El caso que destapó el urbanismo del PP, en la recta decisiva
A punto de cumplirse un año de la Operación Nazarí, que sacó a la luz la investigación de una supuesta trama urbanística en Granada, el exalcalde José Torres Hurtado volverá a sentarse ante la jueza María Ángeles Jiménez. Lo hará para dar explicaciones por el Serrallo, el caso que comenzó a tirar del hilo de la madeja que tejió la gestión del PP en el área de Urbanismo y que entra en una fase decisiva.
Con los informes de la UDEF sobre la trama, el caso Serrallo ha ahondado en las relaciones entre constructores y miembros del gobierno local y altos funcionarios. Citados de nuevo a declarar, esta vez por un presunto delito de cohecho y planeando ya, como apuntaron la fiscal y una de las acusaciones, posible tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y asociación ilícita, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada han comparecido esta semana Manuel Lorente, que fue uno de los hombres fuertes de Urbanismo, y el constructor Roberto García Arrabal.
En sus declaraciones han reconocido que un hijo de Lorente, Javier, trabajó para García Arrabal; que la hermana de Javier le avaló para que este se convirtiera en socio de uno de los negocios, el del pádel; que un hijo de Telesfora Ruiz también tuvo vinculación laboral con las empresas del constructor; y que como este ha declarado, entre los 700 empleados que llegó a tener contratados en su corporación de empresas, hubo también un hijo de otro funcionario de Urbanismo, por el que se quejaba de que no le preguntaran, así como familiares de "algún juez y fiscal".
La jueza a García Arrabal: 'Usted no está aquí para preguntar sino para contestar'
Pero tanto el constructor como Lorente negaron que esas relaciones laborales tuvieran como contraprestación "un trato de favor" a los negocios de García Arrabal. "Jamás", "nunca", fueron las respuestas a las preguntas directas formuladas por jueza y fiscal en unos interrogatorios tensos en el que incluso la jueza llamó la atención al constructor por contestar a la fiscal Sara Muñoz Cobo, en tono agrio y con preguntas. "Usted no está aquí para preguntar sino para contestar", le recordó la magistrada.
El constructor declaró que contrató al hijo de Lorente para el departamento de Nuevos Desarrollos, entre otras razones, porque dominaba el inglés y su ocupación iba a estar destinada con negocios en Miami que finalmente no cuajaron. Fue derivado a otros departamentos en los que trabajó como "controller" de cuentas.
Según García Arrabal, no participó "directamente" en la negociación del contrato. "Como no iba a cometer ningún delito no vi problema en contratarlo", respondió el constructor que aseguró que "nunca" se puso en contacto con Manuel Lorente para esa contratación.
El constructor enfatizó que tuvo 700 empleados en sus empresas y que, además del hijo de Lorente, había familiares deotras personas vinculadas al Ayuntamiento, e incluso "alguno de juez y fiscal". "El hijo del señor Comino", insistió varias veces, pero por ese no le preguntaban, se quejó. También admitió la contratación de un familiar de Telesfora Ruiz, pero cuando se le contrató la concejala estaba al frente de Movilidad. Un área que, según el constructor, "nos perjudicó ostensiblemente".
García Arrabal, que respondió a las preguntas de la jueza, la fiscal y su abogado y no así de la acusación, enfatizó también, para tratar de contrarrestar 'el trato de favor' que se investiga a sus empresas, que llegó a tener "una guerra abierta" con el Ayuntamiento que quedó a punto de la querella. Y que acumuló más de 20 expedientes sancionadores y hasta una sanción de 240.000 euros.
El contrato del hijo del señor Lorente fue fruto de un concierto con este "a cambio de un trato privilegiado", fue una de las preguntas directas a las que tuvo que responder. "Jamás", dijo. "Mi familia es honesta y trabajadora y ha sido maltratada por el Ayuntamiento, antes y después".
Zona de ocio del Serrallo. granadaimedia
- En el caso Serrallo se investigan supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. En el transcurso de la investigación se ha añadido el de cohecho, por el que han comparecido como se ha señalado tanto García Arrabal como Lorente, y aún habrá que determinar si se añaden los otros delitos mencionados (asociación ilícita, negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias).
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Fue la Fiscalía la que, en 2014, denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo. El Ministerio Público abrió la investigación que derivó en la denuncia después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres, según información de Europa Press. La operación investigada se desarrolló en 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello".
"Yo sé que trabajó en Be Suites, pero no sé en qué", explicó en su declaración Manuel Lorente, que llamó la atención sobre un error que ha cometido según él la UDEF, al confundir en la red Linkedin el currículum de otra persona con el de su hijo, cuya formación detalló, haciendo hincapié en que ha vivido varios años en países de lengua inglesa, lo que fue determinante para su contratación.
¿Ha tenido que ver con la contratación de su hijo los informes que usted emitió sobre los negocios del señor García Arrabal?, fue una de las preguntas que tuvo que contestar. "En absoluto", respondió Lorente que insistió en varias ocasiones que no había elaborado ningún informe favorable, al menos que recordara, y que negó haber hecho "nada que pudiera favorecerle" o "que no sea mi obligación como funcionario". Pero esquivó una pregunta clave: "¿No debía haberse abstenido?".
Sobre la contratación de su hijo también apuntó en un momento de su declaración que "adivino no era" y que por tanto "jamás" podría haber conocido que iba a trabajar para el constructor.
Lorente respondió a la jueza, al fiscal y a su abogado, no así a la acusación, que entre las preguntas que leyó en la sala incluyó una interesándose por si elaboró un informe manuscrito, por orden de la concejala Isabel Nieto, para remitirlo al Juzgado justificando el cumplimiento 'en demasía' de las obras de urbanización. Y también si era habitual que elaborara informes sobre cuestiones que no eran de su competencia.
A las declaraciones de García Arrabal y Lorente se sumará este lunes la de Torres Hurtado. Ha sido citado a declarar como investigado a raíz de los informes policiales -en el marco del caso Nazarí- que han constatado que "tenía pleno conocimiento y participaba activamente" de las decisiones urbanísticas.
Para ser citado a declarar, a lo que hasta ahora se había negado la jueza con el aval de la Audiencia Provincial, han sido determinantes esos informes y también las declaraciones de dos testigos de la Nazarí: Jacobo de la Rosa, el funcionario clave en el caso, y Luis Gerardo García-Royo, que fue concejal de Urbanismo y número dos del primer gobierno de Torres Hurtado, además de la declaración del propio García Arrabal y los correos electrónicos que intercambió con la concejala.
