Vamos Granada, que ejerce la acusación popular en la causa sobre la supuesta cesión irregular de la Casa Ágreda, ha solicitado al Juzgado la suspensión de las declaraciones de investigados y testigos previstas a principios de abril hasta que se le notifiquen una serie de resoluciones que ya obran en las actuaciones.

También el empresario Ramón Arenas se ha dirigido al Juzgado solicitando en su caso la nulidad de la resolución en la que acuerda nuevas diligencias, al considerar que no habiéndole notificado la desestimación de la recusación del juez que planteó en su día como acusación, se ha vulnerado su derecho a una tutela efectiva. 

En el caso de Vamos Granada, en un reciente escrito remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Granada del que informa Europa Press, la formación expone que no se le ha puesto en conocimiento de ninguna de las resoluciones vinculadas a la recusación promovida contra el magistrado que lleva esta causa, y que fue desestimada por la Audiencia Provincial, y pide que se le trasladen.

Hasta que este incidente no se resuelva "con todas las garantías previstas en la ley", la formación solicita que las declaraciones se suspendan, por entender que lo contrario podría dar lugar a la nulidad de cualquier diligencia que se acordara por el juzgado.

La representación legal del empresario Ramón Arenas considera que "para el respeto a los derechos a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, exige resolver de forma expresa y notificar a esta parte la resolución de tal incidente de recusación y luego o no procederá el instructor a acordar o no la práctica de las diligencias que ha ordenado la Sala Provincial, pues lo contrario será vulnerar el derecho de defensa de esta parte y a un proceso con todas las garantías, ocasionándole efectiva indefensión".

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independinete de Granada, se refiere por otra parte a las diligencias ordenadas por el juez. De un lado recuerda que no se hace alusión a si la toma de declaraciones va a quedar grabada en soporte audiovisual o documentada por escrito, para evitar que ocurra en otras declaraciones previas en la causa, cuando no se grabaron porque las salas estaban "ocupadas" o "averiados" los sistemas para la transcripción escrita.

Por otra parte, también incide en la necesidad de que los informes periciales ordenados por la Audiencia al reabrir la causa, se realicen "sin limitaciones", proponiendo que participen especialistas de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias, pues el valor patrimonial del inmueble no se incluyó en las tres tasaciones anteriores, a pesar -recuerda Arenas- de que "el propio Centro Unesco de Andalucía ya informó en el año 2008 de que no solo debía mantener el uso de equipamiento público, sino que se trataba de "un excelente edificio con partes importantes datadas en el siglo XVI, que tiene una de las fachadas clasicistas más notables d ela ciudad de Granada y techos cubiertos por alfarjes y armaduras con decoración de lazo, de gran valor histórico y/o artístico".

Fecha de las nuevas declaraciones, modificadas

En los últimos días el juzgado ha accedido a la petición de una de las defensas de modificar, por coincidirle con otros juicios, algunas de las fechas de las declaraciones, que se acaban de fijar para el 9, 11 y 12 de abril. En cada una de las jornadas declara un testigo y un investigado.

Estas declaraciones atienden a lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Granada, que reabrió el caso el pasado verano para que se practicasen las diligencias que quedaron pendientes cuando se archivó, entre ellas una pericial, la toma de declaración de algunos testigos y de varios técnicos municipales en calidad de investigados.

Así, en un auto fechado el 21 de marzo, el juzgado fija para las 10,30 horas del 11 de abril la declaración como investigada de la viceinterventora del Ayuntamiento de Granada, identificada como F.S.S. Media hora antes está citado como testigo el exconcejal de Patrimonio Eduardo Caracuel.

En su resolución del pasado verano, la Audiencia consideraba necesario aclarar si se produjo un cambio de competencias para tramitar el expediente de la Casa Ágreda desde el área de Urbanismo en vez de hacerlo desde Patrimonio y si se pretendió "apartar" a Eduardo Caracuel, "que no era partidario de la opción elegida" para la cesión del inmueble.

El 12 de abril tendrá lugar la declaración como investigado del que fuera director técnico de Obras, C.A.C. y de un testigo; y para el día 9 se mantienen la citación de una secretaria técnica de Urbanismo como testigo y del que fuera jefe de servicios de Obras Públicas como investigado, G. N.

La causa se abrió en virtud de la denuncia presentada por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Están investigadas un total de ocho personas, entre ellos el que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.

La Audiencia abría la puerta en su auto a que, a la vista del resultado de estas declaraciones, el instructor pueda acordar la práctica de otras diligencias que estime "pertinentes", entre ellas, recibir declaración y determinar en qué calidad a los miembros de las Juntas de Gobierno Local en las que se tomaron decisiones relativas a la adjudicación del derecho de superficie de este inmueble del siglo XVI a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo.