El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio sobre el funcionamiento de los Servicios Sociales
Imagen de archivo de una de las protestas de la Asamblea de Sesrvicios Sociales de Granada. cgt
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio para conocer la situación de los Servicios Sociales Comunitarios en Granada. Según explica, ha impulsado esta medida, que extiende a otras ciudades de Andalucía, con preocupación ante el incremento de la pobreza y las situaciones de exclusión severa y tras escuchar a los profesionales del sector, que se enfrentan a problemas de sobrecarga y falta de recursos, a pesar de que su labor está dirigida a la población más vulnerable y, por ello, las instituciones deberían prestar más atención a este servicio público esencial.
En el caso de la capital, esta intervención cobra especial relevancia, dado que el personal de Servicios Sociales lleva denunciando la falta de recursos desde el anterior mandato y está movilizado para reclamar al gobierno municipal del PP que cumpla con los compromisos que adquirió cuando estaba en la oposición
En la provincia de Granada, la actuación de oficio del Defensor está dirigida a los ayuntamientos de Granada, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Baza, Loja, Las Gabias, Maracena y Motril, las ciudades de mayor población, y también a la Diputación, dadas sus competencias con los municipios de menor población. En el caso de la capital, esta intervención cobra especial relevancia, dado que el personal de Servicios Sociales lleva denunciando la falta de recursos desde el anterior mandato y está movilizado para reclamar al gobierno municipal del PP que cumpla con los compromisos que adquirió cuando estaba en la oposición.
En Granada capital son continuas las movilizaciones que convoca la Junta de Personal, -integrada por CSIF, SITAG, CGT, UGT y CCOO-, junto a la Asamblea de trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada. En la última de ellas, el pasado 26 de febrero, estos compromisos, entre otros, recogían la creación de, al menos 22 plazas para 2025 en el Área de Política Social que, "tras mucho batallar, finalmente quedaron en 6, a pesar de que el concejal de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, había redactado y firmado un informe que así lo plasmaba".
Los trabajadores y trabajadoras advierten de que este déficit de personal ha dado lugar a "listas de espera interminables" para la ciudadanía cada vez que hace uso de los Servicios Sociales.
El Defensor quiere conocer la conformación de los Servicios Sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.
Recuerda que durante sus cuarenta años de constitución, "lleva trabajando por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención".
Menos integración social y más personas en pobreza
En este punto aludo a uno de los últimos informes Foessa, que hace una radiografía de la pobreza en Andalucía, para alertar de que "se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes".
Recuerda la labor "constante" de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para "contribuir al conocimiento de estas desigualdades", "analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación".
En la argumentación de la queja, consultada por El Independiente de Granada, hace hincapié en que estas desigualdades "son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que, como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar". Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están "configurados como un elemento esencial del Estado de Bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad".
En esa norma, recuerda, se configura el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las administraciones públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura "adecuada e integral" de las necesidades personales y sociales básicas.
"Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas"
"Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas", resalta para añadir que "hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía".
Y hace especial mención a la situación de los profesionales que conforman los equipos de Servicios Sociales, "que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema".
Protesta de los Servicios Sociales de Granada. cgt
El Defensor del Pueblo Andaluz apunta también que esta actuación está en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.
