Los desalojos por no pagar el alquiler alcanzaron el año pasado su cifra más alta desde que el Consejo General del Poder Judicial publica datos. Mientras los desahucios hipotecarios llevan dos años registrando un leve descenso, los de impago de alquileres siguen creciendo.

En 2017 los juzgados dictaron 577 lanzamientos en la provincia en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahí se incluyen tanto los desalojos de inquilinos de primera o segunda vivienda, como los alquileres de oficinas o de cualquier otro inmueble. Son ocho lanzamientos más que en 2016 (un 2,1% de aumento), y la cifra se va acercando a la de los desahucios por impago de hipoteca, que ascendieron a 690, con un descenso de 28 respecto al año anterior (-3,9%).

En total se produjeron 1.339 lanzamientos judiciales en la provincia de Granada. Aunque el número es ligeramente inferior al de 2016 (bajan un 1,4%), están en niveles más altos que en 2013 y 2014, cuando la crisis pegaba aún con fuerza. En 2017, pese al crecimiento económico y la creación de empleo de la que presume el Gobierno, la cifra de desahucios apenas desciende, lo que indica que los efectos de la crisis todavía continúan haciéndose sentir en muchas familias, propietarias o inquilinas de inmuebles que no pueden pagar.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 

Como se ve en la tabla, los desahucios por ejecuciones hipotecarias llegaron a su tope de en 2015 en los dos últimos años han registrado ligeros descensos. Pero los lanzamientos por impago de alquileres llevan dos años creciendo y en 2017 alcanzaron su cifra más alta. 

El número de lanzamientos practicados el año pasado en Andalucía fue de 10.437, lo que supone un aumento del 4,4 por ciento respecto a los 9.998 de 2016, lo que evidencia que las dificultades económicas siguen ahí para muchas familias o empresas. A nivel nacional se dictaron 60.754 desahucios, un 3,6% menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, precisa el Consejo General del Poder Judicial.