El pleno de la capital ha aprobado una moción con las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que compromete al Ayuntamiento a movilizar el parque público de viviendas, a exigir a las entidades bancarias la suspensión de desahucios y a las empresas suministradoras que eviten los cortes de suministros básicos en situaciones de emergencia. 

La iniciativa, presentada por PSOE, Vamos Granada e IU y que solo ha contado con los votos en contra del PP, plantea por un lado que el Ayuntamiento exija al Gobierno central que promueva acciones encaminadas a darles una segunda oportunidad a las familias golpeadas por la crisis que han perdido su vivienda, favoreciendo alquileres sociales con precios asequibles. 

Al Consistorio le compromete con siete medidas concretas que ha enumerado la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez:

• El Ayuntamiento movilizará su parque de vivienda pública e instará a los bancos a que pongan a disposición también el suyo.
• Promover la exención de las plusvalías a las familias que pierdan su vivienda o que logren la dación en pago.
• Evitar los cortes de luz y agua y, en este sentido, exigir a Emasagra que no corte el agua sin la existencia de un informe de los Servicios Sociales.
• El Ayuntamiento revisará la protección de los Servicios Sociales en caso de desahucios,solicitando su suspensión.
• Solicitar a las entidades sociales que paren los lanzamientos. 
• Elaborar un censo de viviendas vacías de los bancos que sirvan para realojos.
• Creación de un observatorio de la vivienda.

En el turno de los grupos, en el que IU ha pedido "el máximo consenso" a los grupos, Ciudadanos ha asegurado que no había sido invitado a firmar la moción. No obstante, el concejal Raúl Fernández ha expuesto que su grupo la apoyaría, recordando que el contenido básico coincide con algunos de los puntos de su programa electoral. 

Por su parte, el PP ha justificado su voto en contra asegurando que la moción recogía "incongruencias" y que supondrá "un menoscabo" si se pone en marcha. Ha defendido la posición de su grupo el edil Fernando Egea, que ha lamentado que la iniciativa no recogiera exigencias hacia la Junta de Andalucía, que es la Administración competente en materia de vivienda y que, a su juicio, debe ser en todo caso la que garantice el derecho. Ha considerado, además, que estas medidas propiciarán "la ocupación ilegal y la patada en la puerta", en detrimento de las personas que sí tengan derecho a esas viviendas.