La Audiencia de Granada ha rechazado la petición del empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular en la causa, de apartar al titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada de la investigación en torno a la adjudicación de la Casa Ágreda por entender que no hay ni "la menor prueba de parcialidad" en él.

En un auto fechado el 20 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia desestima así el incidente de recusación promovido por Arenas contra el magistrado, que seguirá siendo el instructor de esta causa y el encargado de practicar las diligencias que quedaron pendientes cuando inicialmente se archivó, entre ellas una pericial, la toma de declaración de algunos testigos y de varios investigados.

El magistrado ya señaló en su momento que no encontraba razones para apartarse del proceso y negó "cualquier interés o motivo que pudiera comprometer su imparcialidad y por tanto poner en peligro el derecho a un proceso justo respetuoso con las garantías constituciones y las exigencias procesales", según se expone en el auto.

La Audiencia, que reabrió el caso el pasado junio, rechaza apartar al instructor de la causa "sin la menor prueba de parcialidad y sin la menor razón para dudar de la falta de obligada imparcialidad", la cual, según incide, "no se pierde ni por un aparente o imaginativo o incluso real o exteriorizado trato supuestamente correcto o cordial".

Hace alusión en este sentido a lo indicado "hasta la saciedad" por el Tribunal Constitucional respecto a que "no bastan" que las "dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez surjan en la mente de quien recusa sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas".

Por este caso ya declararon en su día en calidad de investigados el que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP), entre otros.

La causa se abrió en virtud de la denuncia presentada por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sin embargo el juez instructor archivó en un principio las diligencias al entender que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que la operación "no había quebrado el interés legítimo de los ciudadanos".