El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno andaluz de PP y CS no garantiza la continuidad de la plantilla
La Escuela Andaluza de Salud Pública encara su final, con duras represalias internas por su defensa
Mientras el Consejo de Gobierno de la Junta, pese a las promesas, certificaba la desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública por integración en el futuro Instituto de Salud de Andalucía, la dirección del organismo con sede hasta ahora en Granada inicia su recta final con una ‘caza de brujas’ interna sin precedentes, que ha situado en la diana a prestigiosos profesores por defender la institución. Te informamos de los últimos pasos de una Escuela que, por méritos propios, ha logrado el reconocimiento internacional.
IndeGranada
Escuela Andaluza de Salud Pública.
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La Escuela Andaluza de Salud Pública inicia la recta final, que le llevará a la desaparición tal y como ha funcionado con el reconocimiento internacional en los últimos 36 años por integración en el futuro Instituto de Salud de Andalucía, con una ‘caza de brujas’ interna sin precedentes, que ha situado en la diana a prestigiosos profesores por defender la institución
A pesar de las promesas de incluir las alegaciones de la plantilla y de partidos y sindicatos opuestos al cierre, el anteproyecto de Ley de Creación del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), aprobado este martes en el último Consejo de Gobierno, sentencia a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y le llevará a su desaparición, tal y como ha funcionado con el reconocimiento internacional en los últimos 36 años, por integración en el futuro organismo que, en contradicción a lo que con tanto ahínco defendían PP y Cs, que querían eliminar lo que llamaron con desprecio administración paralela, será una agencia administrativa.
El anteproyecto de Ley de Creación del Instituto de Salud de Andalucía, visado por el Gobierno bipartito de la Junta, aporta algunas modificaciones pero mantiene en sus líneas generales la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del PP el 30 de diciembre de 2019 y que planteaba, textualmente, "la extinción y disolución" de la EASP y la creación de este nuevo Instituto Andaluz de Salud, como adelantó El Independiente de Granada, que ha informado puntualmente de la intención del Gobierno andaluz, y la respuesta de partidos, sindicatos y ciudadanía, en defensa de la Escuela.
Después de la contestación social al desvelarse la intención del PP de suprimir la Escuela, con el respaldo científico unánime nacional e internacional a la permanencia de la EASP y la llegada de la pandemia, los populares aparcaron la proposición de Ley, pero no la retiró y sigue viva en el Parlamento de Andalucía, donde registró la iniciativa, pero siempre con la idea, como se ha demostrado, de llevar a cabo la integración en un Instituto de la Escuela y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
Antes, el 6 de febrero del pasado año, el Parlamento andaluz, con los votos favorables de PSOE y Adelante Andalucía, el rechazo de la ultraderecha y las abstenciones de PP-A y Ciudadanos (Cs), aprobó a propuesta de los socialistas una moción en la que instaba a la Junta a garantizar que la EASP siga manteniendo su identidad, con las características normativas, orgánicas y funcionales actuales.
Hasta el Congreso de los Diputados, a propuesta también de los socialistas, reconoció como "imprescindible" la labor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y pidió que se preservara su “identidad".
Pese a ello, a finales del pasado año, el Gobierno andaluz retomó la iniciativa a través del secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, Isaac Túnez, que propuso a las trabajadores y trabajadores de la Escuela un grupo de trabajo –“grupo de discusión”- partiendo de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del PP el 30 de diciembre de 2019. Del contenido de estas reuniones nunca se ha informado. Los trabajadores y trabajadoras que participan en estas reuniones firmaron una cláusula que les obliga a mantener en secreto las deliberaciones.
El 11 de febrero pasado, la Junta inició la tramitación de la ley para crear el entonces llamado Instituto Andaluz de Salud. Establecía hasta el 5 de marzo para presentar alegaciones.
El pasado martes, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley.
