La declaración como detenida por la adjudicación hace 8 años de los audioguías enfrenta al PSOE con el Gobierno
El golpe policial a la Alhambra abre la puerta a Villafranca si un juez le imputa
La directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, uno de los objetivos nada disimulados del PP, vivió ayer un día aciago, mitigado por las muestras de apoyo. Tras declarar en calidad de detenida ante policías de la Unidad de Delitos Económicos, junto a los otros tres responsable de la gestión administrativa del organismo, quedó en libertad con cargos por la investigación sobre la adjudicación del servicio de audioguías de hace ocho años. Villafranca defendió la “absoluta transparencia” de aquella concesión y convencida de su honestidad se comprometió a dimitir si un juez le imputa. Pero aseguró que sintió “conculcados” sus derechos. Respaldada por el PSOE, el partido del que es militante criticó con dureza el procedimiento policial y acusó de “abuso de poder” al Gobierno, que lo negó y lo justificó para evitar la "pena del telediario".
Miguel Rodríguez
Villafranca lee mensajes de apoyo tras declarar.
Junto a Villafranca, también declararon la secretaría general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe del Departamento de Comercialización e Ingresos, José Visedo, y el interventor del organismo. También, el empresario del servicio de audioguías investigado que, como la directora de la Alhambra, quedaron en libertad con cargos, según confirmaron fuentes policiales, en relación con la supuesta malversación de caudales públicos en un caso en el que se cree que pudo existir un fraude de unos 5,5 millones de euros. Mañana declarará otro empresario vinculado al caso.
Villafranca conversa con los periodistas. Miguel Rodríguez
La directora de la Alhambra, como el resto de responsables de la gestión administrativa del monumento, fueron llamados por telefóno para que acudieran hoy a la Jefatura Superior de Policía Nacional, pero a ninguno de ellos se les comunicó que prestarían declaración como detenidos por el caso, según conoció este medio.
Tras prestar declaración, con asistencia de un letrado de la Junta de Andalucía, Villafranca convocó a los medios en el Palacio de Carlos V para dar una breve explicación de los hechos. Sin aceptar peguntas, y con emoción reflejada en su rostro, defendió la “absoluta limpieza, transparencia y sentido de la responsabilidad” en esta concesión, como con todas.
Admitió que como en cualquier contrato o concesión de un organismo público, en esta adjudicación podría “haber incidencias, pero nunca de carácter penal. Y eso en el curso de la investigación se demostrará, puesto que estamos en un Estado de Derecho”. Y subrayó que el contrato investigado, como todos los demás, cuentan con informes favorables de letrado y de la Intervención.
Y sobre su marcha, tras 11 años al frente de la dirección del Patronato fue tajante: “En el caso de que esta investigación fuera juzgada y yo fuera imputada por un juez pondré mi cargo a disposición, como no puede ser de otra manera y lo digo desde ya”.
Villafranca: “Nos hemos sentidos conculcados en nuestros derechos constitucionales”
“Cuando junto a otras personas del Patronato responsable de la gestión administrativa nos hemos presentado en la sede de la Policía, sin saber a lo que íbamos, se nos ha comunicado que estamos detenidos"
“Considero que no ha sido una actuación correcta por parte de esta unidad de Policía. Que nos hemos sentido, y en esto hablo en primera persona, conculcados en nuestros derechos constitucionales. Y que por lo tanto lo primero que tiene cualquier ciudadano es saber si va a un lugar, saber a lo que va”
“Ni ha habido auto de la Fiscalía ni esto está siendo todavía juzgado por ningún juez”
“El Patronato ha actuado, como siempre hace en todos sus trabajos, con absoluta limpieza, transparencia y sentido de la responsabilidad”
“Este contrato como tantísimos otros puede tener incidencias, pero nunca de carácter penal. Y el curso de la investigación se demostrará, puesto que estamos en un Estado de Derecho en todos los procesos, pues también nos defenderemos y trataremos de defendernos en la actuación del Patronato”
“Sí tengo que decir que en el caso de que esta investigación fuera juzgada y yo fuera imputada por un juez pondría mi cargo a disposición como no puede ser de otra manera y lo digo desde ya”
“Porque por delante de todo está mi inocencia, mi presunción de inocencia, mi trabajo de más de 11 años en el Patronato y nadie me va a tener que presionar para decir nada. Desde ya sepan ustedes que el cargo de directora del Patronato de la Alhambra, que tiene un proceso de nombramiento y de cese a través del pleno, está a disposición de mis superiores en el momento que eso se produzca"
PSOE se enfrenta al Gobierno por “abuso de poder”
Desde el PSOE de Granada, la vicesecretaria de Organización, consideró que el procedimiento empleado fue "desmedido" y responde a "prácticas propias de un estado policial". "Se está sustituyendo a la Justicia por el Ministerio del Interior, como en la época de la Brigada Político-Social", denunció Ramón, quien en nombre del partido defendió la "buena gestión" del Patronato y la trayectoria de Villafranca.
La dirigente socialista expresó además la confianza de su formación en la "buena gestión" del Patronato de la Alhambra, "avalada por su buen hacer y por los técnicos", por lo que dijo que esperaba que los hechos que se investigan, "se esclarezcan cuanto antes para disipar todas las dudas".
El subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, respondió negando que se hubieran "conculcado" los derechos fundamentales de la directora del Patronato de la Alhambra y consideró, sin embargo, que si la Policía había actuado de esa forma fue, posiblemente, para ofrecerle "garantías" y evitarle la llamada "pena de telediario", para intentar impedir "fotos" que pudieran vulnerar su presunción de inocencia.
El PP, que ha convocado una rueda de prensa para mañana en la que comparecerá su vicesecretaria general, Marifrán Carazo, pidió a la Junta de Andalucía, a través del portavoz del gobierno municipal, Juan García Montero (PP), que "aproveche" el momento actual en el que se están llevando a cabo los nuevos nombramientos "para cesar a Villafranca". "Pedir su dimisión de nuevo es algo demasiado evidente", ha asegurado el responsable municipal de Cultura en declaraciones a Europa Press y ha advertido de que es algo "que ya cae por su propio peso". Por ello, ha instado a la nueva consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que descarte seguir contando con la directora del monumento nazarí en la conformación de su nuevo equipo.
María del Mar Villafranca, como el resto de cargos dependientes de la Junta de Andalucía, se encuentra en situación de interinidad tras las elecciones autonómicas. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, de la que depende el organismo gestor de la Alhambra, aún no ha procedido al nombramiento o ratificación de los cargos que dependen de su departamento, incluida la dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife que, en todo caso, debe ser aprobado en el seno del Plano del Patronato, cuya próxima reunión está prevista para el próximo día 3 de julio.
Concentración en apoyo a Villafranca
Los asistentes a la concentración de apoyo a la directora de la Alhambra. Miguel Rodríguez
A los pies de la Alhambra, una veintena de personas, muchas relacionadas con el mundo de la cultura, se han concentrado en apoyo a María del Mar Villafranca. En un manifiesto han cuestionado el proceder de la Policía y han comparado su situación con la de Torres Balbás, que padeció "un proceso de depuración" en 1936. "Aquellos tiempos por fortuna no son estos", han proclamado para defender el buen hacer de Villafranca.
La gestión de María del Mar Villafranca al frente del Patronato ha estado caracterizada por la "transparencia, honorabilidad, legalidad y buen hacer". Así lo han proclamado esta tarde, a los pies de la Alhambra, una veintena de personas relacionadas con distintos ámbitos de la sociedad granadina para mostrarle públicamente su apoyo.
Entre otros, se han sumado a la plataforma y a la lectura del manifiesto el escritor José Carlos Rosales y los arquitectos Pedro Salmerón, Ángel Gijón o Juan Domingo Santos.
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La investigación de la Fiscalía
La declaraciones de hoy responden a la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía de Granada, tras recibir la denuncia de la Agencia Tributaria, que había investigado a la empresa adjudicataria de ese servicio por supuesta apropiación indebida de parte de la recaudación y un posible delito contable. La Fiscalía ordenó en mayo pasado la práctica de diligencias, entre ellas la toma de declaraciones, y el resultado de estas pesquisas determinará si se formula denuncia o se archivan las investigaciones.
La corrección del contrato, tres años después de su adjudicación, para rebajar el porcentaje que la empresa adjudicataria tenía que pagar en concepto de canon variable, del 47 al 15%, es el dato que hizo sospechar a la Agencia Tributaria. En las pesquisas preliminares que derivaron en la investigación de la Fiscalía se apunta también a que, pese a la deuda que llegó a mantener la empresa por esa contribución, se renovó el contrato. Y es ahí donde las informaciones señalan un supuesto delito de tráfico de influencias.
“Error material”
La Alhambra aseguró aquel 21 de mayo pasado, cuando se conoció la información, que ese cambio en el porcentaje se efectuó conforme a lo establecido en la ley porque se cometió un “error material” y, en lugar del 47% que proponía la empresa en la oferta con la que se adjudicó el concurso, se transcribió en el contrato el 15% que figura en los pliegos administrativos para la licitación. Cuando se advirtió –lo hizo la empresa al recibir las facturas de la Alhambra-, se “solucionó a través de procedimientos legales”. El Patronato, que hizo pública parte de la documentación del expediente, asegura que prueba de que se aplicó el 47% son los 77.000 euros que se ingresaban a través de las liquidaciones anuales.
Respecto a la renovación del contrato y a la deuda que mantenía la adjudicataria, recordó que el Pleno del Patronato, en el que están sentados el Ayuntamiento, la Universidad, el Ministerio de Cultura y la Junta, aprobó la prórroga y el plan de pagos propuesto por la empresa para hacer frente a los atrasos en el abono del canon. La deuda fue liquidada conforme a dicho plan de pagos, según consta en la documentación contable de la Intervención General, aseguró el Patronato, que aportó las actas de una reunión en la que la secretaria general da cuenta del plan de pagos después de que la edil Isabel Nieto preguntara por las cantidades pendientes de cobro e informa de que, si no se hace efectivo el pago, se iniciaría un procedimiento de apremio.
La empresa GTP –que pasó a denominarse posteriormente Stendal-, resultó elegida tras un concurso público “transparente”, cuya mesa de contratación estuvo formada por funcionarios, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta, y en la que “no formó” la directora general. El órgano de contratación fue el que adjudicó el contrato, posteriormente, y según el veredicto de la mesa, a la empresa GTP por tratarse de “la mejor oferta”.
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