La mediación del gobierno municipal de Atarfe, integrado por la agrupación ciudadana Por Atarfe Sí (PASI), permitió el martes paralizar una orden judicial para desalojar de su vivienda a una familia. 

Según ha informado el Ayuntamiento de Atarfe, la concejala de Vivienda y Bienestar Social del Ayuntamiento de Atarfe, Rosa Félix, intervino para evitar que una pareja que lleva residiendo en Atarfe los últimos cinco años, fuera desalojada de su vivienda ese mismo día.

El gobierno local consiguió de la entidad financiera aplazar seis meses el lanzamiento de la vivienda en la que residen, a la espera de lograr un acuerdo para que los afectados puedan afrontar un pago asumible teniendo en cuenta su delicada situación económica.

La pareja se encuentra en el paro a la espera de que en los próximos meses nazca su primer hijo, y ya ha dejado de percibir la prestación por desempleo. Los afectados suscribieron un contrato de compraventa con el promotor pero no se llegó a elevar a escritura pública. La entidad financiera se hizo finalmente con la propiedad por el incumplimiento de las obligaciones del promotor, pero no se tuvieron en cuenta los derechos adquiridos por la pareja sobre la vivienda.   

La concejal de Vivienda, Rosa Félix, ha hecho un llamamiento a todos los vecinos que se vean amenazados por un inminente desahucio, ante la imposibilidad de hacer frente a sus hipotecas, a que acudan de inmediato al Ayuntamiento antes de que la justicia ordene el lanzamiento.

Una de las principales actuaciones del actual equipo de gobierno tras su toma de posesión fue declarar Atarfe Municipio Libre de Desahucios. La iniciativa, aprobada en el pleno celebrado el 30 de julio, contempla la creación de una Agencia Municipal de Vivienda que gestione el alquiler social de las viviendas cedidas por entidades bancarias y particulares.

En la actualidad se llevan a cabo negociaciones con distintas entidades financieras para agilizar la cesión de viviendas vacías en las que se puedan alojar familias con dificultades. También se están adoptando acciones complementarias para aliviar la carga de familias con serios problemas económicos como la posibilidad de que se les fraccione o aplace el pago de recibos municipales, la concesión de ayudas para los suministros básicos o la inclusión en el baremo de evaluación de la Bolsa de Empleo del riesgo de desahucio.