Según ha señalado Ecologistas en Acción en una nota de prensa, la administración andaluza acepta que "la construcción de estas instalaciones son de utilidad pública, requisito exigido por la LOUA para poder desarrollarlas en terrenos no urbanizables".
Ha agregado esta organización que "el único argumento que da la empresa para justificar el interés social de su proyecto es la creación de puestos de trabajo" y "lo bien que le viene" ubicarlo allí pues así tendrá "una productividad de hasta un 20 por ciento superior a otros lugares".
Hace referencia también a que existen sentencias judiciales de los tribunales Supremo y Superior de Justicia de Andalucía, en que "se rechaza que se pueda considerar una actuación de interés público por la sola creación de puestos de trabajo".
Además, Ecologistas en Acción ha señalado que la Consejería de Medio Ambiente "no ha tenido en cuenta el daño que el funcionamiento de estas explotaciones supondría para las poblaciones de aves esteparias, todas ellas protegidas por la ley y algunas en serio peligro de desaparecer".
"El hecho de verter anualmente más de medio millón de metros cúbicos de purines sobre zonas consideradas Áreas de Importancia para las Aves (IBA) o Zonas de Importancia para las Aves Esteparias (ZIAE), según la propia Junta de Andalucía, la administración lo zanja aprobando, como medida de protección, la construcción de tres bebederos para esta aves", han criticado desde la organización ecologista.
"El desprecio de la autoridad ambiental andaluza hacia estas aves protegidas por la legislación europea y nacional debe ser sancionada por la justicia", han agregado.
Junto al plan especial también se aprueba el estudio ambiental estratégico, que, según Ecologistas en Acción, "es una mezcla de despropósitos y de mentiras entremezcladas, ante las que la Junta de Andalucía ha preferido mirar para otro lado a pesar de las alegaciones que se presentaron en su momento".
Por otro lado, el tema del consumo de agua "es muy grave" para el colectivo ecologista. "Hay una falta de previsión respecto a los consumos de agua, pues si se considera que se va a detraer del acuífero 171.000 m³ anuales de agua de buena calidad (se saca de otra captación una cantidad similar, pero no la consideramos por la alta salinidad del agua) estamos hablando del agua que consumiría una población de casi 2.500 habitantes", explica.
"Teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona semiárida, donde hay varias pequeñas poblaciones que se abastecen del acuífero, como Bugéjar, que ha visto descender alarmantemente el caudal de su fuente por las excesivas extracciones de agua del acuífero y Topares, que además ya sabe lo que es no poder consumir su agua potable por exceso de nitratos- y más habría tras las aportaciones que supondrían los vertidos de purines de las granjas proyectadas- el impacto futuro sobre el abastecimiento de agua potable a las poblaciones podría ser determinante", estima Ecologistas en Acción.
En este estudio ambiental estratégico "se miente de forma descarada al dar los datos de la superficie de suelo agrícola del que dispone la empresa para tirar los purines de acuerdo a la normativa vigente. Habla en su documento de alrededor de 900 hectáreas (en varios
apartados dan cifras distintas), nuestros cálculos son poco más de 600 hectáreas y la Junta les admite (no dicen de donde sacan el dato) 712 hectáreas", un terreno insuficiente para Ecologistas en Acción, "ya que la producción de nitrógeno que se va a aportar al terreno (según datos oficiales) es de 210.435 kg, por lo que sería necesario disponer de 1.000 hectáreas para verter los purines y no las 712 que admite la Junta.
Por todo ello, Ecologistas en Acción espera que, mediante el contencioso administrativo que presenta, "la justicia frene la construcción de esta macrogranja, que no es sino un ejemplo más de la expansión desorbitada de explotaciones porcinas en la provincia de Granada", en municipios como Castilléjar.