Antes, el 6 de febrero del pasado año, el Parlamento andaluz, con los votos favorables de PSOE y Adelante Andalucía, el rechazo de la ultraderecha y las abstenciones de PP-A y Ciudadanos (Cs), aprobó a propuesta de los socialistas una moción en la que instaba a la Junta a garantizar que la EASP siga manteniendo su identidad, con las características normativas, orgánicas y funcionales actuales.
Hasta el Congreso de los Diputados, a propuesta también de los socialistas, reconoció como "imprescindible" la labor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y pidió que se preservara su “identidad".
Pese a ello, a finales del pasado año, el Gobierno andaluz retomó la iniciativa a través del secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, Isaac Túnez, que propuso a las trabajadores y trabajadores de la Escuela un grupo de trabajo –“grupo de discusión”- partiendo de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del PP el 30 de diciembre de 2019. Del contenido de estas reuniones nunca se ha informado. Los trabajadores y trabajadoras que participan en estas reuniones firmaron una cláusula que les obliga a mantener en secreto las deliberaciones.
El 11 de febrero pasado, la Junta inició la tramitación de la ley para crear el entonces llamado Instituto Andaluz de Salud. Establecía hasta el 5 de marzo para presentar alegaciones.
El pasado martes, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley.
Sorprende en el nuevo texto el cambio de nombre de la futura agencia administrativa que en lugar de llamarse Instituto Andaluz de la Salud pasa a ser Instituto de Salud de Andalucía.
El texto aprobado por la Junta no garantiza la continuidad de la plantilla de la actual Escuela cuando pase a depender del futuro Instituto, ni explicita el procedimiento de incorporación de las trabajadoras y trabajadores, como personal laboral del ISA. Además, planea sobre la plantilla el riesgo de la movilidad
El texto aprobado por la Junta no garantiza la continuidad de la plantilla de la actual Escuela cuando pase a depender del futuro Instituto, ni explicita el procedimiento de incorporación de las trabajadoras y trabajadores, como personal laboral del ISA. Además, planea sobre la plantilla el riesgo de la movilidad.
Así lo establece el artículo 26 que señala: “Será de aplicación al personal investigador del Instituto -misión encomendada inicialmente a la Escuela- la regulación de la movilidad del personal establecida en la Ley 14/2011, de 1 de junio”.
Además, de forma paradójica no queda establecido que haya personal de salud pública en el nuevo Instituto.
En cuanto a la permanencia en Granada de la Escuela, una vez disuelta por integración del Instituto, el texto normativo se refiere a un “centro” del Instituto en Granada con sede en la actual EASP,-no una sede institucional en Granada, como reclamaba el comité de empresa-, por cuanto que la sede del nuevo organismo estará en Sevilla.
El comité de empresa insiste en apuntalar en el texto “otra sede institucional del ISA en Granada” y aporta como ejemplo de que es posible, la Agencia Digital de Andalucía, que tendrá dos sedes institucionales en las ciudades de Málaga y Sevilla.
Este centro en Granada, sí recoge el texto legislativo, estará dedicado a “a la generación de procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y la creación de espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública y el buen gobierno de los sistemas de salud”.
El secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, Isaac Túnez. y la directora de la EASP, Blanca Fernández-Capel. EASP
La descripción oficial de la Junta de Andalucía del anteproyecto de Ley, otorga a la Escuela, “la formación de la Consejería de Salud y Familias, incluida toda la referente también al Servicio Andaluz de Salud, más la investigación que actualmente se desarrolla en la EASP”, que, asegura, “permanecerá íntegramente en su sede de Granada”.
