional’

Este bloque de regeneración democrática es uno de los tres -conformado en este caso por 23 puntos- de los que consta dicho acuerdo programático, dado que los otros dos tienen que ver con medidas de reactivación económica y fiscales, y de políticas sociales, en los que siguen trabajando los equipos técnicos de PP-A y Cs, y que se unen a las 21 medidas ya acordadas el pasado viernes para los primeros cien días de gobierno.

El bloque de 'Regeneración democrática e institucional' acordado por ambos partidos, parte de la idea de que "Andalucía se ha visto sumergida en numerosos casos de corrupción política que han lastrado" su "desarrollo y progreso", y "se hace necesario devolver la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos".

PP-A y Ciudadanos se comprometen a defender "la unidad de España y del Estado de las Autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en nuestra Constitución".

‘Tolerancia cero’ con la corrupción

Un apartado de medidas contempla la "despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción", donde se defiende la "tolerancia cero con la corrupción", de modo que PP-A y Cs "se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial".

Asimismo, "ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos".

PP-A y Cs han acordado aprobar "un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios".

También se comprometen a aprobar "un proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía" que contemplará, entre otras, medidas de "reducción de los altos cargos a los estrictamente necesarios".

En el marco de esa ley, además, se apuesta por "reforzar las sanciones para los altos cargos de la Junta que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción", y definir "la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político", y todos ellos "serán elegidos por concurso público, abierto y transparente".

Además, con el proyecto de Ley de Despolitización se establecerán "unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta", que "cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos".

Por otro lado, el acuerdo contempla "limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente de la Junta y de los consejeros".

PP-A y Cs han acordado también aprobar "un proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, en el que se recoja la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta de Andalucía".

También "se pondrá en funcionamiento una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción, así como la sanción a los altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de interés".

Órganos de extracción parlamentaria

El acuerdo contempla además un apartado dedicado a los órganos de extracción parlamentaria, que propone "reformar la Cámara de Cuentas de Andalucía" para "reforzar las obligaciones de colaboración de las administraciones públicas, reducción del número de consejeros y elección a través de un procedimiento público y abierto".

También se comprometen a implantar "un nuevo procedimiento para la selección de los miembros de los consejeros en los órganos de extracción parlamentaria que garantice su despolitización".

Además, el acuerdo contempla encargar "una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de todo el gasto" de la Junta, así como "racionalizar los Organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción".

También anuncia "un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la 'Administración paralela'", así como una revisión de "la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para facilitar que todos los andaluces puedan acceder, consultar y utilizar toda la información pública andaluza".

Igualmente, quiere modificar "la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía para mejorar el control y transparencia de la gestión de los fondos públicos del Presupuesto de la Junta y acabar con los incentivos al despilfarro y priorizar los programas que alcancen mejores resultados".

PP-A y Cs han acordado también aprobar "una Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía", así como solicitar la creación en el Parlamento de Andalucía de la comisión de investigación de la extinta Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (Faffe), y establecer "los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los EREs".

El acuerdo también prevé "una Ley de Subvenciones que regule con garantías los incentivos y las ayudas públicas y la posibilidad de consultarlas de forma accesible en el Portal de Transparencia", así como "garantizar la independencia funcional de la Intervención General de la Junta de Andalucía" y "reforzar los medios a su disposición", así como "acabar con las redes clientelares".

Ley Electoral

A todas estas medidas otras como "la inclusión de cláusulas sociales y ambientales" para una contratación pública "socialmente responsable", y "una Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía que siente las bases de una administración pública cada vez más moderna, eficaz y profesional".

Finalmente, el acuerdo compromete una reforma de la Ley Electoral de Andalucía que incluya "una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces", así como "una reducción de los gastos electorales", el "carácter obligatorio de la celebración de debates electorales" y "las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma".