La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado en su memoria anual de que las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana suelen buscar la colaboración de miembros de las estructuras policiales, lo cual dificulta más si cabe la investigación policial.

 

En general lo que las organizaciones criminales requieren de los agentes no es una actuación directa en el delito de narcotráfico, sino una actuación indirecta de apoyo para favorecerlo o para proteger la actividad de la organización.

 

Así lo ha puesto de manifiesto la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en la memoria anual de su departamento correspondiente a 2017, en la que dedica un apartado a la problemática de los cultivos de marihuana en el ámbito de la provincia de Granada, donde las intervenciones de plantaciones aumentan "exponencialmente cada año".

 

En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, se precisa que en el periodo 2016-2017 han sido aprehendidas en esta provincia 84.141 plantas, con un peso de 20.430 kilos y 9.846 kilos de cogollos de marihuana. Se han detectado 523 enganches ilegales en plantaciones indoor, ello, contabilizando datos de la demarcación únicamente de Guardia Civil.

 

Para la Fiscalía Superior, estos datos confirman "la capacidad de producción que en los últimos años ha tenido esta provincia", así como para establecerse "en la primera posición a nivel nacional como la provincia donde más marihuana se produce".

 

La fiscal expone que los factores que influyen en el repunte del cultivo de marihuana van ligados a factores geográficos, de idoneidad del clima para el cultivo y ambientales, tratándose además de una "actividad con escaso reproche social" y con la que se obtiene un "importante beneficio".

 

Matiza que, en su origen, el cultivo de marihuana en la provincia se realizaba para el autoconsumo o su tráfico al "por menor", pero la proliferación de comercios dedicados de forma exclusiva a facilitar procedimientos, técnicas e instrumentos, los llamados, Grow Shop, ha influido decididamente en el aumento exponencial de estas plantaciones.

 

Ha recordado que esta actividad está directamente relacionada con los delitos de defraudación de fluido eléctrico que genera el cultivo "indoor" de marihuana, provocado altercados relacionados con las caídas de la red eléctrica por los enganches ilegales, existiendo zonas urbanas, donde los cortes eléctricos se han convertido en importantes problemas de seguridad ciudadana, con incendios y sobrecargas en la red eléctrica.

 

La Fiscalía Superior de Andalucía expone que la importante producción de marihuana ha sido aprovechada por organizaciones criminales que, a la vista de la fuerte demanda de este tipo de droga, por parte de los distintos países de Europa, han encontrado una fuente de abastecimiento, que partiendo de pequeños cultivadores, mantienen el mercado abastecido de forma ininterrumpida.

 

Así, las organizaciones criminales, con contactos en los distintos países con demanda de marihuana, adquieren en la provincia de Granada entre los productores o plantaciones propias, pequeñas cantidades de marihuana, que una vez envasada al vacío, es ocultada, transportada y enviada a los países de destino.

 

Además de la compra directa a productores, las organizaciones criminales ofrecen a potenciales productores todos los elementos necesarios, tanto materiales como técnicos, para fomentar el cultivo de marihuana, y finalmente asegurando la compra de la producción. Junto a ello, las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana suelen buscar la colaboración de miembros de las estructuras policiales, lo cual dificulta más si cabe la investigación policial.

 

La fiscal superior cree que el lucro que ya se está obteniendo puede provocar un efecto llamada a otras organizaciones que pretendan participar en este "lucrativo negocio", provocando otra actividad especialmente violenta derivada de enfrentamientos entre grupos rivales así como actuaciones tendentes a obtener el "blanqueo" de las ganancias.

 

Ana Tárrago recuerda en la memoria anual de su departamento que esta situación ha trascendido a la opinión pública de tal manera que ha provocado movilizaciones en algunas localidades que especialmente sufre tal criminalidad y sus derivados, así como una especial sensibilidad a que ha dado lugar los frecuentes "cortes de luz" que ha afectado a importantes sectores de la población.