Hay otro aspecto inquietante que tampoco recoge el anteproyecto de Ley, como es la protección de los 70 convenios nacionales e internacionales que la Escuela ha firmado, entre ellos, el más relevante, el que le vincula con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
En vilo, la designación de la OMS como Centro Colaborador
Hay otro aspecto inquietante que tampoco recoge el anteproyecto de Ley, como es la protección de los 70 convenios nacionales e internacionales que la Escuela ha firmado, entre ellos, el más relevante, el que le vincula con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS designó a la EASP como Centro Colaborador en 2013, y volvió a reasignarla en 2017. Es una vinculación de máxima relevancia, puesto que es otorgada por la OMS solo a determinadas instituciones, aquellas con un reconocido prestigio internacional, capaces de apoyar a la Organización Mundial de la Salud en sus estrategias nucleares y que tras la solicitud de ser reconocidos como centro colaborador cumplen un exigente proceso de acreditación como tales.
Las reasignaciones como Centro Colaborador se realizan cada cuatro años. En este año acaba la segunda reasignación (2017-2021), por lo que en este momento la EASP debe solicitar la nueva reasignación que deberá ser valorada, evaluada y autorizada por organismo mundial antes de noviembre de 2021.
Pero la reasignación y mantenimiento del Centro Colaborador se realiza a una institución concreta y determinada, en este caso la Escuela Andaluza de Salud Pública. En el momento en que la institución deje de existir, se extinga, disuelva o integre, el centro colaborador desaparece.
La Junta de Andalucía podrá solicitar la asignación del futuro IAS como centro colaborador de la OMS, pero para ello deberá realizar el proceso como nuevo centro, proceso que si siempre ha sido largo, riguroso y burocrático ahora lo es mucho más por la abundancia de solicitudes y el mayor rigor aún del proceso al haber replanteado la OMS el papel de los centros colaboradores para exigirles más responsabilidades.
En ningún caso la OMS autorizaría una "transferencia" del centro colaborador de una institución a otra como bien aclaró el Director de Integrated Health Services (Division of UHC and Life Course) de la OMS al presidente de la Junta de Andalucía, el pasado 3 de febrero de 2020.
Andalucía no dispone en este momento de más centros colaboradores que el de la EASP.
En definitiva, el Centro Colaborador no depende de convenio alguno ni de la intención de "protegerlo". Depende, simplemente, de la existencia de la institución EASP. Si esta desaparece desaparece el Centro Colaborador.
Represalias por defender a la Escuela
En la recta final de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la directora, Blanca Fernández Capel, emprendió una dura represión interna que puso en la diana a tres prestigiosos profesores, con larga trayectoria reconocida. Los tres, por defender a la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Dos de ellos, Emilio Sánchez-Cantalejo y José Ignacio Oleaga Usategui fueron despedidos, mientras que Joan Carles March, fue destituido como director del máster de gestión sanitaria. Y todos de una forma que ni los docentes ni la institución merecían.
Curiosamente, los tres fueron víctimas de represalias tras participar en una mesa redonda organizada por el Ateneo de Granada, celebrada el pasado 23 de febrero, con el título “¿Por qué y para qué una Escuela de Salud Pública?”, en pleno debate sobre la supresión del organismo. El Ateneo de Granada es una institución que organiza todo tipo de mesas redondas para abordar asuntos de actualidad.
José Ignacio Oleaga Usategui participó en la mesa redonda online, -junto a una catedrática de la Universidad de Granada y la exministra de Salud de El Salvador-, que presentó Emilio Sánchez- Cantalejo y moderó Joan Carles March.
El debate aportó reflexiones relevantes a la altura de los participantes.
La Escuela se quedó sin dos excelentes y reconocidos profesores, lo que generó la protesta y el desconcierto de alumnado y docentes.
En el caso de Joan Carles March, exdirector de la Escuela, médico y epidemiólogo con gran prestigio internacional en Salud Pública, uno de los analistas a los que los medios nacionales recurren con frecuencia dado su nivel para abordar la pandemia del coronavirus, se enfrenta, además, a un expediente sancionador con acusaciones peregrinas.
Ni la Escuela ni la Salud Pública andaluza puede prescindir de un profesor de su talla profesional y humana.
