La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal dedicado a favorecer la regularización de empresarios marroquíes en su país y de sus familias con alto poder adquisitivo mediante la falsificación de documentos que les hacían pasar por empresarios también en España. En la operación contra la inmigración ilegal han resultado detenidas ocho personas, entre ellas una abogada en ejercicio con despacho en Granada, y se ha detectado la regularización ilegal de 15 personas pertenecientes a cuatro familias.

Según explica la Policía, las investigaciones provienen de una investigación anterior en la que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada advirtieron de que un empresario marroquí en su país había obtenido autorización de residencia y trabajo después de presentar documentos falsificados que le acreditaban como falso titular de una tienda de zapatos en el centro de Granada, pero en un local en el que no ha habido comercio alguno, dice la Policía.

Tras conocer el trámite documental que hizo un despacho de abogados de Granada que actuaba como representante del ciudadano marroquí, descubrieron que la abogada se había desplazado al Consulado de España en Nador, donde había instado en nombre del extranjero, que sí era empresario en Marruecos, un procedimiento de regulación el cual se hacía extensivo para su esposa e hijos. Entre otras irregularidades, la familia únicamente residía en nuestro país cortos periodos de tiempo, los necesarios para no exceder los espacios temporales que los extranjeros residentes pueden estar fuera. Además de simular falsas actividades mercantiles, los locales y pisos eran alquilados realmente, a través de una inmobiliaria y, para obtener la complicidad o el silencio de los propietarios, se les abonaban semestres completos por adelantado. En el caso de que manifestasen la inexistencia de negocios en sus locales, se les indicaba que se trataba de una práctica legal.

Según avanzaba la investigación, obtuvieron datos que vendrían a corroborar que se trataba de una práctica común y continuada de este despacho jurídico, donde se cobraban importes entre los 20.000 y los 40.000 euros a los extranjeros marroquíes para regularizarlos ilícitamente como falsos empresarios en nuestro país. En cuanto a los detenidos, la investigación señala la participación, junto con la abogada, de la responsable de una inmobiliaria, así como otra mujer, nacionalizada española de origen marroquí, encargada de acompañar a la letrada a Nador y Tánger para captar a las personas a los que ofrecer las regularizaciones ilegales y hacer las veces de intérprete, la cual también actuaba como representante legal en los expedientes de regulación y renovación de estas personas.

Los investigadores han acreditado la regularización ilegal de cuatro familias marroquíes de nivel económico acomodado, que suman en total 15 personas con permisos de residencia en fraude de ley, motivo por el que, al margen de las actuaciones penales emprendidas, se ha solicitado la revocación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia.